En Tabasco, organizaciones civiles y órganos autónomos analizan medidas legales para echar para atrás las reformas aprobadas a las leyes de obras, mediante las cuales el gobernador puede declarar cuando una obra puede ser atribuida a una empresa vía adjudicación directa.
Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), explicó que dicha ley “Al ser claramente contrarias a la Constitución estamos analizando los medios legales a nuestra disposición, para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un análisis de control constitucional”.
Esta modificación, a probada el 26 de septiembre pasado, ha sido nombrada como “Ley Compadre”, pues permitirá entregar de manera directa obras a cualquier persona, algo que va en contra de prácticas anticorrupción.
Por su parte, el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) Juan Padillas Carpizo, señaló que esta legislación aprobada violenta los principios constitucionales en el uso de recursos públicos”.
Estas modificaciones, al ser aplicadas en proyectos energéticos, fueron interpretadas como legislaciones para allanar el camino en proyectos prioritarios del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas con impacto en el estado.
Editado por Lorena González Guzmán
Fuentes: El Financiero/Huffingtonpost