Pese a que en su administración fueron despedidos miles de empleados estatales, casos por los que aún hay litigios, el exgobernador de Puebla y ahora senador, Rafael Moreno Valle, se sumó a tres iniciativas en favor de trabajadores del Congreso y el gobierno federal.
De acuerdo con la gaceta de dicha soberanía, el panista adhirió su firma a tres propuestas presentadas este jueves por el priista Mario Zamora Gastélum, para garantizar derechos a empleados del Senado y la Cámara de Diputados, así como para trabajadores temporales del Estado.
En este sentido, el también vicepresidente de esta cámara apoya adicionar los numerales 3 y 4 al artículo 302 del Reglamento del Senado de la República, para que todo el personal, incluido el de apoyo legislativo y administrativo, cuente con seguridad social y acceda a las prestaciones que apruebe la Mesa Directiva.
Asimismo, con el fin prohibir la contratación bajo el régimen de pago de honorarios y la subcontratación de personal.
De la misma manera, dio su firma para adicionar los artículos 56 bis y 115 bis, así como para reformar el título tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que los dichos beneficios también vayan para los trabajadores de la Cámara de Diputados.
Por otra parte, el también esposo de la gobernadora electa de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, respaldó, como tercera iniciativa, adicionar un segundo párrafo al artículo 3 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales, sea considerado trabajador.
Candil de la calle…
En contrate con esta posición, el grupo “Digna Resistencia” ha denunciado que el gobierno estatal debería al menos 100 millones de pesos a 400 exburócratas sindicalizados, quienes fueron despedidos de manera “injustificada” por la administración del panista
Según Marco Antonio Manzano Ramírez, representante del grupo, había mil 200 sindicalizados en lucha, pero quedaron sólo 400, ya que la mayoría decidió no continuar con los procesos por la “nula respuesta” de las autoridades judiciales para resolver su situación.
Asimismo, resaltó que, tras la administración de Moreno Valle, sumarían 14 mil personas despedidas, con argumento de que hubo insuficiencia presupuestal por la caída del precio de petróleo; de ellos, 3 mil tienen juicios laborales.
