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Las recientes declaraciones hechas a Proceso por el Ministro José Ramón Cossío son polémicas por estar basadas en construcciones teóricas que, intentando ser críticas, evidencian un desfase intelectual con la realidad política y sociológica imperante; a la que hemos llegado como resultado del proyecto político desarrollado por el Estado del cual ha formado parte en calidad de miembro distinguido de uno de sus poderes –el Judicial- sin que, durante el tiempo en que ha desempeñado el relevante cargo de ministro, hubiera vertido los señalamientos que ahora expone. El punto de desfase está, lógicamente, en esa decisión de hacerlos del conocimiento público, no durante los quince años (designado ministro por Vicente Fox en 2003) en que ha permanecido como integrante de la Corte, sino a escasos días de su retiro. Las puntualizaciones que hoy hace, no las formuló para consideración de Fox, Calderón o Peña; sino de cara a la llegada del nuevo gobierno. Tales circunstancias hacen de sus expresiones un posicionamiento político.

Lo corrobora su determinación de hacer presagios adversos sobre un gobierno que no se ha instalado ni oficialmente ha tocado el tema, como él mismo reconoce: <<…el saliente gobierno de Enrique Peña Nieto se desentendió de la política de justicia, mientras que el equipo de Andrés Manuel López Obrador no ha perfilado lo que hará en esta materia, salvo propuestas que no apuntan hacia soluciones de fondo>>. En esta lógica, sostener <<El presente es desastroso, pero el futuro no se ve mejor: sin una verdadera política de justicia no habrá comisiones de la verdad ni amnistías que valgan frente a la polarización social y el abandono de las instituciones judiciales>>, impone preguntar, ¿la polarización social, el abandono de las instituciones judiciales y la falsa política de justicia, no se ven mientras se es ministro de la Corte? Cuando Cossío subraya: <<la urgencia de que México empiece un proceso de pacificación, no sólo por la violencia criminal, sino porque ha entrado en un proceso de polarización social que someterá a fuertes presiones a la libertad de expresión>>, surge la interrogante, ¿siendo integrante de un poder del Estado durante quince años, no te percatas de los niveles de violencia criminal, polarización social y restricciones a la libertad de expresión existentes?

En posición del que se va, dejando tareas pendientes, su discurso se torna flamígero <<Hace falta un liderazgo político que se comprometa a tomar en serio el tema de la justicia en el país. Hay un derrumbe institucional en esa área. El caso de los tráileres deambulando con cadáveres en Jalisco es apenas una muestra de ello. Si el tema de los miles de desaparecidos queda irresuelto, se convertirá en una bomba de tiempo que tarde o temprano estallará con la radicalización de los familiares de las víctimas>>; es decir, de todo aquello que “las instituciones” desatendieron por años, la bomba de tiempo que crearon, y el derrumbe institucional que generaron imponiendo una política de terror, en paralelo al tiempo en que Cossío formaba parte del poder judicial federal; ahora, con facilidad asombrosa, el ministro quita la responsabilidad a los causantes, y la arroja a la siguiente administración.

La crítica del ministro peca de desmesura por enfilarse más hacia la sorna <<Si el discurso va a ser que los 30 millones de votos autorizan hacer casi cualquier cosa, me parece que las instituciones no van a resistir. No sé para qué tanto se va a utilizar ese discurso. Vamos a ver qué tanto las personas en esas instituciones resisten la narrativa de una persona que viene a resolver los problemas históricos del país, la del carro completo, la de los 30 millones, la del mandato popular. Eso se va a saber en el primer año del gobierno>>.

La lógica argumental utilizada por Cossío lleva su declaración al ámbito del contrasentido. Bajo el régimen político del que ha formado parte, los presidentes de la República con quienes ha colaborado, que obtuvieron la mitad o menos de esos votos –aún con fraude- han hecho “casi cualquier cosa” hasta postrar al país en la miseria y la desigualdad social, hundirlo en la violencia y, sobre tales bases, enriquecer a la élite que domina la economía del país. Si reconoce que existe un derrumbe institucional en el tema de justicia, miles de desaparecidos, polarización social, abandono de instituciones judiciales y que no hay una verdadera política de justicia; por congruencia tendría que reconocer también una de dos cosas: que a pesar de todo ello, las instituciones han resistido; o, peor, pero no descabellado, que las instituciones han trabajado para ello. Deja impresión que para el señor ministro es preferible esta situación pues, con todo lo espantosa que pueda ser, le ha permitido mantener un privilegiado estatus. Sólo así encuentra lógico que el discurso de “los treinta millones de votos” pueda tener por efecto que “las instituciones no van a resistir”; o, que al matizarlo <<Vamos a ver qué tanto las personas en esas instituciones resisten…>>, adquiera tono de advertencia.

El sentido común debería obligar a reflexionar al ministro por qué en este país se presentan tan oprobiosos hechos sociales, y cómo es que “las instituciones”, o mejor dicho, “las personas en esas instituciones” lo han permitido, tolerado o solapado. A la Corte llegan, pidiendo solución, los problemas más graves que aquejan a México. En ese tribunal constitucional presumiblemente se imparte justicia como indica su denominación oficial. Sin embargo, el ministro habla de desatención de política de justicia y del abandono de las instituciones judiciales; temas sobre los cuales, no obstante su alta investidura, había callado o poco dijo al respecto.

Como miembro de la Corte, el ministro no puede hablar por “las instituciones”; parece claro que, estando a punto del retiro, ha sido elegido para que por su voz hable solo una: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta manera se hace comprensible su señalamiento del plazo de un año para ver qué tanto resisten las personas de esa institución. Y lo dice con perfecto conocimiento de causa; la elección del uno de julio no modificó, ni en un ápice, la estructura, funcionamiento, integración y composición político ideológica de los miembros de éste poder del Estado. Éste rasgo derivará en que la Corte pueda erigirse como una de las barreras de contención de las acciones político administrativas que impulse o emprenda el nuevo gobierno en seguimiento de sus promesas de campaña, buscando que resulten insulsas.

Sería patético y decepcionante que la Corte, siendo institución de justicia, retomara el espíritu maquiavélico recién traído a escena, para anunciar veladamente una posible vertiente de intención para algunas de sus resoluciones: la radicalización de los familiares de las víctimas frente al nuevo gobierno. Quizá, como ha dicho el ministro <<Eso se va a saber en el primer año del gobierno>>.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 14 de noviembre de 2018.

José Samuel Porras Rugerio

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