Rafael Sánchez Vázquez, académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) de la BUAP, consideró que el “constitucionalismo social” es el modelo jurídico, de organización social y política ideal para reducir la pobreza y la desigualdad.
En entrevista, el nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) aseguró que estas inequidades minan la estructura social en México y que la igualdad de oportunidades es la condición “insoslayable para transitar de la democracia política a la democracia social”.
Para hacer realidad esta justicia social, propuso establecer la iniciativa popular en la actividad legislativa, “a fin de integrar coparticipación ciudadana, a través de procesos de autogestión que fortalecen credibilidad y legitimidad en instituciones jurídicas, políticas y sociales del México del siglo XXI”.
Asimismo, afirmó que México vive una crisis de valores derivado de una política capitalista neoliberal, en la cual la solidaridad y el humanismo se ven desplazados “por una visión pragmática y utilitarista del Derecho”.
Por lo anterior, señaló que es necesario integrarnos a un proceso cognoscitivo, multidisciplinario e interdisciplinario, además de regresar al constitucionalismo social, “una visión del Derecho de compromiso social, una gran aportación de los mexicanos del siglo XIX”.
Sánchez Vázquez subrayó es importante tener claridad que la educación pública “es un compromiso y el espacio idóneo para generar el pensamiento crítico que hoy reclaman las sociedades actuales”.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales
