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domingo, febrero 28, 2021

Buscan modificar el programa Salario Rosa y más datos del NAIM

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Qué revisar en Texcoco

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, dice que si en la consulta ciudadana resulta Texcoco el sitio donde quede el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, varias cosas cambiarán. Se van a revisar adjudicaciones, contratos, subcontrataciones y cómo se fueron adquiriendo y vendiendo los terrenos en la zona donde se realiza la obra. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no sólo fue laxo, sino tolerante con irregularidades que se fueron dando en el proceso de construcción y tienen que ser corregidas. No las hará jamás de manera transparente el gobierno que dejará de serlo en un mes y medio, pero sí lo debe hacer el entrante.

La obra en Texcoco está a cargo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, una empresa de participación estatal mayoritaria, que publica en red toda la documentación sobre licitaciones, adjudicaciones, opiniones de los testigos sociales y los diversos mecanismos de transparencia. Hasta el 7 de septiembre pasado, según un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad sobre los trabajos aeroportuarios, las adjudicaciones directas representaron el 0.5 por ciento del importe total, mientras que las licitaciones públicas correspondían al 88 por ciento. Un total de 292 empresas –90 por ciento aproximadamente son mexicanas– participan en los 274 contratos de la obra. Sin embargo, esto no significa que sean plenamente transparentes.

No necesariamente se encontrarían irregularidades en las licitaciones y sus adjudicaciones, sino en algo subjetivo que entra en un terreno de opacidad, como es el conflicto de interés. Según funcionarios federales, hay dos personajes cercanos al presidente Peña Nieto que han participado activamente en el proyecto sin dar la cara, sino detrás de dos de las empresas que han ganado licitaciones. Uno es el expresidente Carlos Salinas y el otro es el empresario Juan Armando Hinojosa, que fue el operador inmobiliario en la adquisición de la ‘casa blanca’ del presidente Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera.

La participación de ellos no significa automáticamente un acto ilegal, pero su involucramiento tendría que ser revisado para determinar si su acceso al presidente influyó para que se les asignaran parte de las obras. No es un elemento fácil para determinar si hubo irregularidades o un delito, pero sí sería importante que una revisión de sus contratos arroje luz para tener certidumbre que pudieron haber sido únicamente gestores, o incluso coinversionistas, pero sin preferencias en el proceso de las licitaciones. Otro caso similar es la barda perimetral de 70 kilómetros que protege la zona del nuevo aeropuerto, cuya construcción fue entregada a la Secretaría de la Defensa Nacional. Otra fuente señaló que existen indicios de que la obra fue subcontratada al yerno de un importante general en activo.

La anatomía de los contratos está en la mira del próximo gobierno, pero el énfasis probablemente debería estar en los servicios no aeroportuarios y los bienes raíces. Los servicios no aeroportuarios involucran a todos los locales que renten las aerolíneas, las empresas que requieran de oficinas y bodegas, los restaurantes, hoteles, arrendadoras y establecimientos comerciales. En el caso de estos últimos, desde hace más de un año están asignados, e intentos de autoridades estatales para rentar espacio y promover a sus entidades, han sido inútiles. El análisis de quiénes se quedaron con esos espacios y cómo se asignaron, podría arrojar indicios que permita saber si hubo información confidencial que fue entregada para el beneficio de individuos o grupos empresariales, y sus nexos con funcionarios del gobierno federal.

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AMLO aún puede rescatar el NAIM

Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, indica que quieren tomar el foro por los cuernos. Florestán

El tema del nuevo aeropuerto en Texcoco es el que ha llenado la atención en estas semanas del gobierno de transición sin que hayamos escuchado un solo argumento en su defensa, de no ser por las declaraciones que hizo el presidente Peña Nieto, que no han sido replicadas por los integrantes de su gabinete, que ya está en otra cosa, por su partido, por los gobernadores priIstas ni por sus legisladores.

