La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que declaren la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, ya que el Congreso federal no tenía facultades para expedirla.
A través de un exhorto publicado este domingo, les pidió que reconsideren el contenido del artículo 20 de la ley, que establece una subordinación plena de las autoridades civiles al mando de las Fuerzas Armadas y facultad de las autoridades militares para solicitar cualquier información.
Consideró que esta ley, aprobada el 14 de diciembre de 2017 por la LXIII Legislatura, genera diversos vacíos normativos y que se debió consultar a las comunidades indígenas y determinar si sus intereses serían perjudicados por la posibilidad de que las fuerzas castrenses realicen acciones en sus tierras, pues podrían llegar a dañarse.
Además, en pleno respeto del derecho a la protección de los datos personales de las víctimas de delitos y de violaciones graves a derechos humanos, solicitó declarar la invalidez de la entrega de todo tipo de información, sin distinción, en posesión de las autoridades y órganos autónomos, con el argumento de tareas en materia de seguridad interior.
Deben revisar intervención de fuerzas armadas
En relación con la propuesta de reiterar el criterio establecido al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/1996, en el que la SCJN determinó que las Fuerzas Armadas brinden auxilio a las autoridades civiles cuando lo soliciten, consideró que el Alto Tribunal debe realizar un nuevo análisis tomando como parámetro el nuevo paradigma de los derechos humanos, a la luz de la reforma constitucional de 2011.
Enfatizó que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no es la respuesta más adecuada ante el índice delictivo del país, sino que se debe privilegiar la capacitación de policías, la inteligencia financiera y la investigación patrimonial, el fortalecimiento de la prevención, así como la atención del tráfico de armas, además de realizar una revisión del sistema penitenciario.
El 5 de julio, el colectivo Seguridad sin Guerra, con más de 250 organizaciones civiles, urgió al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y a Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de gobernación, eliminar dicha ley porque no abona a la paz.
Además, desde enero, la CNDH presentó, ante la Suprema Corte, una acción de inconstitucionalidad contra “diversos artículos” de la Ley de Seguridad Interior, pues “violan libertades básicas” y “afectan el equilibrio de los poderes” del Estado.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales
