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¿Adiós, derechos humanos?

Raymundo Riva Palacio en su columnna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que el Mando Especial que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la delincuencia en todo el país, encuentra en la Ley de Seguridad Interna, que está discutiendo la Suprema Corte de Justicia, su marco de referencia, con la legalización de soldados y marinos en las tareas de seguridad pública y militares coordinando a toda la autoridad civil. El único problema es que desde el ángulo de los defensores de derechos humanos viola los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 30 y 31 de la Constitución. Es decir, 20 artículos constitucionales.

El Mando Especial, que forma parte de la estrategia de seguridad pública que se espera anuncie este miércoles López Obrador, le otorga a los militares autoridad sobre los cuerpos de seguridad civiles, y le asigna tareas que corresponden únicamente al Ministerio Público. La ley fue publicada por el presidente Enrique Peña Nieto en el Diario Oficial el 21 de diciembre de 2017, para regular y blindar a las Fuerzas Armadas para que puedan actuar como policías, pero decidió no aplicarla hasta que se pronunciara la Suprema Corte de Justicia. La ley provocó impugnaciones sobre su legalidad. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, dijo el lunes, al iniciar el debate, que las impugnaciones se revolverán mirando siempre por la cabal vigencia de los derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una de las seis entidades que la impugnaron, señala que los artículos objetados pueden vulnerar los derechos a la seguridad jurídica, al acceso a la información pública y principio de máxima publicidad, a la protección de datos personales, a la consulta previa de las comunidades indígenas, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el principio de inmediatez en la puesta a disposición, el principio de la legalidad, el principio propersona y el principio de progresividad. “Las Fuerzas Armadas no pueden, por sí mismas, intervenir en asuntos de la competencia de autoridades civiles, aunado a que resulta imprescindible la solicitud por parte de las propias autoridades civiles para su participación”, apunta.

“La ley que ahora se impugna contempla la participación de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la diferencia radica en que la Ley de Seguridad Interior habilita a las Fuerzas Armadas para que puedan actuar por sí; es decir, sin mediar petición de apoyo por parte de la autoridad civil, aunado a que la autoridad que dirigirá y coordinará las acciones que permitan la permanencia y la continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional, será un comandante de las Fuerzas Armadas designado por el presidente de la República, subordinando a las autoridades civiles bajo la coordinación de la autoridad militar designada”.

En este espacio se publicó ayer que el modelo que desea el presidente López Obrador implementar en 265 regiones de alta incidencia delictiva en el país, es la creación de unidades de 300 a 600 elementos cada una, donde los policías federales, los estatales, y en aquellos casos donde haya confianza los municipales, además de la policía de investigación criminal y los ministerios públicos federales y locales, estarán bajo la coordinación de un militar, quien dirá qué investigar, a quién investigar, cuándo, cómo y de qué forma se arma el caso y se presenta ante el juez que determine, lo que contraviene la Constitución, además, en tres artículos. López Obrador arrastra conceptualmente lo que produjo el gobierno del presidente Peña Nieto, como una opción a su fallida, si no desastrosa, estrategia de seguridad pública.

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Empeoran las perspectivas sobre la economía mexicana

Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, señala que el horno no estaba para bollos. El contexto económico internacional era adverso para México. Había que ser muy cautelosos. El incremento de las tasas de interés en Estados Unidos era, como para todas las economías emergentes, una mala noticia para México.

Esto, al parecer, lo entendió bien el gobierno entrante después de los comicios de julio y, por tanto, había mandado señales económicas positivas. Con la novedad de que sí metieron bollos a un horno calientísimo. Obnubilados —¿borrachos de poder?—, comenzaron a jugar con la economía. Ahora, en lugar de comenzar el próximo sexenio con vientos favorables, tendrán que navegar a contracorriente.

Es su culpa. Primero cancelaron la obra de infraestructura más importante de la historia del país. Un proyecto financieramente sólido que estaba generando miles de empleos. Tenían, sin duda, que corregir la falta de transparencia y revisar, y en su caso castigar, la posible corrupción.

Pero cancelarlo era una locura económica. “El error de octubre” lo bautizaron algunos. Con el objeto de enviar el mensaje de que ahora el poder político estaría por arriba del económico, López Obrador tomó la decisión, tremendamente arriesgada, de liquidar el proyecto de Texcoco. Fue el primer strike.

