Ayotzinapa: el Ejército, el enemigo
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acudió a la Secretaría de la Defensa para hacer las paces con el general Salvador Cienfuegos. Le ofreció una disculpa por las declaraciones que hubieran lastimado a las Fuerzas Armadas y acordaron tener una relación fluida. El general secretario Cienfuegos le expresó la institucionalidad castrense con el jefe del Ejecutivo, pero trascendió que las suspicacias sobre los propósitos de López Obrador no desaparecieron. Tiene razón. El equipo del presidente electo está convencido de que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, hace casi cuatro años, fue un crimen de Estado realizado por militares.
La persona que será la encargada por parte del gobierno de llevar la batuta en la investigación del Ejército es Alejandro Encinas, quien sustituyó a López Obrador en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cuando participó en su primera campaña presidencial, y es el subsecretario de Gobernación designado para Derechos Humanos. Encinas elaboró una ruta de trabajo de 100 días, que inició el 15 de agosto, para construir el andamiaje que permita al próximo gobierno iniciar con fuerza y rapidez una ambiciosa política que enfoque en Guerrero la política de defensa de los derechos humanos.
El plan incluye el envío de una iniciativa de ley tan pronto como inicie el nuevo gobierno, para la creación de una comisión de la verdad en Guerrero, que revise la historia de las violaciones a los derechos humanos en los últimos 60 años. El objetivo es que se escarbe en la historia de la guerra sucia en los años 60, donde murieron los dos líderes guerrilleros icónicos, Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, quien estudió en la normal de Ayotzinapa, y en los 70, donde, de acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en un informe divulgado en 2006, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó operaciones de contrainsurgencia en Guerrero, asemejada a las guerras de baja intensidad, para eliminar a la guerrilla o a “los sospechosos de ser subversivos”.
De acuerdo con el plan del futuro gobierno, la comisión de la verdad investigará las matanzas en Aguas Blancas, en 1995. El Charco, en 1998, y Ayotzinapa, en 2014, además de los asesinatos de 12 dirigentes sociales en esta década, que incluye a varios donde estuvo involucrado, de acuerdo con testimonios en la PGR, José Luis Abarca, quien era alcalde de Iguala la noche del 26 de septiembre, cuando la Policía Municipal privó de su libertad a 43 normalistas de Ayotzinapa y se los entregó a Guerreros Unidos. Aunque la comisión de la verdad que será creada abarcará tantos casos que difícilmente podrán agotarlos durante todo el sexenio, es lo que sucedió en Iguala en donde hay un interés particular.
Varios padres de los normalistas, sus abogados, así como organizaciones de derechos humanos en Guerrero y expertos internacionales, están convencidos de que la desaparición de los normalistas fue un crimen de Estado, operado por los jefes militares en la entidad a través del Batallón 27 de Infantería que se encuentra en Iguala, bajo el mando de la 35 Zona Militar, que la noche del 26 de septiembre observaron la agresión a los normalistas y no intervinieron. Miembros de ese Batallón fueron señalados en los meses previos a ese crimen en las reuniones del Grupo de Coordinación de Guerrero, presidido por el Cisen, por tener presuntos nexos con Guerreros Unidos, la organización de narcotraficantes que tiene control mayoritario en Tierra Caliente, pero que nunca se procedió a investigarlos. Incluso, las minutas de esas reuniones oficialmente no existen.
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Maldito 19 de septiembre y maldita corrupción
Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, indica que los chilangos odiamos el 19 de septiembre. En general, soy un escéptico de las coincidencias, sobre todo cuando se trata de algo tan fortuito como un fenómeno natural. Pero, caray, vaya que resulta horripilante eso de haber vivido dos sismos de gran magnitud en la misma fecha y en la misma ciudad. Así es la naturaleza en este tema de los temblores: No avisa y, para acabar de amolarla, los humanos no hemos descubierto una manera de pronosticarlos, como sí lo hemos hecho con los huracanes. El asunto es que hoy, maldito 19 de septiembre, se cumplen 33 años del sismo de 1985 y uno del de 2017. Ambos terribles y desastrosos. Ambos que sacaron lo mejor y lo peor de lo que somos.
Como en 85, frente a los edificios colapsados, observamos a la gente organizándose para rescatar a los muertos y heridos. La famosa solidaridad de la que tanto hablamos en los años ochenta y que fue fundamental para el cambio político de México. Una vez más, los chilangos dejamos a un lado nuestra chocante arrogancia, el individualismo que nos caracteriza, para acudir en ayuda del prójimo. Duró unos cuantos días. Al poco tiempo, regresamos al “sálvese el que pueda”. Pero, en el corazón chilango, siempre quedará la huella de la conmovedora solidaridad en momentos de desgracia.
El terremoto de 1985 tuvo peores consecuencias que el de 2017. Algo aprendimos y algo se corrigió del primero. Hace 33 años, la ciudad casi colapsó. 32 años después de aquel trágico episodio, menos edificios se dañaron. Hubo, por tanto, menos muertos y heridos. Las autoridades gubernamentales reaccionaron más rápido y los sistemas de comunicación funcionaron con mayor eficacia. Pero… Sí, hay un “pero”. El maldito 19 de septiembre nos recordó la maldita corrupción de este país.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha publicado un documento indignante titulado ¿Por qué se cayó mi edificio?, cinco días después del sismo, esta organización “lanzó una convocatoria para que los ciudadanos enviaran información sobre edificios que sufrieron algún tipo de afectación. El objetivo fue mostrar qué había causado esos daños, independientemente de las versiones gubernamentales. Se recibieron datos de 200 inmuebles que se complementaron con recorridos, información recopilada por ingenieros de la UNAM, así como de la Plataforma CDMX del Gobierno de la Ciudad de México. Al final se construyó una base de datos de 365 registros y se eligieron 28 edificios para realizar su autopsia”.
