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Anulación de la elección en Monterrey y Tepjf pide pruebas al IEE poblano

En política lo que parece es

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que en política las formas, el lenguaje corporal y las actitudes de los políticos suelen con frecuencia decir más que las declaraciones o pronunciamientos de éstos.

Lo anterior viene a colación por el emplazamiento que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hizo al Instituto Electoral del Estado (IEE) para que en un plazo de 48 horas acredite con actas circunstanciadas, videos y otras documentales que la paquetería electoral de los comicios de gobernador de Puebla estuvo bien resguarda en la bodega del organismo y ajena a la injerencia de manos extraños (entiéndase mapaches electorales).

La noticia del emplazamiento fue recibida casi con júbilo por Luis Miguel Barbosa y los dirigentes de Morena, que desde anoche echaron las campanas a vuelo y con caras largas por el presidente del IEE, Jacinto Herrera Serrallonga, y la defensa jurídica de la gobernadora electa Martha Erika Alonso Hidalgo.

Y es que el IEE jamás previó este escenario, es decir, nunca se imaginó que algún día el TEPJF le pidiera acreditar “con actas circunstanciadas” el cabal cumplimiento de la cadena de custodia en el traslado de los paquetes de la elección a gobernador de los Consejos Distritales a la bodega central del Instituto, la bitácora del control de acceso al inmueble y el listado de personas autorizadas para ingresar a esta bodega de la colonia Romero Vargas.

Otra cuestión que la defensa de Martha Erika y los consejeros y magistrados electorales ven con preocupación es la prisa de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF por dictar sentencia antes del 1 de diciembre en que López Obrador rendirá protesta como presidente constitucional.

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Anulación de elección en Monterrey podría ser un precedente para que ocurra lo mismo en Puebla

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que La anulación de la elección en la ciudad de Monterrey, Nuevo León –ocurrida la tarde de este martes– es un importante precedente en torno al litigio que existe en la disputa de la gubernatura de Puebla, por dos razones: porque la anomalía principal que invalidó el resultado de los comicios regiomontanos fue que se rompió la cadena de custodia de los paquetes que contienen los votos, que es la principal irregularidad detectada en territorio poblano; y porque dicho fallo demostró que no funcionó la presión que desde la cúpula nacional del PAN se había ejercido contra los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por esa razón no debe descartarse que un fallo muy similar al observado en el caso de los comicios de la alcaldía de Monterrey se acabe reproduciendo para la gubernatura de Puebla.

La cadena de custodia

Las anomalías que llevaron a la anulación de la contienda en Monterrey se dividen en tres:

Primera: 90 paquetes electorales desaparecieron temporalmente y luego aparecieron para ser computados los resultados.

Segunda: en 30 casillas no aparecieron las boletas y el cómputo de la elección se hizo con base a las sabanas que se colocan en lugar donde se instalaron las casillas con el resultado del recuento de los votos.

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La impugnación: en la fecha está el mensaje

Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, señala que de las nueve elecciones de gobernador que hubo el 1 de julio, sólo el caso Puebla está en la agenda de resolutivos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues los resultados de las otras ocho no fueron impugnados. Dado que tampoco hay impugnación presidencial, la vía está abierta para que los siete magistrados resuelvan con celeridad para antes del 1 de diciembre, frontera política de todos los resquemores.

En la fecha está el mensaje, murmura la clase política poblana. Si el TEPJF resuelve antes de que Andrés Manuel López Obrador tome protesta, será un indicativo de que, tras el estudio del fondo, Martha Erika Alonso será ratificada como ganadora de la elección a la gubernatura. Pero si pasa el 1 de diciembre y la impugnación no se resuelve, entonces cualquier cosa puede pasar, como que se declare la nulidad y se desencadene el caos en la entidad.

Como sucede en este tipo de casos, los partidarios de Martha Erika calculan que el fallo llegará entre la tercera y cuarta semana de noviembre, es decir, antes del temido 1 de diciembre, mientras que la gente de Morena señala que esto ocurrirá después de la toma de protesta de López Obrador, cuando todos los aliados de Moreno Valle ya se hayan ido a su casa.

Imposible saber qué bando tiene la razón en cuanto a los tiempos, pero lo que sí es evidente es que la tensión acumulada, la impaciencia, empieza a cobrar facturas en ambos bandos, cuya muestra visible son las dos o tres veces que José Juan Espinosa y Marcelo García Almaguer han estado a punto de llegar a las manos para resolver los problemas en el seno del Congreso local.

Ayer mismo ocurrieron dos hechos notables en este proceso lleno de incertidumbre.

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