Quizá la decisión política más difícil tomada por el morenovallismo para enfrentar la elección de gobernador haya sido la de sostener, a cualquier costo, la virtual victoria de la consorte del jefe aprovechando el control de las instituciones electorales locales dentro de cuyos ámbitos, de acción y decisión, los voceros y representantes del grupo pueden moverse libremente manteniendo, frente a todo mundo, un discurso triunfal sobre la elección. El abigarrado entrelazamiento de grupo en el poder, gobierno y lazos conyugales hace que tal discurso sea ampliamente difundido tanto por los interesados directos como por los grupos económicos de poder fáctico y mediático ligados a ellos.
Es un discurso deshilvanado en su lógica por encubrir, intencionalmente, la exposición incompleta de los hechos electorales, favorecer a <<sus>> instituciones y machacar, hasta la saciedad, un presunto triunfo bajo el silogismo cuya premisa mayor es de ingrata memoria: repetir mil veces una mentira. No es lógico ni confiable porque utiliza a conveniencia los sesgos que posibilita el lenguaje figurado para arrojar culpas propias a otros cuando la evidencia de los hechos afecta su imagen política. El argumento más socorrido para evadir las acusaciones de fraude y elección de estado que se les endilgan, ha sido: <<Hay una falta de respeto a los miles de ciudadanos que trabajaron el domingo el día de la elección>>. Quienes atribuyen tales vicios a la elección han señalado enfáticamente a los organismos electorales locales como los perpetradores de maquinaciones cibernéticas, documentales y aritméticas que habrían servido para alterar el sentido de la voluntad popular. Sin embargo, el manejo perverso del lenguaje en ese argumento, saca del enfoque a dichos organismos y mediante una distorsión discursiva coloca a los ciudadanos que participaron en la organización y celebración de los comicios. La intención es obvia: malquistar a los ciudadanos con los impugnadores de la elección.
Variantes retóricas del mismo artificio lingüístico son: <<descalificar el proceso electoral y pretender anular la elección, ofende a todos los ciudadanos que participaron en el proceso electoral, a todos los votantes y a las autoridades electorales>> (Max Cortázar); <<lamentó que se dedique a descalificar a las instituciones electorales, pero sobre todo, a los miles de poblanos que fungieron como funcionarios de casillas, cuyo trabajo debe reconocerse>> (Jesús Giles); <<Que se pongan a ver por Puebla. El estar en estos conflictos no ayuda en nada al estado ni a los poblanos>> (señora Alonso).
En contraste con estas afirmaciones, al reconocer un faltante de 16,500 boletas de la elección de gobernador, los triunfalistas no tienen inconveniente para asegurar que: <<la naturaleza ciudadana de los funcionarios de casilla los hizo errar a la hora de integrar los paquetes que remitieron al IEE tras los comicios del 1 de julio>> (abogado Ismael Aguilar Sierra). En el mismo sentido se pronuncia el Presidente del IEE: <<los consejeros solo sumamos lo que viene en las actas que mandan de los consejos distritales, que es donde se detectaron las anomalías>>. Un discurso pide no ofender a los ciudadanos; con otro, les cargan culpas.
Otra fuente de inconsistencias discursivas es el recuento de votos donde el Tribunal Electoral federal se limitó a evidenciar las circunstancias –“incidencias”- que afectaron la certeza del cómputo de votos; razón por la cual, no hizo pronunciamiento alguno sobre cifras de la elección. Resulta pueril creer –y hacer creer- que el recuento tenía por simple finalidad verificar si los consejeros del IEE saben o no sumar; si contaron bien, o no, los votos para corregirles la plana. El discurso triunfalista vertido luego de casi tres meses que el IEE tuvo en custodia la documentación de la elección (el zorro cuidando el gallinero), ha hecho decir a sus portavoces que el recuento confirmó la victoria de la consorte jefa. Desde que el tribunal federal remitió los resultados del recuento –no cifras, sino los elementos para valorar su certeza- al TEEP, las expresiones <<reconozcan su derrota>>, <<nada les acomoda>>, <<muestren madurez política>>, <<vean por el bien del estado>> u otras similares, inundan los espacios públicos y mediáticos.
Decir que el recuento confirmó el triunfo en la elección, es una falsedad en la medida que el tribunal federal no emitió ni avaló cifra alguna. Si tanta seguridad había en el resultado favorable por qué, el IEE y el TEEP en su momento, negaron ese recuento. Pedir respeto a las instituciones implica todas las que configuran el espectro del estado mexicano y no solo a las que, sabidamente, actuarán bajo consigna. Es inconsistente, antidemocrático e ilegal el discurso que solicita reconocimientos de derrota electoral anticipada al adversario sin haber concluido el proceso electoral en todas sus instancias jurídicas, ni existir fallo del Tribunal Electoral federal que la determine, como único órgano del Estado facultado para resolver en definitiva sobre el resultado de la elección. En este sentido, es el discurso triunfalista, el que no respeta las instituciones.
Son las anticipaciones públicas del presidente del TEE las que evidencian la parcialidad de su actuación: <<Ahora que se realice el conteo, a todo Puebla y México nos quedará muy claro el resultado de la elección y del trabajo adecuado y correcto que hicieron los consejeros del Instituto Electoral>>; <<Los resultados fueron ya hechos del conocimiento público a través de los diferentes medios, que la elección quedó en 110 mil votos aproximadamente a favor de la señora Martha Erika y los porcentajes se modificaron de 4.1 a 3.9 como porcentaje del resultado final de la elección>>. El señor Chevalier no se ubica como parte de un organismo de estado, sino como miembro de un grupo político.
Se ha llegado al grave extremo de sostener que <<no existe ningún indicio de fraude en la elección>>. Páginas terribles se han escrito con discurso negativo: <<En Puebla no existen presos políticos>>, <<nadie por encima de la ley>>, <<son patrañas las acusaciones contra RMV>>. Siendo del dominio público la violencia criminal y los abusos de autoridad cometidos antes, durante y después de la jornada comicial; la extrema gravedad se alcanza cuando tal discurso es impuesto a pesar de ser las más importantes instituciones privadas de educación superior, académicos de relevancia y destacados personajes sociales quienes han documentado el cúmulo de irregularidades y se pronuncian contra lo que se califica como una elección de estado. Si el poder político de la derecha doblegara a la inteligencia, sensatez y esfuerzos civilizados de cambio la consecuencia, ésta sí lógica, será que sigamos bajo formas de gobernar cuyo resultado inequívoco y probado es el desastre social y humanitario que vive Puebla.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 04 de octubre de 2018.
José Samuel Porras Rugerio
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