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El juicio a ‘El Chapo’

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán arrancó en la Corte Federal de Brooklyn, de forma estridente. Jeffrey Lichtman, su abogado defensor, reconoció que su cliente sí era narcotraficante –siempre dijo en México que era agricultor– pero de baja ralea, bajo las órdenes de Ismael El Mayo Zambada, quien paga sobornos a dos presidentes mexicanos, a jefes militares y policiales, y a agentes de la DEA, para que no sea capturado, mientras que el fiscal Adam Fels sacó de la nada una revelación extraordinaria: el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en Guadalajara, en 1993, fue cometido por el gobierno de Carlos Salinas. En la presentación de sus argumentos iniciales, quedó claro que en el banquillo de los acusados también están los gobiernos de México.

El escándalo en México está reducido a posiciones políticas, donde el discurso y la retórica a favor y en contra de las viejas imputaciones de vinculación de los cárteles de la droga con los gobiernos mexicanos, se han desgastado. Pero las imputaciones que mostraron las declaraciones de los abogados en Brooklyn, donde se anticipa la presentación de más de 300 mil documentos de evidencias, cientos de grabaciones telefónicas y testigos protegidos, que aportarán los fiscales –simultáneamente al de Brooklyn participan de Miami y del Departamento de Justicia– y la defensa de El Chapo, abrirán una puerta muy grande en la relación del crimen organizado con funcionarios mexicanos a lo largo de los años, y deberá obligar al próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, a investigarlos para determinar si hay sustento o no en las acusaciones.

No es solamente la defensa del narcotraficante sinaloense la que abrirá esa Caja de Pandora en tribunales donde no tiene influencia ni capacidad para obstruir el gobierno federal, sino que los fiscales, en una Corte abierta, ventilarán las miserias institucionales de México. El juicio de Guzmán no es el final de una carrera criminal, sino el principio que por años hemos esperado muchos mexicanos para saber el grado de protección que tuvo del gobierno. En febrero de 2014, días después de la segunda captura de El Chapo, escribí en El País de Madrid:

“El Chapo Guzmán logró evadir a policías y militares en buena parte gracias a las luchas entre los funcionarios durante los gobiernos panistas. En el gobierno de Vicente Fox, en al menos tres ocasiones, agentes federales estuvieron a horas de capturarlo, pero en dos ocasiones las indiscreciones de funcionarios ayudaron a que se escapara, y en otra, la falta de una autorización para que se procediera a detenerlo, le permitió huir. En el de Felipe Calderón, los conflictos intramuros que tenían como su arena pública la prensa, impidieron el objetivo. En una ocasión, cuando se seguía una pista muy segura y se había detenido a quien conocía su bitácora, dentro del mismo gobierno se boicoteó la búsqueda cuando revelaron a la prensa en qué andaban los agentes federales”.

En el arranque de la guerra contra las drogas del gobierno de Calderón, los operativos federales realizados en la frontera norte tenían un patrón extraño que nunca fue aclarado. Las fuerzas de seguridad, sin importar si la incidencia delictiva era relevante o no, operaban contra el cártel que predominaba en la región, como el de Tijuana o el de Juárez, y los neutralizaba. Como consecuencia sistemática de esa acción, la facción de Guzmán del Cártel del Pacífico –o Sinaloa–, pasaba a ocupar y dominar la plaza. Cuando llegó Peña Nieto al gobierno, hubo cambios importantes en el penal del Altiplano, en Almoloya, donde estaba recluido Guzmán.

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La apuesta con Macario seis años después

Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Exzcélsior, indica que hace seis años, en vísperas de la elección presidencial de 2012, di un par de conferencias con mi colega Macario Schettino. A pesar de compartir muchos puntos de vista con él, en aquella ocasión tuvimos una diferencia. Macario estaba preocupado por el posible regreso del PRI a Los Pinos con la posibilidad de una mayoría en ambas cámaras del Congreso. Pensaba que, de darse ese escenario, habría una restauración del régimen autoritario. Yo no lo creía y cruzamos una apuesta, apuesta que nunca le pagué por una razón: sí ganó Enrique Peña Nieto, pero el PRI no obtuvo mayoría en el Congreso. Seis años después he regresado a revisar los términos de aquella apuesta y me he encontrado que, cambiando los nombres de Peña por Andrés Manuel López Obrador y del PRI por Morena, estamos frente al mismo fantasma, es decir, el de una posible restauración autoritaria.

Schettino pensaba que, de ganar Peña (pongo entre paréntesis AMLO para comparar las similitudes) con mayoría en el Congreso, los priistas (morenistas) procederían a hacer lo que habían hecho en los gobiernos de los estados, es decir, abusar del poder para acumular fortunas y perpetuarse en el gobierno. Decía que utilizarían los programas de combate a la pobreza con fines electorales. El nuevo Presidente priista (morenista) regresaría a la opacidad en estos programas para así utilizarlos a su antojo.

Macario argumentaba que los priistas (morenistas) le restarían independencia a instituciones como la Suprema Corte de Justicia. Afirmaba que al próximo Presidente le tocaría nombrar a seis ministros y que trataría de hacerlo con aliados suyos. Esto sería posible por la regla existente: el Ejecutivo decide quién ocupa la vacante en la Corte si el Senado no aprueba, con una votación de dos terceras partes, la terna de candidatos presentada por el Presidente en dos ocasiones. Todo dependería, entonces, de la oposición, ya que el PRI (Morena) no contaría con las dos terceras partes de los votos. Digamos que la oposición siempre le rechazara las ternas al Presidente. Pues acabaríamos con una mayoría de ministros —seis a cinco— nombrados exclusivamente por el Ejecutivo.

