Los tiempos judiciales de la impugnación electoral han corrido y casi llegan a su fin; el tiempo de la resolución definitiva está cerca, menos de tres semanas quizá. El tribunal electoral federal aún se allega elementos para resolver y los contendientes que aspiran a gobernar procuran amarrar, con los medios a su alcance, la voluntad jurídica de los integrantes de ese tribunal para lograr la victoria en el conflicto. No sólo difícil, amargo debe ser el trance de acudir ante los magistrados que resolverán la elección para llevar a cabo una actividad que los abogados coloquialmente denominan alegato de oído u oreja. Ese sabor amargo, para la señora Alonso, proviene de factores que escapan a su control empezando porque no va a tratar con los magistrados del TEEP.
Esos factores que se le muestran adversos son: uno, el posible alejamiento del PRI donde algunas voces consideran que <<hay pruebas contundentes de que hay irregularidades, de que se pueda anular la elección>>; que si hubiera nuevas elecciones <<sean los priistas de Puebla los que voten por quien quieren que sea su candidato a gobernador>>, y hacen correr la propuesta de Guillermo Pacheco Pulido para el interinato; dos, verse obligada por las circunstancias a descartar públicamente que su visita al Tribunal Electoral tuviera como objetivo presionar a los magistrados de la Sala Superior, de suyo es bochornoso; tres, ser acompañada en esa visita por dos presidentes –en funciones y electo- del PAN sin que, luego de la entrevista con los magistrados, ninguno haga mención pública del hecho; cuatro, que por contraste, Marko Cortés declare la reposición de la elección en Monterrey “de la más alta prioridad para el PAN”; y, cinco, que Rafael Moreno Valle salga a sostener ante los medios que no está involucrado en el tema de impugnación a la gubernatura.
Vistos en conjunto, parecen ofrecerle un desolador panorama de abandono, de dejarla a merced de su suerte; son hechos que no auguran buen futuro a su condición jurídica de gobernadora electa. Que se hubiere ventilado hace algunas semanas el conflicto de interés en que está colocado el Magistrado José Luis Vargas Valdez por ser cuñado del abogado Peter Bauer, representante legal del morenovallismo en este litigio electoral, explicaría la ausencia de éste en el acto de visita; pero, sobre todo, implica que el magistrado con mayor posibilidad de favorecerle, está impedido por ley para votar en la resolución del conflicto.
Junto con esto, parecen pesar toneladas en el ánimo político grupal las recientes decisiones del Tribunal federal requiriendo, a los integrantes del IEE, la remisión de las constancias que acrediten la integridad de la cadena de custodia de la paquetería electoral, y de las casillas que hubieran sido objeto de algún siniestro. En una jornada electoral como la vivida en Puebla el uno de junio, tan llena de violencia afectando la jornada comicial, pedir constancias de integridad en cadena de custodia e informe de casillas siniestradas para efectos de valorar la libertad y autenticidad de la elección que debió garantizar ese instituto, se convierte en una especie de petición equivalente a la prueba del diablo.
En estas condiciones, la dificultad del alegato de oído radicaría en que quienes lo fueron a practicar para presentar escrita o verbalmente <<los argumentos que forman parte de su defensa>>, tienen el deber lógico y la obligación de la congruencia. Los argumentos deben coincidir, avalar y justificar los hechos expuestos en la documentación remitida, al Tribunal Federal, por los integrantes del IEE; es decir, deben ser congruentes con los argumentos esgrimidos por quienes, precisamente, han sido señalados de ser los responsables de las prácticas electorales irregulares que hicieron surgir el conflicto electoral y mantienen, hasta hoy, en vilo su solución.
La confesión que hizo, por reconocimiento expreso, el IEE ante el Tribunal Federal de que la bodega donde se albergaban los 7500 paquetes electorales, fue abierta 52 ocasiones, en el periodo de dos meses y medio, sin la presencia de representantes de ningún partido político; y en cuyo reporte el IEE habría admitido, supuestamente, que <<no se cuenta con una lista de las personas que ingresaron y se desconocen las funciones que cumplieron dentro>>, es altamente generadora de la presunción de ruptura de la cadena de custodia. Las alteraciones físicas de urnas y paquetes solo la demostrarían.
Con estas circunstancias presentes, tejer un alegato de oído congruente, confiable y creíble resulta extremadamente difícil. Subyace en ello, además, un componente ético que debería ser insalvable: acudir a un tribunal a defender una causa a sabiendas de que ésta se asienta en conductas políticas y fácticas reprobables y reprochables, es absolutamente impropio, a menos que la personalidad posea ya esa deformación moral. ¿Afirmarán categóricamente que la elección del uno de julio fue libre y auténtica por estar ampliamente respaldada en la imparcialidad del organismo encargado de llevarla a cabo; en la ausencia total de violencia durante las votaciones y la inexistencia de factores que pudieran alterar o coaccionar la voluntad de los votantes; y que, exclusivamente sobre tales premisas, su candidatura obtuvo el mayor número de votos? Conociendo el desempeño real y cotidiano del morenovallismo frente a la legalidad, nadie debería sorprenderse de que así, tal cual, pudiesen sostenerlo en su alegato. Sobre la subordinación política de los integrantes del órgano electoral, la violencia criminal desatada antes, durante y después de la jornada electoral, y los vicios materiales y formales del recuento de votos; habrá que esperar a saber qué valor otorga ese tribunal a la prueba de hechos notorios.
Tal vez ahora, puestos sobre la mesa todos los elementos de análisis del conflicto poselectoral, pueda llegar a comprenderse la posibilidad de que hubiese resultado un error el hecho de impedir que el TEEP fuese el que decretara la anulación del proceso. Haber hecho prevalecer la soberbia, avaricia de poder, y falta de cálculo político, asoman como causa generadora del sombrío panorama que se advierte en estos tiempos previos a la decisión final del litigio.
La mejor cara ante estas probables adversidades la está poniendo el consorte jefe quien asegura, no solo no estar involucrado en el tema de la impugnación, sino que sus tareas de senador ocupan todo su tiempo y lo han alejado de la política local; afirma tener “un proyecto nacional” que le dará “más responsabilidades” en el futuro. El humor que hace llorar corre a cargo del TEEP que por fin resuelve que Miguel Barbosa no incurrió en violencia de género al haber llamado a la señora Alonso, “esposa de Moreno Valle”. ¡Bueeeno…!
Heroica Puebla de Zaragoza, a 16 de noviembre de 2018.
José Samuel Porras Rugerio
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