Cartas a Gracia
El jueves 18 de octubre, en un evento vespertino realizado en la Plaza de Armas de Torreón, Coahuila, Andrés Manuel anunciaba el fin de las evaluaciones docentes. El presidente electo coincidía con un par de demandas y de consignas “repudio total, a la evaluación universal; evaluación al presidente pa´ que vea lo que se siente”, coreadas por maestras y maestros de la CNTE en un sin número de marchas, mítines, paradas permanentes, incluidas las realizadas en la ciudad de México. No estuve en la concentración en la que AMLO estableciera que, si de evaluaciones se trataba, habría que evaluar a todos: “el Presidente, los Senadores, los Diputados, los Presidentes municipales, los líderes sindicales, los líderes empresariales ¡Todos!”, o todos coludos o todos rabones; pero, fue aún más allá Gracia y adelantó el “fin del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (https://profelandia.com/amlo-anuncia-el-fin-del-inee-y-la-evaluacion-docente/).
Parecería que AMLO pone el último par de banderillas previas a la estocada final, al señalar que “cancelar, abrogar, abolir, todo eso va pasar con la Reforma Educativa”; postura con la que coincide una iniciativa de ley que reformaría, adicionaría y derogaría “diversas disposiciones” de los artículos 3º y 73 de la Constitución presentada el 11 de octubre del 2018, por Irán Santiago Manuel. Para luego es tarde y con independencia de los términos, pasaré a relatarte Gracia, los pormenores que propone el texto: deroga el parágrafo 3 del artículo 3º que otorga al Estado la facultad para convertirse en garante de “la calidad” con la que debería prestarse la educación obligatoria, “de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”; de tal suerte que la cancelación daría pie a la conclusión de las evaluaciones. Se reformaría también el inciso c) de la fracción II agregando la letra y para dar paso a la derogación del inciso d) en el que se define el término calidad (con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos).
La iniciativa modifica la propuesta eliminando en la primer parte de la fracción III, los vocablos “maestros y padres de familia” cuando se hace referencia a la opinión que “consideraría” la federación en la “determinación” de planes y programas de estudio reservados a su competencia, conservando el término “sectores sociales” en los que presuntamente estarían incluidos. Elimina del texto del inciso al que aludo, cualquier indicio que vincule “el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado”, mediante concursos de oposición que se determinan por intermedio de una ley reglamentaria (Ley Reglamentaria del Servicio Profesional Docente), eliminando el término
idoneidad lo mismo que alusiones a “los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional”. A su vez, anula las líneas que determinaban como inválidos “ingresos y promociones” al margen de lo dispuesto en la LGSPD.
Modifica la fracción VII para incorporar al final del texto la letra “y” indicando que el inciso VIII será la parte final del artículo, eliminando la misma letra del inciso VIII y consecuentemente finalizar ahí el texto del artículo 3º. La iniciativa deroga la fracción IX y con ella determina la muerte anticipada del Sistema Nacional de Evaluación Educativa -garante de la prestación de los servicios educativos de calidad-, lo mismo que del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, organismo del que SNEE depende con todas las facultades, funciones y atribuciones que le son inherentes actualmente, restando al Senado de la República, la responsabilidad de seleccionar a los integrantes de la de la Junta de Gobierno de dicho órgano.
La iniciativa contempla –también- la modificación de la fracción XXV del artículo 73 para eliminar la facultad del Congreso de la Unión “para establecer el Servicio Profesional Docente en términos del artículo 3º de esta Constitución”, eliminando el texto de los renglones 11 y 12 mediante los que se le encarga velar por el cumplimiento de los “fines de la educación” y desempeñar el papel de empresario o de un organismo certificador que vea por “su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad”.
El compromiso de campaña se refrenda a gusto incluso de los grupos de maestras y maestros y de los más radicales de la CNTE; pero y a pesar de las inconformidades de los que quieren más y los exabruptos de quienes sostienen que una anulación de la reforma educativa significaría -de inmediato- tirar al bote de la basura más de 50 000 mdp invertidos en “7 programas con los que ha operado la reforma en más de 5 años” (entre los que no se podría contar al Nuevo Modelo Educativo, improvisado recientemente) y la entrega de la rectoría de la educación a Elba Esther Gordillo Morales (El Universal, Cynthia, López, Castro). Ni unos ni otros Gracia. Un nuevo acuerdo educativo deberá generar nuevas reglas de operación y expectativas conmensurables; reivindicar la figura de maestras y maestros; evitar el uso y el abuso del financiamiento que padres y madres de familia realizan para solventar el gasto corriente de las escuelas, supervisiones escolares y jefaturas de sector; destinar los recursos públicos suficientes -sin recurrir a deuda pública- para el mantenimiento mayor y menor de los edificios escolares, equipar talleres y laboratorios y pagar mejor a los docentes que no gozan de plazas homologadas. En fin, nuevo gobierno, nuevas reglas y nuevos compromisos. O todos coludos o todos rabones.
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