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Aliados incómodos (I/II)

Cartas a Gracia

Muchos de los actores políticos en el ejecutivo -local y federal- y en el legislativo, coinciden con las pretensiones y las demandas por abrogar la reforma educativa planteadas por maestros y maestras, y por la CNTE; pero, y aunque la organización magisterial se manifiesta por la cancelación total de las modificaciones a los artículos 3 y 73 de la Constitución política lo mismo que por la supresión de las leyes secundarias autorizadas a su amparo, no sucede tal cual con los políticos implicados en la cuestión, quienes no definen aún el alcance que tendrán sus acciones pero responden de diferentes maneras y en diferentes foros, que los días de vida de la auto calificada como la más importante de las reformas estructurales -impuestas a la sociedad mexicana- por la administración que fenece, están contados Gracia. No obstante no son los únicos. Rectores de universidades descentralizadas y autoridades educativas locales también “emplazan” al rediseño de un acuerdo federal que salve de la quiebra a unos y a otros, y ahí, sus demandas coinciden con las de maestras y maestros. Los mensajes tienen jiribilla, pero tal pareciera que están dirigidos al nuevo titular del ejecutivo federal y en materia educativa, al designado como el próximo encargado del despacho. Pretenden refundar los pactos o acuerdos que originan desventuras entre los primeros, los segundos y quienes padecen las consecuencias de las políticas instrumentadas por años de aplicación de un modelo vigente desde los años 80.

Incuestionable Gracia. Los titulares del poder ejecutivo de las entidades y las autoridades educativas locales también padecen las de Caín, y lo mismo que maestros y maestras sufren -aunque de otra manera- los efectos perniciosos de la reforma educativa. La expoliación final inicia en septiembre del 2013, con el anuncio de recentralización de la nómina educativa FONE y la conclusión del FAEB. Bajo la premisa “de que se chinguen la lana en los estados a que nos la chinguemos en la federación, mejor nos la chingamos en la federación”, el encargado de la finanzas nacionales anuncia en 2013 “la recuperación de los recursos” transferidos con el pretexto de darles transparencia, culpando a las autoridades locales y a las dirigencias magisteriales de un quebranto financiero propiciado por una “doble negociación salarial”, originada -casualmente Gracia-, por decisiones adoptadas centralmente y por el aparente uso discrecional de los recursos del ramo 33 transferidos a las entidades. Hay que remontarse a 1992 en el que, a instancias del gobierno federal, se firma un pacto tripartito entre la federación, los gobiernos de la entidades, y los titulares de las relaciones laborales colectivas (SNTE); acuerdo por el que se transfieren a los estados, recursos financieros, humanos, muebles e inmuebles, asumiendo la federación el compromiso de la entrega de recursos financieros suficientes para atender la creciente demanda de servicios educativos tanto de origen federalizado como estatal.

Y, es ahí Gracia, en donde la puerca tuerce el rabo. De la distribución discrecional de recursos financieros por parte de la federación a las entidades, se pasa en 2007, al reparto mediante una fórmula conocida como Nuevo León, integrada por diferentes rubros definidos el 13 de septiembre del 2007 por “un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto” mediante el que se reformaron, adicionaron, derogaron y abrogaron diversas disposiciones fiscales contenidas en el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). Entre los componentes de la fórmula, se consideraron el gasto por alumno matriculado; el gasto educativo del año previo; un índice de calidad educativa -jamás definido- y el gasto educativo estatal. De entrada resultó desfavorable para las entidades más pobres del país y que prácticamente carecían de la prestación de servicios educativos de origen estatal como Oaxaca y Michoacán -y que por lo tanto destinaban recursos menores del gasto estatal al rubro educativo- pronto favoreció la transferencia de recursos provenientes del ramo 33 de las entidades más pobres (Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Michoacán) y que más lo requerían -ubicadas en centro sur y sureste de la República-, a las entidades más ricas y que más recursos invertían –previamente- al sector educativo (Estado de México, Guanajuato, Puebla, Jalisco y Yucatán). Esta transferencia de recursos creciente implicó, entre 2007 y 2013, más de 0.05 por ciento de los recursos transferidos a los que tenían derecho, de haber permanecido estática la fórmula de distribución aprobada en 2007. Los recursos del FAEB eran crecientes conforme a la inflación Gracia; pero, la participación porcentual entre las entidades fue siempre deficitaria para los entidades más pobres, al no considerarse componentes como los de marginación, distribución geográfica, pobreza y otros similares. Quienes necesitaban más recursos recibían menos, producto de una distribución inequitativa, agravando las desigualdades entre las 5 entidades ganadoras por el reparto y las 18 perdedoras por la aplicación de la formula.

La descentralización de los servicios educativos de origen federalizado a los estados -en quienes recayó la figura de patrones sustitutos- tuvo repercusiones inmediatas en detrimento de quienes asumían las otrora responsabilidades educativas centrales. Pronto (1994) la federación propicia una doble negociación salarial con el SNTE primero, y con las secciones después, que impactan a las débiles finanzas de las entidades, al no ir acompañada de “recursos suficientes” para atender la creciente demanda de servicios educativos (a los que se comprometiera el gobierno federal en el Acuerdo Nacional parta la Modernización de la Educación Básica) producto de la obligatoriedad para prestar servicios de educación preescolar primero y de educación media superior después, que permitirán que en 2018, maestras, maestros, padres y madres de familia y autoridades estatales, se conviertan en aliados incómodos en contra de la reforma educativa peñista.

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.

Sobre Gustavo Santín Nieto

Gustavo Santín Nieto
Director del Instituto Universitario de Puebla (IUP).
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