Otro de los argumentos de Macario era que los priistas (morenistas) cambiarían el mandato del Banco de México para incluir el objetivo del crecimiento económico aparte de la estabilidad de los precios. De esta forma se perdería el foco de la política monetaria que podría ser más afín a objetivos electoreros promovidos desde la Presidencia. Para ello, sin embargo, se necesitaría una reforma constitucional. Schettino pensaba que el PRI (Morena) podría conseguir este cambio con el apoyo de algunos partidos de oposición.

Lo mismo con la posibilidad de eliminar cien diputados plurinominales y desaparecer los senadores de representación proporcional. Esto, como bien apuntaba Macario, fortalecería la presencia del PRI (Morena) en ambas cámaras. Pero, para ello, se necesitaría, otra vez, de una reforma constitucional. Schettino creía que, en esta reforma particular, el PRI (Morena) podría contar con votos de partidos opositores.

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Que no me da para todo de golpe

Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, señala que hoy las piras arden entre los 140 y 280 caracteres. Florestán

Son tantas las cosas que suceden simultáneamente en todos los frentes, social, económico, político, que más que analizar, apenas me da tiempo de leer, investigar y tratar de entender. Uno no da para más. Y ante el alud que nos arrolla, solo me queda la enumeración, que retrata el momento, cuando el escenario está lleno de actores, el lunetario de público y las calles de pueblo.

Y voy a la respuesta de Andrés Manuel López Obrador a la marcha ciudadana del domingo contra la cancelación del aeropuerto y su consulta popular para confirmar una decisión tomada de antemano en la que a nadie engañó, lo anunció desde que era candidato.

A esa salida a la calle de gente que no acostumbra a hacerlo, respondió con otra consulta, ésta múltiple, que abarca 12 temas: el Tren Maya, la refinería de Tabasco y 10 programas sociales, todos ya decididos por él y apuntados en el Presupuesto de Egresos 2019.

Anoto en esta enumeración, la iniciativa de Morena en el Senado para prohibir las comisiones bancarias, que el jueves tiró el valor de capitalización de los bancos en 103 mil millones de pesos, lo que a su vez arrastró a la Bolsa Mexicana de Valores a su peor pérdida, 5.81 por ciento, desde mayo de 2011, el anuncio de AMLO, al día siguiente, de que en tres años no haría modificaciones legales a la banca y la reiteración de Ricardo de Monreal de ir tras esos usureros. Y agrego: la BMV ha perdido en cinco días 10 por ciento de su valor.

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Un ex guerrillero baja del caballo a un general

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que el general de brigada José Luis Sánchez León, quien tuvo una posición jerárquica cuando ocurrieron los hechos de Tlatlaya, Estado de México, en 2014, no alcanzó la ratificación de su ascenso a general de división, debido a la intervención de un ex guerrillero. El secretario técnico de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, Saúl López Sollano, ex integrante de una guerrilla en los años 70, no dejó pasar al militar de Caballería, y propuso un proyecto de dictamen que excluyó a don José Luis de los ascensos concedidos por el Presidente de la República a 187 militares. Hay que recordar que López Sollano fue designado secretario técnico por el senador Félix Salgado Macedonio, presidente de dicha comisión. Así, hoy el Senado ratificará solo 186 ascensos y no habrá forma para que el presidente Enrique Peña Nieto le imponga las insignias del más alto rango en las Fuerzas Armadas al brigadier Sánchez León. El poder de la firma presidencial y la del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, en este caso, no sirvió.

AMLO y el frío con la Policía Federal

Ayer se despejó la incógnita. Algunos miembros del actual gobierno estaban extrañados de la frialdad con la que el nuevo gobierno trataba a la Policía Federal. Ahora saben lo que el Presidente electo piensa de la corporación, pues ayer lo dijo fuerte y claro: una fuerza que “no se ha consolidado, con falta de profesionalismo y de integridad”. Y aunque Andrés Manuel López Obrador usó la salvadora frase de que hay en esa dependencia “honrosas excepciones” señaló que la corporación tiene 40 mil elementos, pero que la mitad, unos 20 mil, no se dedican a labores policiales sino administrativas, y que eso, aunado al tema del profesionalismo y de la integridad, no la hacían viable como opción para enfrentar por sí sola a la criminalidad. ¿Ahora se entenderá por qué la frialdad?

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que la víspera de la discusión de la Ley de Seguridad Interior en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con dos votos más quedará sepultada, el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y el propuesto fiscal General de la República, Bernardo Bátiz, rechazaron la versión de que el próximo gobierno pueda recurrir a ella, al aclarar que “ni la necesitamos”.

A la presentación de la nueva estrategia de seguridad asistieron, entre otros, el constitucionalista Diego Valadés Ríos, quien apoya 100 por ciento el plan delineado; el líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, quien incluso llegó y salió escoltado por sus subordinados, así como el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente.

QUE el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sigue acaparando los espacios y ahora fue la sede de la Organización de las Naciones Unidas en México, donde se llevó a cabo el Diálogo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, donde participó el encargado de la agenda correspondiente del nuevo gobierno, David León Romero.

El ex jefe de asesores del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, coincidió en que es prioritario fortalecer la estructura comunitaria y planteó los dos ejes que pondera el próximo gobierno federal para prevenir y atender desastres: priorizar el bienestar de la gente y el combate a la corrupción.

QUE los integrantes de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, encabezados por la perredista Mónica Almeida, sostendrán la semana entrante una reunión de saludo y despedida con el secretario de Marina, Vidal Soberón, a unos días de concluir su encargo el 30 de noviembre.

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