Al recordar el presunto espionaje en Puebla, a través de la empresa Hacking Team, el diputado federal Fernando Manzanilla Prieto propuso que este delito amerite prisión preventiva oficiosa, pues ya se castiga hasta con 20 años de cárcel.
La iniciativa de ley fue presentada este jueves en sesión ordinaria de la cámara baja, donde el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social (PES) citó el artículo 16 de la carta magna, que establece que las comunicaciones privadas son inviolables y, que la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas.
Sin embargo, afirmó, muchas personas tienen que dejar sus teléfonos móviles en una canasta antes de celebrar reuniones en que se aborden temas delicados u optan por emplear la herramienta de la llamada de los programas de mensajería instantánea.
Recordó que el año pasado, el periódico norteamericano The New York Times exhibió que el gobierno de Rafael Moreno Valle (2011-2017) usó los servicios de la empresa Hacking Team para espiar presuntamente a periodistas, líderes sociales, presidentes municipales, funcionarios y legisladores.
Según medios nacionales, señaló, el software habría sido adquirido por la empresa SYM Sistemas Integrales, por instrucciones de Eukid Castañón Herrera, “por cierto diputado federal en la pasada Legislatura (…) oportunamente el exagente operador del espionaje Rodolfo Raúl Vázquez, el de la voz, el entonces senador Luis Miguel Barbosa y un empresario local dimos fe de ello ante el Senado”, emitió.
De acuerdo con el diario estadounidense, el gobierno federal habría hecho lo mismo espiado a opositores y comunicadores desde sus teléfonos móviles, con un software presuntamente adquirido por la Sedena, la PGR y el Cisen, llamado Pegasus.
Sin responsables
Manzanilla Prieto lamentó que, en un país susceptible de invasión a la priva y comunicaciones privadas, no haya un responsable tras las rejas por este delito, por lo que consideró necesario dos cosas: elevar el nivel punitivo para quien trasgreda esto y, proveer un marco normativo para que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue “y se ponga a trabajar”.
Así, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para considerar a la intervención arbitraria de las comunicaciones privadas como delito que amerita prisión preventiva oficiosa.
Su propuesta fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para analizarla.
Cabe mencionar que, el artículo 127 del código penal federal, respectiva al espionaje, establece que se aplicará la pena de prisión de 5 a 20 años y multa hasta de 50 mil pesos al extranjero que, en tiempo de paz, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior, tenga relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos.
La misma pena se impondrá al extranjero que, en tiempo de paz, proporcione, sin autorización a persona, grupo o gobierno extranjero, documentos, instrucciones, o cualquier dato de establecimientos o de posibles actividades militares.
También, se darán de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al extranjero que, declarada la guerra o rotas las hostilidades contra México, tenga relación o inteligencia con el enemigo o le proporcione información, instrucciones o documentos o cualquier ayuda que en alguna forma perjudique o pueda perjudicar a la nación mexicana.