El resultado es 28 historias que demuestran una cadena de corrupción, negligencia e impunidad. Cito los principales hallazgos:
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Para “bancarrotas”, las de 1970, 76, 88, 94…
Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, señala que hay prólogos que luego son epílogos. Florestán
La transición era, es aún, de terciopelo. El Presidente de la República y el electo se habían reunido dos veces en Palacio Nacional, una de forma inédita con el gabinete que se irá y el que vendrá, y Andrés Manuel López Obrador había declarado ante empresarios regios, el pasado 4 de septiembre, y en otros foros, que a pesar de los problemas obvios, que los hay, se estaba dando una transición en armonía, con estabilidad, sin crisis política ni crisis financiera, incluso mencionó con visión adelantada que no nos está pasando lo que en Argentina, donde la crisis ya se le fue de las manos al presidente Macri al cumplir mil días de gobierno con una devaluación que supera 100 por ciento, como en el México de Luis Echeverría, en 1976 y el de José López Portillo en 1982, con Miguel de la Madrid en 1987-88 y en el relevo Carlos Salinas-Ernesto Zedillo en diciembre de 1994.
Cuando ahora todo corría en esa armonía, el domingo en Tepic, López Obrador se volvió a subir al templete y diagnosticó sorpresivamente la bancarrota del país.
México —dijo— está atravesando una situación económica y social muy difícil, y posiblemente por la situación de bancarrota en que se encuentra el país no podamos cumplir con todo lo que se está demandando, pero sí vamos a cumplir con todo lo que ofrecí en campaña.
Y entiendo una parte del planteamiento: no hay un solo jefe de gobierno en el mundo que pueda cumplir con todas las demandas que le plantean, es imposible, pero sí responder a las promesas de campaña, hazaña de por sí colosal, en el terreno casi de lo inalcanzable.
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Dos puentes en la cuarta transformación
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que los nuevos legisladores en la Cámara de Diputados, en plena cuarta transformación, se construyeron dos puentes en noviembre, con los que descansarán un total de nueve días en el penúltimo mes de 2018. El primero, nos explican, será con motivo del Día de Muertos: los legisladores no dejarán su labor, solo recorrerán la sesión del jueves 1 de noviembre al miércoles 31 de octubre, para descansar jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. El segundo puente, nos dicen, será de cuatro días por la conmemoración de la Revolución Mexicana, cuyo día de asueto será el lunes 19 del mes, pero los diputados se tomarán desde el jueves 16 de noviembre y regresarán el día 20. Con este calendario, nos argumentan, no faltarán a ninguna sesión de las dos que deben cubrir por semana. ¿Se están viendo más trabajadores que en otras Legislaturas?
Los mensajes de Beltrones
El ex presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, tuvo ayer una reunión con sus ex compañeros de la 62 Legislatura. Amén de la convocatoria, el sonorense sembró dos mensajes de importancia entre sus correligionarios: el hecho de que va a crear una Asociación Civil que se dedicará a analizar la situación del partido, con la finalidad de empezar una transformación a fondo del priísmo, y que haya una defensa exhaustiva de las reformas estructurales del actual gobierno, ahora que están tan vilipendiadas por el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Eso sí, nos comentan, Beltrones separó a la reforma fiscal, la cual, consideró, fue una equivocación. Y sobre el Presidente electo nos dicen que el ex gobernador de Sonora opinó que se está equivocando y se desgasta a cada rato, situación que deben aprovechar los priístas para reponer las posiciones del PRI en las elecciones intermedias de 2021. ¿Podrán?
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que otra de las comisiones que Morena dejará a la oposición es la de Derechos Humanos, al PAN, lo que ya levantó alertas entre defensores que ven con preocupación que senadores sin tradición en esas luchas presidan una de las instancias clave para la pacificación.
Si ya de por sí el gobierno electo se ha tropezado en los foros de víctimas, la trama se le va a complicar con el blanquiazul presidiendo esa área en el Senado, para la que ya alzó la mano Emilio Álvarez Icaza.
Que mientras en Ciudad de México no atinan a elegir el emplazamiento para el nuevo aeropuerto internacional, al sur, en Quintana Roo, la terminal de Cancún vuela ligero y con buen clima, pues tan solo en el último año, cuenta el gobernador Carlos Joaquín, se abrieron 27 rutas hacia ese destino, tres vuelos nacionales y 23 internacionales, sobre todo provenientes de Vancouver, Chicago, Newark, San Francisco, Múnich y Düsseldorf, entre otros.
Con su última ampliación, esa terminal puede recibir más de 31 millones de pasajeros y aún tiene mucho margen para llegar a su tope.
Que a solo un mes del cambio de gobierno, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Comisión Nacional del Agua aplicarán la interrupción más grande del suministro de dicho líquido en el Valle de México, a fin de “no dejar problemas” hídricos a la próxima administración.