Puebla tiene un avance menor al 80 por ciento en la armonización de sus leyes con el derecho constitucional a la educación, al igual que Nayarit y Oaxaca, por lo que urge que el Congreso local subsane esta carencia; el promedio nacional es de 85.31 por ciento.
Así lo señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual subrayó que el reto es materializar esta garantía básica, ya que, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2016, había 24.3 millones de personas que presentaban rezago educativo en el país.
Refirió que Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas cuentan con el 92 por ciento de avance, y que la armonización permite identificar contradicciones entre las normas jurídicas, superar incongruencias y cubrir lagunas, para hacer posible que los mandatos fluyan sin obstáculo a través de un andamiaje institucional diseñado, hasta concretarse su cumplimiento.
En el caso de hablantes de lengua indígena, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indicó que el 22.4 por ciento de hombres y 37 por ciento de mujeres no saben leer ni escribir, misma condición en que están 4 de cada 100 hombres y 6 de cada100 mujeres de 15 años y más. Además, 2 de cada 3 menores de edad entre 6 y 14 años que no asisten a la escuela son indígenas.
Examen se concentró en varias disposiciones
La CNDH detalló que, en el examen normativo efectuado, se concentró en el derecho a recibir educación con disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad (100 por ciento); a la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales (95 por ciento); a la libertad de expresión (64.38 pro ciento); a la libertad de información y comunicación (73.13 por ciento).
Así como a los beneficios de la cultura (97.50 por ciento); acceso al progreso científico y tecnológico (98.75 por ciento); a la no discriminación (85 por ciento); acceso a los servicios educativos a personas con discapacidad (91.25 por ciento); libertad académica y autonomía en instituciones de educación superior (65 por ciento); y, no regresividad (83.13 por ciento).
Recordó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce a la educación como una cuestión prioritaria entre las acciones nacionales y, particularmente, el objetivo cuatro llama a “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
A su vez, resaltó que la quinta meta busca asegurar el acceso a la educación en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las que tienen alguna discapacidad, los pueblos indígenas y las personas menores de edad en situación de vulnerabilidad, a todos los niveles de enseñanza y formación profesional.
Ante esto, el organismo puso a disposición de autoridades, sociedad civil y personas interesadas en el tema la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa y, de manera particular, el análisis efectuado al derecho a la educación, el cual puede consultarse en línea.
