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¿Narcoprocuradores?

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que el 2 de octubre de 2008 El Universal debía de haber publicado una investigación del reportero Francisco Gómez, donde revelaba que Miguel Colorado González y Fernando Rivera Hernández, coordinador general técnico y director general adjunto de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, la entonces SIEDO, estaban en la nómina del Cártel del Pacífico. En la víspera se le pidió –quien esto escribe era el director editorial– que buscara la reacción de la PGR antes de publicarse la información. Alertado de lo que venía, el entonces procurador, Eduardo Medina Mora, le habló al presidente y director general de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, para pedirle que detuviera la publicación y le permitiera ver el expediente. Ealy Ortiz accedió.

Durante un mes, pese a las objeciones de la dirección editorial, Medina Mora y la entonces jefa de la SIEDO, Maricela Morales, revisaron meticulosamente el expediente. Morales tomó notas sobre cada página, dato y testimonio, porque Medina Mora había acordado con Ealy Ortiz un periodo de gracia de un mes para, explicó, preparar el caso y presentárselo al presidente Felipe Calderón, que no sabía el grado de infiltración del narcotráfico en la PGR. Al mes, el vocero de Medina Mora, Fernando Castillo, le preguntó a uno de los editores del diario –hoy subdirector–, Carlos Benavides, con qué nombre podrían bautizar el caso. “Operación Limpieza”, respondió.

“Operación Limpieza” fue. La publicación originó una purga en la SIEDO y el cese del director editorial ante las presiones de Medina Mora. El procurador quedó como un campeón contra la corrupción y Morales como una heroína, entregando expedientes de manera subrepticia a la Corte Federal del Distrito Sur de Texas sobre gobernadores tamaulipecos y políticos priistas, que dio también al equipo de transición del presidente electo, Enrique Peña Nieto. Medina Mora se convirtió en embajador en el Reino Unido en la última parte del gobierno de Calderón, después embajador peñista en Washington y en la actualidad, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Morales, que lo relevó en la PGR, fue al consulado en Milán.

La “Operación Limpieza” se convirtió en uno de los capítulos más públicos y menos explorados de los 47 meses de guerra contra el narcotráfico de Calderón, y fue la infiltración más grande en la historia en el corazón de la PGR, justo en las oficinas que combaten a los cárteles de las drogas, con el agravante que se le escondió la profundidad y gravedad de esa infiltración al presidente Calderón para que Medina Mora no quedara atrapado en la vorágine de la corrupción de sus subalternos. Tras publicarse en El Universal detalles del expediente, 25 funcionarios y agentes vinculados a la SIEDO, el pesebre de la protección institucional de los cárteles, fueron detenidos. Todos aquellos que fueron capturados fueron exonerados años después por falta de pruebas, pero ni Medina Mora ni Morales rindieron cuentas por ello.

Los dos fueron protegidos por el gobierno de Peña Nieto, quien esta semana está viviendo días aciagos por acusaciones en la Corte Federal de Brooklyn, donde se juzga a Joaquín El Chapo Guzmán, de haber recibido más de 100 millones de pesos para proteger a Guzmán y a los líderes del Cártel del Pacífico. Aún no se presentan las evidencias en Nueva York, pero este lunes en la Ciudad de México, Gerardo Garay, quien era el zar contra las drogas en aquellos años y cuyo equipo trabajó por años para desmantelar al Cártel del Pacífico, aseguró en una entrevista en Foro TV que durante el gobierno de Calderón se protegió a esa organización criminal.

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Sobre el juicio de El Chapo Guzmán

Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, señala que una de las ventajas del sistema penal acusatorio de Estados Unidos es que los juicios son orales y públicos. Gracias a eso, hemos podido darle seguimiento al proceso que se está llevando a cabo en una Corte Federal de Brooklyn en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, capo di tutti capi del narcotráfico mexicano.

Las revelaciones han sido múltiples. Lo más reportado en México, por razones obvias, han sido los presuntos sobornos que el líder del Cártel de Sinaloa habría otorgado a políticos de nuestro país. Se han mencionado dos presidentes (Calderón y Peña) y al que fue el secretario de Seguridad Pública durante el sexenio calderonista (Genaro García Luna).

Vale la pena aclarar que estas afirmaciones las han hecho la defensa de El Chapo como parte de una estrategia de presentar a su cliente como un segundón de una organización que en realidad encabeza Ismael El Mayo Zambada con fuertes vínculos con políticos mexicanos.

Calderón, Peña y García Luna han negado estas acusaciones. Estoy seguro, sin embargo, que muchos mexicanos le creerán más a la defensa de El Chapo que a los políticos mencionados. Así de deteriorada está la imagen de la clase política en nuestro país.

