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lunes, marzo 8, 2021

Pretenden derogar expropiaciones exprés y panistas no confían en RMV

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Los Delegados del Catastro también son mapaches electorales

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que ahora que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya se metieron a revisar de lleno los comicios para gobernador de Puebla del 1 de julio, no estaría de más que solicitaran a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) investigar qué rol jugaron los delegados del Catastro y del Registro Público de la Propiedad durante el proceso del 1 de julio.

Hasta dónde se sabe los delegados del Instituto Registral y Catastral (IRCEP), dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), fueron instruidos a llevar votantes a las urnas, y a reportar el cumplimento de esta instrucción vía WhatsApp.

Esto ocurrió el primer domingo de julio. Los directivos del IRCEP montaron un búnker en el centro comercial Plaza del Sol de la colonia Azcárate en las instalaciones de la empresa VZ estudio, simulando una actividad relacionada con el Mundial de Fútbol que entonces tenía lugar en Rusia.

A los delegados del Catastro, que hacían las veces de capitanes de equipo, se les asignó un número y una o varias secciones electorales, a las cuales tenían que movilizar al menos 10 votantes (nutrientes se les llama en el WhatsApp grupal), simpatizantes de la candidata de la Coalición por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso Hidalgo.

Cuando la tarea se cumplía los delegados tenían que reportarlo al director general con el mensaje “Ya se metió gol”.

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Per Saltum, el juicio que cambiaría la elección

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, señala que a toda esta vorágine postelectoral que mantiene a todo Puebla en vilo podría agregarse un tema adicional que rompería con todos los cálculos hasta ahora realizados.

En materia de derecho electoral, existe jurisprudencia de la propia Sala Superior del Poder Judicial de la Federación (SSPJF), que contempla el Juicio Per Saltum, que no es otra cosa que la facultad de ley, para que quien se considere afectado, pueda solicitar a la propia SSPJF que atraiga un caso de Juicio de Revisión Constitucional (JRC) cuando se considere que el tribunal estatal electoral no garantiza la imparcialidad de sus resoluciones.

Es decir, que si Morena promueve un Juicio Per Saltum ante la sala, con base en todas las pruebas que dice tener, en donde se demuestra que no existen condiciones de imparcialidad por parte de los magistrados que componen el Tribunal Estatal Electoral, sumadas a lo que se observe en el conteo de votos ordenado por ese colegiado, podrían atraer el Juicio de Revisión Constitucional, sin importar que no se hayan agotado las instancias locales, rompiendo cono excepción el llamado principio de definitividad.

De acuerdo con tratadistas en la materia electoral, consideran que el Per Saltum es un juicio garantista que protege a quienes pueden ser dañados por las condiciones de parcialidad en las entidades federativas.

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Ante esta posibilidad, no hay que descartar que los abogados de Morena acudan a la SSPJF para solicitar se aplique el Per Saltum, con lo que pasaría el expediente de la elección de gobernadores Puebla directamente a los siete magistrados de la Sala Superior, fin que el Tribunal Estatal Electoral pudiera emitir su resolución.

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Ningún partido, incluido el PRI, tiene 100% de las actas de la elección de gobernador

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en E-consulta, indica que en alguna ocasión Enrique Doger Guerrero, en una reunión con delegados federales efectuada después de los comicios del 1 de julio, presumió que solamente el PRI tenía 100 por ciento de las actas de casilla de la elección de gobernador y por lo mismo, el tricolor reconocía que había ganado la aspirante panista Martha Érika Alonso. Esa versión es puesta en duda por algunos ex candidatos del tricolor, quienes sostienen lo contrario: en varios distritos el Partido Revolucionario Institucional no pudo recuperar más de 40 por ciento de las actas de escrutinio y las copias de los padrones electorales que se entregan a los operadores políticos.

Tal situación plantea que en sí ningún partido político tiene 100 por ciento de las actas de la elección de gobernador.

Lo cual es un reflejo claro de lo viciada que está la votación, de la cual ayer, empezó un proceso de recuento por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya tendencia es anular los comicios dado el alto grado de anomalías.

Priistas chantajean con las actas y el padrón

Algunos ex candidatos a diputados y alcaldes del PRI sostienen que es una mentira que la dirigencia estatal del tricolor o el ex aspirante a gobernador priista, Enrique Doger Guerrero, tengan el total de las actas de la contienda en cuestión, por lo siguiente:

Cuando estaba por arrancar la campaña electoral se percibía una pobre participación de los miembros de la estructura del PRI en los 26 distritos locales del estado, por lo cual desde la dirigencia nacional del tricolor se dio la orden de trasmitir la siguiente información: como una manera de motivar a los operadores priistas, se ofreció que el apoyo económico por participar en la contienda sería del doble comparado al que se había erogado en los comicios locales de los años 2016 y 2013.

