Con el voto mayoritario de Morena y aliados, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que faculta al presidente para crear comisiones especiales que investiguen casos como el de Ayotzinapa.
En la sesión de este martes, 328 votos a favor de Morena, PT, PES y PVEM, frente a 118 abstenciones del PRI y PAN, y 18 en contra de panistas y perredistas, dieron luz verde a la iniciativa para modificar dicho artículo y otros 26 de la ley mencionada.
La propuesta justificó que, “para mejor despacho de los asuntos a su cargo, el presidente de la República podrá construir Comisiones Intersecretariales, Consultivas y Presidenciales a través de decretos”.
Estas comisiones despacharán asuntos en los que deban intervenir varias secretarías de Estado o funcionarios de la administración pública federal”, aunque podrán ser ubicadas dentro de la estructura de una dependencia del Ejecutivo y sus conclusiones no serán vinculantes.
El pasado 26 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, acordó con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace cuatro años en Iguala, Guerrero, crear una comisión de la verdad, colaborar con la investigación y que participen la CIDH y la ONU.
¿Cómo funcionarán las comisiones?
Según el documento de la iniciativa, las comisiones consultivas estarán conformadas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, designados por el presidente, para “resolver una consulta o emitir una opinión sobre algún tema especificado”.
De las comisiones presidenciales, se precisa que estarán constituidas por exservidores públicos y servidores en activo y funcionarán como grupos de trabajo para hacer investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes para la toma de decisiones.
El decreto de las comisiones deberá contener su denominación, nombre de integrantes y sus cargos, así como definir quien la presidirá, además de describir su objeto, funciones asignadas y ubicación dentro de la Administración Pública Federal, precisando si dependen del presidente o de alguna secretaría de Estado”.
Debe contener el periodo de existencia, que podrá ser prolongado por el Ejecutivo, y la dotación de recursos para su funcionamiento, que “provendrán de la entidad pública de la cual dependan”.
Asimismo, se establece que “el cargo de miembro de cualquiera de las comisiones será honorífico y de confianza, lo que no inhabilitará la posibilidad de desempeñar ninguna otra función pública o actividad privada”.
En oposición a este decreto, el coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, lo calificó como “un bulto de incongruencias y de contradicciones” y demandó a Morena rectificar.
Editado por Luis Alberto Palacios