Los mercados reaccionaron. Se depreció el peso frente al dólar, pero, más importante, cayeron los precios de los bonos mexicanos indicando que el riesgo de invertir aquí se había incrementado. A partir de Texcoco, los inversionistas demandaron un rendimiento mayor por mantener su dinero en nuestro país. Malas noticias para el crecimiento económico porque, cuando suben las tasas, se generan las condiciones para que éste se desacelere.

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Calderón, el único contrapeso político de AMLO

Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, indica que ¿Qué vamos a hacer con este gabinete…? —Poco. Florestán

Está claro que el 2 de julio Andrés Manuel López Obrador no solo logró el mayor nivel de legitimidad democrática en las urnas, sino que sus 30 millones de votantes escucharon su llamado de votar en línea y le dieron mayoría en el Senado, la Cámara de Diputados y 19 congresos locales, el de Ciudad de México incluido.

Como resultado de esta mayoría no registrada en el México democrático, se produjo una disminución de los partidos de oposición a nivel de subsistencia, lo que los anula como contrapesos políticos.

El PAN, primera minoría opositora, ha sido incapaz, en su guerra interna, de asumir ese rol y tras su discutido proceso electoral, como bien me lo dijera Felipe Calderón, ha quedado a merced de los intereses de sus gobernadores que no tienen contemplado enfrentarse con el presidente López Obrador, por lo que difícilmente, como partido, le jugaría las contras.

En estas condiciones, ancha será Castilla para el próximo presidente de México con su mayoría legislativa y una oposición reducida a su mínima expresión, bancadas que caben en una Combi o una selfie, con la prioridad de no morir en el intento.

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Hoy renuncias en cascada en el Fondo de Cultura

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que el director del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón, anuncia hoy que deja el cargo a finales de este mes, nos dicen. Pero lo que también se da a conocer son las renuncias de José Woldenberg, Fernando Escalante y Juliana González, quienes fungían en el FCE como consejeros independientes. Nada del otro mundo, nos hacen ver, dado que es natural que los consejeros que fueron invitados por el director en turno salgan también; sin embargo, nos comentan que no faltará quien caiga en la tentación de ver esto como una desbandada ante la posible llegada de Paco Ignacio Taibo II a la dirección del instituto. Sin embargo, nos mencionan que no todo se explica por la simplista manera de ver una realidad dividida ni el blanco y negro.

¿Qué hará AMLO con las Fuerzas Armadas?

En un brete metió la Suprema Corte de Justicia de la Nación al nuevo gobierno de la República. Si mañana jueves la tendencia se confirma, la Ley de Seguridad Interior quedará anulada en su totalidad. De ser así, nos explican, todo regresará al punto de partida, es decir, las normas de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública serán las mismas con las que se contaba en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ahora, sin una “línea” de la Corte, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá que decidir qué pueden hacer los militares en materia de combate a la delincuencia y qué apoyo les dará. De confirmarse la anulación, las Fuerzas Armadas, que buscaron con insistencia esta ley, volverán a la incertidumbre y el equipo de AMLO, que preparó el proyecto del nuevo gobierno cuya presentación está planeada para hoy, quizá tenga que regresar al escritorio y volver a arrastrar el lápiz.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que el riesgo que hay de que los partidos de oposición pierdan la mitad de su financiamiento los unió para pedir al INE, que encabeza Lorenzo Córdova, que les rebajen las multas millonarias y que muchos arrastran de años anteriores, posibilidad que fue discutida en privado y que hoy se abordará en el Consejo General.

La dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, reiteró la necesidad de esta reducción, pues consideró que esos partidos son hoy tan “chiquitos” que no ve para qué necesitan tanto dinero.

Que hablando de la lideresa, vaya polvareda que levantó con su “anuncio” de que Donald Trump ya había confirmado su asistencia a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, pues a la fecha se sabía, como se sabe hoy, que será el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien asista.

Las reacciones para negar la especie del equipo del Presidente electo, del republicano Larry Rubin y de la embajada de Washington obligaron a la dirigente a retractarse, vía Twitter, primero corresponsabilizando a los medios, después aclarando que no toca a ella confirmar asistencias.

No aprendió nada del resbalón de Loretta Ortiz, la colaboradora de AMLO que en julio pasado anunció en falso la aceptación del papa Francisco a participar en los foros de paz.

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