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Cascabel al gato

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, señala que nada bien pinta el escenario mediato para el ex gobernador de Puebla en aras de adjudicarse la coordinación de la bancada panista, como parte del acuerdo cupular de gobernadores y anayistas para conformar la dirigencia nacional del partido.

Saben que Rafael Moreno Valle sólo cuida sus intereses, no los de Acción Nacional.

Damián Zepeda y la mayoría de los integrantes azules en la Cámara Alta del Congreso de la Unión ya dejaron en claro que sin consenso interno no soltarán a nadie la coordinación.

“Estamos blindados”, advirtió a El Universal.

Moreno Valle ha tenido dos desafortunadas intervenciones. La primera ocurrió con la licencia del verdeecologista, Manuel Velasco, para regresarse de gobernador de Chiapas. Dejó la sesión frente a tooooda la bancada que votó en contra.

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RIP a expropiaciones exprés

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que una de las más grandes aberraciones en la historia de la vida legislativa poblana, son las modificaciones hechas a la Ley de Expropiación del Estado, que eliminaban la garantía de audiencia a los propietarios de un bien inmueble cuando, a consideración del Ejecutivo estatal, se justificara la urgencia para realizar una obra pública.

El texto facilitó abusos de todo tipo a lo largo del sexenio de Rafael Moreno Valle, autor intelectual de semejante atropello.

Todo parece indicar que este abusivo marco legal vive ya una auténtica agonía.

La nueva mayoría del congreso poblano pretende derogarla a través de una iniciativa presentada hace unos días por la diputada Tonatzin Fernández.

El tema, sin embargo, debe ser de especial interés de otro diputado, su compañero de bancada, quien vivió en carne propia los alcances de esa ley.

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Los poblanos estamos a salvo de la tiranía de la mayoría de Morena

Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada en Diario Cambio, señala que no en balde el inglés John Locke es el primer gran teórico moderno de la división de poderes, quien en su magna obra Dos tratados sobre el gobierno civil, definió la relación entre el Legislativo, Ejecutivo y Judicial como un “equilibrio de pesos y contrapesos”. Checks and balances es una de las máximas expresiones del pensamiento jurídico que responde a una necesidad política: la capacidad de que un poder pueda frenar a otro en sus excesos.

Pido al lector un poco de paciencia: si bien el poder Legislativo representa la soberanía popular en su máxima expresión de aprobar leyes generales e impersonales, las leyes no son leyes —valga la redundancia— hasta que interviene el Ejecutivo con una facultad fundamental: la publicación en el Periódico Oficial del Estado. Esto es, hasta que se considera que se le ha dado máxima publicidad en el órgano establecido para tal efecto.

En todas las democracias modernas se reconoce el poder de veto, es decir, la facultad del Ejecutivo para frenar la publicación de las leyes aprobadas por la mayoría. En algunos países existe lo que se conoce como “veto de bolsillo”, es decir, el Legislativo envía la ley aprobada, y el Ejecutivo nunca la publica, por lo que no asume obligatoriedad.

En otros, el poder de veto se encuentra expresamente regulado, es decir, se establece un plazo para que la legislación sea rechazada señalando puntos específicos, de tal forma que el Legislativo deba atenderlos y para superarlo, realice las modificaciones o vuelva a votarlo, a condición de que se apruebe no con mayoría simple, sino con las dos terceras partes.

Esta larga explicación académica es necesaria para entender la División de Poderes que hoy vive Puebla, pues la mayoría de 22 diputados identificados de Morena han decidido ejercer la ‘tiranía’ de la mayoría, es decir, creen que pueden hacer y deshacer conforme a sus objetivos políticos o caprichos personalísimos sin respetar los equilibrios básicos de una sociedad democrática.

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Jack el Destripador También está en el Nuevo Conteo de Votos

Mario Alberto Mejía en su columna La Quinta Columna, publicada en 24 Horas Puebla, indica que Jack el Destripador, también conocido como Mother Teresa versión Chucky, se llama en realidad Misraim Hernández y se hace pasar como activista pro derechos humanos.

Este muchacho se hizo famoso cuando le apretó el pescuezo a un joven panista que participaba en la recopilación del material electoral del Partido Acción Nacional en el Hotel MM.

Como el hipócrita lector recordará, diputados y senadores electos de MORENA llegaron a dicho lugar como porros de Conservatorio y se fueron a los golpes en contra de quienes se cruzaban a su paso: mujeres jóvenes, personas de la tercera edad y muchachos como el que sufrió la esquizofrenia de Jack el Destripador (Capítulo Puebla).

Una vez que intervino la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), todo mundo entró en un impasse, menos los porros de MORENA, quienes insistían en que en el MM había una mapachera electoral.

Una vez analizado el material, la FEPADE dio a conocer que no había nada en la recopilación de los documentos, una vez que eran copias a las que tenían acceso todos los partidos políticos.

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Redacción Ángulo 7http://www.angulo7.com.mx/author/redaccion/
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