Por mi parte, yo prefiero ser más cauto y no juzgar nada más por lo que dicen los abogados de un criminal. En todo caso, más allá de los testimonios de testigos protegidos, que la defensa presente la evidencia de que, efectivamente, se hicieron esos multimillonarios pagos a los políticos involucrados.

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Diálogos con López Obrador en “Tercer Grado”/ I

Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, indica que ahora los patos le tiran a los aeropuertos, ¡y los matan! Florestán

El lunes por la noche, en la edición especial de Tercer Grado con el presidente electo López Obrador, de cara a la consulta del fin de semana, le dije que no veía proyectos ejecutivos ni estudios de impacto ambiental en el Tren Maya ni en el Transístmico ni en la Refinería de Dos Bocas, pero que ya estaban en el presupuesto de 2019, lo mismo que el millón de hectáreas maderables y seis de sus programas sociales.

Joaquín López-Dóriga (JLD): ¿No cree que le faltan estos elementos esenciales?

Andres Manuel López Obrador (AMLO). Sí, pero Joaquín, se tienen ya los anteproyectos en todos los casos, se tiene lo fundamental, se tiene el presupuesto considerado. Va a ir el presupuesto del 19 que va a corresponder a los diputados autorizar, pero sí va, van los cuatro, estos y otros más…

JLD. Sí, lo que le decía que ya estaba el anteproyecto.

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Rebelión contra la ley de austeridad de AMLO

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que despacito, pian pianito, ha comenzado una revuelta de servidores públicos para contrarrestar legalmente el recorte a sus percepciones en 2019, con la entrada en vigor de la Ley de Remuneraciones. La estrategia jurídica, nos alertan, corre lo mismo por los órganos autónomos que en el Poder Judicial, donde intercambian información para defender sus derechos. Por lo pronto, nos comentan, habrá que estar atentos a la decisión que tome el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene abiertos tres juicios de funcionarios inconformes. Fueron los magistrados del Tribunal Electoral de Querétaro, Martín Silva, Gabriela Nieto Castillo y Sergio Guerrero, quienes acudieron a impugnar el Tabulador de Remuneraciones del Gobierno del Estado, ajustado a la baja para que ningún funcionario pueda tener ingresos superiores a 108 mil pesos netos a partir de 2019, lo que les implicaría un recorte de 30 mil pesos. Toda una papa caliente, pues…

Moreno Valle gana la coordinación pero…

Nos adelantan que mañana jueves el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, confirmará que el sucesor de Damián Zepeda como coordinador en el Senado será, como ya estaba casi cocinado, el ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle. Nos dicen que don Rafael tendrá que trabajar duro para lograr el apoyo de varios de los senadores de su bancada, que han visto su arribo a la coordinación como parte de un acuerdo que permitió la llegada de Cortés a la presidencia del PAN, cargo al que también aspiraba él, pero le dio paso libre a don Marko. Si Moreno Valle no hace el trabajo de cicatrización en su bancada, una vez más la fracción de Acción Nacional en el Senado podría fracturarse, como viene sucediendo desde hace dos Legislaturas.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que este 20 de noviembre, a 108 años del inicio de la Revolución mexicana, por primera vez no asistieron los líderes de la Cámara de Diputados, del Senado ni de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni algún representante, a la ceremonia en la que por tradición se confieren condecoraciones y ascensos a integrantes de las fuerzas armadas en un acto de Estado.

El presidente Enrique Peña Nieto encabezó el acto en Campo Marte, donde designó divisionarios a generales como José Luis Sánchez León, cuyo nombramiento se había atorado por el caso Tlatlaya, y Jens Pedro Lohmann Iturburu, entre otros. Ahí dio la bienvenida a integrantes del gabinete y “funcionarios”, agregados militares, pero, a diferencia de 2017, no hubo saludos para los mandos de las mesas directivas del Congreso, el jefe de Gobierno capitalino y el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

QUE a juzgar por el cuestionamiento que lanzó Enrique Alfaro en sus redes a Enrique Peña Nieto, en la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara se avecina una crisis similar a la que provocó la ruptura entre Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrard con la Línea 12 del Metro.

Este miércoles el Presidente acudirá a esa ciudad con el gobernador Aristóteles Sandoval a la entrega de la obra, la que el próximo mandatario estatal reprocha porque la empresa constructora dejó un problema con los neoprenos –los que amortiguan vibraciones entre trabes y columnas– y eso obligará a desarmar las vías y la red eléctrica ya instaladas.

QUE el nuevo presidente nacional del PAN, Marko Cortés, decidió palomear a Juan Carlos Romero Hicks para seguir al frente de la bancada albiazul en la Cámara de Diputados, después de un encuentro de más de dos horas a puerta cerrada con el grupo en San Lázaro.

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