Lo más que llegó a decir Gerardo Ruiz Esparza, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados con motivo de la llamada glosa del último informe de gobierno, es que de abandonarlo costaría 100 mil millones de pesos. Pero eso sirvió para fortalecer los argumentos que le han presentado a Andrés Manuel López Obrador de que, efectivamente, se perderían 100 mil millones de pesos de una obra que rebasaría los 300 mil millones, mientras que su proyecto Santa Lucía-Benito Juárez-Toluca costaría otros 100 mil, que le ahorrarían otro tanto que destinará a sus proyectos sociales, además de que terminarían dos años antes que el de Texcoco.

Debo decir que he registrado cómo el proyecto del NAIM muere en su programa de gobierno, cuando en un momento creí que se iría por ahí dado el impacto macroeconómico que sus ingenieros no alcanzan, o no quieren, ver, como ayer Javier Jiménez Espriú que declaró que seguir con el proyecto del NAIM sería ponerle dinero bueno al malo, cuando lo que no alcanza a ver es que el dinero bueno se le pondría al malo con su eje Santa Lucía-Benito Juárez-Toluca, y todo por no querer terminar una obra, afirman los cercanos, iniciada por el presidente Peña Nieto.

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Y en ese sentido va todo: declaraciones, consulta, organización para responder, movimiento y línea. Yo lamento que AMLO haya descartado el proyecto del NAIM influido por una visión cortoplacista de los suyos, pero quien más lo va a lamentar, después de todos, será él como Presidente, por el impacto que va a tener en lo que llaman mercados, que podría producir lo que él menos quiere: una crisis económica.

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Morena ya quiere su Secretaría de Seguridad

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que después de que la mayoría de las Comisiones ordinarias fueron instaladas en la Cámara de Diputados, nos cuentan que ahora sí viene lo mero bueno. El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, informó que a partir de la próxima semana se vienen las primeras aprobaciones de iniciativas que ha presentado su grupo parlamentario. Nos adelantan que los primeros proyectos en entrar a la cocina legislativa son la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la iniciativa para echar andar el plan de austeridad en el gobierno federal, la eliminación del fuero y la de publicidad gubernamental. Así que los morenos meten el acelerador en el Congreso.

Esparza, tras la joya de la corona

Una vez que el líder del SME, Martín Esparza, se sumara en 2014 al proyecto de la reforma energética del actual gobierno federal, con la intención de consolidar su cooperativa y entrarle otra vez al servicio eléctrico, nos cuentan que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador tomó distancia de la organización sindical. Y en las actuales circunstancias, nos hacen ver, don Martín anda muy movido en busca de la joya de la corona de la 64 Legislatura: los legisladores de Morena, para ponerse a sus órdenes y luego buscar la absolución del futuro jefe del Ejecutivo. Ah, pero otro expediente pesa sobre el sindicalista: haber intervenido a favor del grupo Hidalgo en la Cooperativa Cruz Azul, otro elemento que provocó más distancia con quienes asumirán la conducción del próximo gobierno.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que en el proceso para designar integrantes a la dirigencia nacional del PRI, incluida la Secretaría General a la que se inscribió Arturo Zamora, se comenta entre los priistas que no dejarán pasar a militantes que sean impresentables, como Ulises Ruiz, acusado de todo tipo de triquiñuelas durante su paso por el gobierno oaxaqueño.

Se busca que a esos cargos acceda gente que no arrastre antecedentes nefastos —suerte con eso— y precisamente hoy habrá Consejo Nacional para avalar nombramientos.

Que hay quienes opinan que la coordinadora de AMLO en el Estado de México y actual senadora, Delfina Gómez, debería medir los riegos de buscar hacer cambios al programa estrella de la administración de gobernador Alfredo del Mazo, el Salario Rosa, y es que el mandatario estatal ha tenido buena mano izquierda con el Presidente electo, directa y sin intermediarios, lo que se notó en su reciente visita a Toluca.

Además, es más que claro que ese sector de la población apoya al mandatario estatal y le trae buenos dividendos. A ver.

Que el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, puso a disposición del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador toda la información disponible en materia de seguridad, a fin de que el nuevo modelo dividido en 265 regiones para el combate a la delincuencia pueda alcanzar los mejores resultados a la brevedad posible.

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Redacción Ángulo 7http://www.angulo7.com.mx/author/redaccion/
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