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viernes, febrero 26, 2021

Mecánica del crimen en Ayotzinapa y los legisladores «incómodos» de Morena

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Ayotzinapa, la verdad política

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que en 29 días, afirmaban funcionarios de la PGR, la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, estaba concluida. Tomás Zerón, en ese entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, detalló ante su jefe, el exprocurador Jesús Murillo Karam, y los secretarios de Gobernación, de la Defensa y la Marina, que en ese periodo se detuvo a casi 100 personas, se lograron las confesiones del crimen y se estableció cuál era la red de protección institucional que había aquella noche en la Tierra Caliente guerrerense. “Se lo tienes que explicar al presidente”, dijo el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Días después en Los Pinos, tras su exposición, le dijo el presidente Enrique Peña Nieto: “No quiero pasar como el presidente que asesinó a los estudiantes”. Sólo había un problema, replicó Zerón, cómo explicar públicamente lo que había sucedido en Iguala.

La mecánica del crimen, junto con los antecedentes de los presuntos responsables, como se detalló en este espacio en su momento, los había narrado Zerón. Tenían a los asesinos, y sabían el lugar donde los habían matado, incinerado y tirados en bolsas, explicó. No tenían un móvil claro, aunque Murillo Karam identificó como autores intelectuales a José Luis Abarca, en ese entonces alcalde de Iguala, y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de los jefes de Guerreros Unidos. El problema en ese entonces no era explicar lo que había sucedido en Iguala, sino la omisión y negligencia del gobierno federal para evitar que sucediera. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda los había investigado durante un tiempo por lavado de dinero, pero nunca actuó. La PGR ignoró las peticiones de la Fiscalía General de Guerrero para que procesara a Abarca como presunto responsable del asesinato, de propia mano, de un líder del PRD opuesto a él. De haberlo hecho, la red de protección institucional se habría roto. ¿Pudo haber evitado el crimen? Probablemente.

En esos momentos de otoño de 2014, el presidente era criticado por no haber actuado con prontitud para esclarecer el crimen, y pagaba los errores de sensibilidad y oficio de dos de sus más cercanos colaboradores: el subsecretario de Gobernación, su compadre Luis Miranda, y el entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño. Miranda no entendió la gravedad de aquél ataque cuando el exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, le informó lo que estaba pasando la noche del 26 de septiembre, antes de que desaparecieran. El domingo 28, tras una exposición de Murillo Karam en Los Pinos, donde dijo que todo era un conflicto entre narcotraficantes, se optó, pese a que la PGR debió haber actuado por el tipo de presunto delito involucrado, por dejarlo en manos del gobierno de “los guerrerenses”. Nuño ratificó el lunes 29, en su reunión semanal de estrategia, que era un asunto del ámbito municipal.

La ausencia del gobierno federal durante 15 días transitaba rápidamente de convertirse de un crimen local, a uno de responsabilidad federal. La preocupación en el gobierno se mantenía. ¿Cómo explicarlo a la opinión pública para que tuviera credibilidad? La entonces subprocuradora de Derechos Humanos, Eliana García Lagunes, sugirió que se invitara a expertos extranjeros para que acompañaran la investigación. El gobierno, decía, no tenía ninguna otra opción para tener legitimidad y credibilidad en la investigación. Era el único camino para evitar lo que temía Peña Nieto, que lo recordaran como “el asesino de los normalistas”. García Lagunes acercó al Equipo Argentino de Antropología Forense con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, y le propuso a Murillo Karam a Emilio Álvarez Icaza, en ese entonces secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le abrió la puerta al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que se convirtió en una pesadilla para el gobierno.

La razón de tanto desencuentro fue que la versión del gobierno, llamada por Murillo Karam “la verdad histórica” por sugerencia de Zerón y contra la opinión de varios investigadores de la PGR, fue descalificada por expertos internacionales. La versión es que los normalistas fueron asesinados e incinerados en un basurero de Cocula, contiguo a Iguala, donde se demostró científicamente que había cenizas que pertenecían a uno, sólo uno, de los jóvenes desaparecidos. La versión fue atacada por violaciones en la cadena de custodia, el protocolo que establece que las evidencias de un crimen no hayan sido alteradas. El 8 de diciembre de 2014, el equipo de peritos forenses argentinos dijo que no podía confirmar que esas evidencias hubieran sido tomadas del sitio donde dijeron las autoridades.

Aquí la columna completa

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Diputado, actor y viajero

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que nos dicen que en los mandos de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados se truenan los dedos por lo incómodos que pueden resultar para su proyecto e ideales algunos de sus legisladores. Es el caso, nos comentan, del diputado y actor Sergio Mayer, quien a pocos días de iniciada la legislatura, viajó ayer a un foro a Washington, D. C. La angustia viene porque don Sergio ha cometido ya varias pifias que han desatado memes y burlas en las redes sociales. La más celebre, cuando confundió a la Profeco con la Profepa. Don Sergio acude a una “Gala Internacional” en materia de medio ambiente, especializada en conservación y desarrollo sustentable. Así que si ve usted prendida una que otra veladora en San Lázaro, es para que el diputado por Morena no se siga exponiendo a las polémicas. Nos aclaran que los gastos de don Sergio los pagan los organizadores, eso sí, muy a tono con la política de austeridad que promueve Morena, pero la pregunta que varios se hacen es qué ganan los mexicanos con el viaje de Mayer y si es esa actividad una prioridad como para que el diputado se ausente en los primeros días de la naciente legislatura.

Chapulines y tarzanes en el PAN

Si usted pensaba que una vez pasadas las elecciones se acabó la temporada de “chapulines”, esos que brincan de un cargo político a otro, se equivoca. Nos comentan que al PAN se acercan de cuando en cuando algunos chapulines cada vez que ven una elección en puerta, y que se hacen los aparecidos aunque sea para salir en la foto. Es el caso, nos dicen, del ex vocero de Margarita Zavala, Jorge Camacho, quien durante la contienda del 1 de julio, externó su respaldo al abanderado presidencial del PRI, José Antonio Meade, luego de que la ex primera anunciara su decisión de salirse de la contienda. Nos señalan que Camacho, ex candidato a la gubernatura de Guerrero, gracias al respaldo de Ricardo Anaya, ahora forma parte del equipo del aspirante a la candidatura por la presidencia nacional de PAN, Manuel Gómez Morín, por lo que algunos panistas nos aseguran que desde que don Jorge formó parte del grupo cercano a la ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, anda como Tarzán “de una liana a otra”.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que en las últimas semanas se ha visto muy activos públicamente a algunos ministros, de entre los que, a decir de servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, saldrá el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Según cuentan en oficinas judiciales, la presidencia a partir del próximo año recaerá en uno de estos tres: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo o Alberto Pérez Dayán. A ver.

Que el tiempo corre en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, encabezado por Francisco Javier Acuña, porque a la brevedad deberá emitir los lineamientos para que el Fideicomiso de Transición, que acumula 150 millones de pesos, publique en un portal de internet la información pública de oficio sobre el manejo de dichos recursos, destinados a financiar los trabajos de cambio de gobierno.

El pasado 12 de septiembre se anunció la incorporación del fideicomiso a la lista de sujetos obligados a los que se puede formular solicitudes de información, pero falta que abra su portal con los datos para los que, por ley, no es necesario redactar solicitudes.

Que horas después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolviera que en la elección de Puebla se recontará voto por voto, casualmente se apareció en el Senado el presidente del tribunal poblano, Fernando Chevalier, en cuyo poder están las ponencias del conflicto poselectoral.

Aquí la columna completa

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Redacción Ángulo 7http://www.angulo7.com.mx/author/redaccion/
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