En Puebla, 59 servidores públicos han sido destituidos, inhabilitados y amonestados por el ejercicio indebido de su cargo, utilizar bienes públicos en beneficio propio, deficiencia del servicio o malos tratos; de ellos, 16 buscan revocar las sanciones.
Así lo dio a conocer Rodolfo Sánchez Corro, titular de la Secretaría de la Contraloría de Puebla, quien mencionó –sin dar nombres– que los funcionarios, una vez que se emite la sanción, pueden acudir a la autoridad que interpuso el recurso para intentar para cambiar la resolución, la cual “normalmente se confirma”.
En conferencia de prensa esta mañana, indicó que seis empresas –de las cuales no dio nombre– han sido inhabilitadas hasta por 3 años y siete meses, debido a la mala ejecución en las obras de reconstrucción de tres telesecundarias y tres preescolares en el estado, tras el daño que recibieron por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Explicó que cuando se encuentran anomalías en los materiales o en la ejecución, se levanta un reporte a la dependencia ejecutora de la obra, la cual debe acudir a la contratista para que atienda el desperfecto; después del plazo que se les da, si no se ha resuelto se vuelve a requerir la reparación y, de no cumplir de nuevo, empieza el procedimiento de impedimento.
Agregó que 29 empresas no pueden participar en procedimientos de adjudicación, por parte de la Dirección de Control y Seguimiento de Obra Pública y 17 a cargo de la delegación de la Secretaría de Infraestructura, pero en el momento en que atienden la problemática señalada, se levantará el impedimento.
Obras aún no tenían documentación requerida
Sánchez Corro estacó que de los 304.5 millones de pesos que derivan de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al estado, 134.4 millones de pesos pertenecen a los fondos de Fortalecimiento Financiero (Fortafin), 165.4 millones de pesos al de Aportaciones Múltiples (FAM), y 3.3 millones de pesos al de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).
Además de los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF) por un millón 2 mil pesos y de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) por 290 mil pesos, el cual es un “monto pequeño” respecto al techo presupuestal por parte del gobierno federal, aseguró.
Subrayó que la falta de documentación comprobatoria señalada por la ASF no indica que “así sea la situación”, sino que al momento de que la auditoria hizo el corte el balance físico de la obra sólo contaba con dichos papeles, lo cual no implica que no los tengan después.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales
