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Robo de hidrocarburo en Puebla fuera de control y tren México-Toluca sí se terminará

Gobierno, pauperizado, al 30%

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que la Ley de Austeridad Republicana es el principio de un cambio sustantivo en la vida política del país. Que se acaben los gastos superfluos que habían hecho de la vida pública un instrumento de ascenso social. Dinero de los contribuyentes para su movilización socioeconómica ascendente sin rendir cuentas ante los electores ni pagar costos por su rendimiento legislativo, en muchos casos, deficiente. Pero la ley que se discutirá en el Congreso y que con toda seguridad, dada la mayoría contundente de Morena, que introdujo la iniciativa de acuerdo con los deseos del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, será aprobada, no puede caer en puritanismos ni prejuicios. Si el espíritu que anima su redacción no es expulsado durante su discusión parlamentaria, lo que resultará es una legislación que provocará un daño irreparable al servicio público, al país y al propio gobierno de López Obrador.

El impacto de lo que esta ley, en los términos como está redactada, causará, es analizado en un documento técnico sobre los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana, elaborado por 14 servidores y exservidores públicos, así como profesionistas y académicos en Administración Pública. El documento de 57 páginas no es partidista ni expresa posiciones ideológicas. Subraya las deficiencias que contemplan los lineamientos trazados en cuanto al recorte de plazas, la reducción de salarios, la cancelación de prestaciones y el aumento de la jornada laboral al personal de confianza, que representa al 20 por ciento del servicio público, que suman 318 mil personas.

Este grupo de funcionarios ha ido perdiendo poder adquisitivo desde 2003, por el congelamiento de salarios durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto hubo un ajuste en los últimos meses con base en la inflación anual. En el análisis de los 15 últimos años, este congelamiento provocó que el poder adquisitivo del personal de confianza perdiera 60 por ciento en promedio, aunque en áreas como la Secretaría de Hacienda alcanza el 70 por ciento.

La ley que entró al Congreso provocaría el despido de un total de 222 mil personas, con lo cual el servicio público mantendría únicamente a 96 mil en puestos de confianza. Esto significa una reducción del 70 por ciento del total de trabajadores en el gobierno federal, donde los principales recortes serían en las secretarías de la Defensa y la Función Pública, donde se despediría al 70 por ciento de ese grupo de trabajadores, que es un porcentaje idéntico que impactaría en la PGR. En la Secretaría de Gobernación se registraría una reducción del 63 por ciento, mientras que en la Hacienda y del Trabajo, la reducción sería de 53 por ciento.

El personal de confianza es al que se ha estigmatizado en el desordenado y poco informado debate sobre el recorte salarial a la alta burocracia. En el documento técnico que están circulando para animar a la discusión, se establece que por personal de confianza se conoce a quienes toman las decisiones en todos los ámbitos del quehacer público, y que por su naturaleza y especialización se exigen grados de estudios, conocimientos y experiencia.

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¿Se vale sabotear a un Presidente?

Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, señala que una nueva perla nos trae la presidencia de Donald Trump. Dentro de su gobierno hay funcionarios que contravienen sus instrucciones para, según ellos, proteger los intereses de Estados Unidos. En una democracia, ¿se vale que un funcionario no elegido sabotee a un Presidente que sí ganó en las urnas porque éste piensa que aquél está cometiendo errores que perjudican a la nación?

Pensando en que se trata de Trump, muchos van a gritar que “sí”. Ahora imaginemos que se trata de un Presidente mexicano que nos simpatiza. ¿Cambiaríamos de opinión? ¿Se vale juzgar este asunto con un doble rasero? ¿Sí para un Presidente que nos disgusta, no para uno que nos agrada?

Vayamos a los hechos. Estos días se juntaron dos publicaciones sobre la Casa Blanca. Por un lado, apareció en The New York Times un editorial anónimo de un “funcionario de alto rango en el gobierno de Trump cuya identidad conocemos y cuyo empleo estaría en riesgo por divulgar su nombre”.

En él se revela que hay muchas personas dentro de la administración que “trabajan con diligencia desde dentro para frenar partes de su programa político y sus peores inclinaciones. Lo sé bien, pues yo soy uno de ellos […] Nos hemos comprometido a hacer lo que esté a nuestro alcance para preservar nuestras instituciones democráticas y, al mismo tiempo, contrarrestar sus impulsos más equivocados hasta que deje el cargo. La raíz del problema es la falta de moral del Presidente […] Puede ser un consuelo escaso en esta era caótica, pero los estadunidenses deberían saber que hay adultos que se hacen cargo. Esto no es obra del llamado Estado profundo (deep state) —una teoría de conspiración que afirma que existen instituciones dentro del gobierno que permanecen en el poder de manera permanente. Es la obra de un Estado estable. Hay una resistencia silenciosa dentro del gobierno compuesta por personas que han decidido poner al país antes que todo”.

Por otro lado, se publicó Fear, el nuevo libro de Bob Woodward, el gran periodista del caso Watergate. Versa sobre la caótica presidencia de Trump. Cuenta, por ejemplo, que Gary Cohn, principal asesor económico hasta marzo, y Rob Porter, secretario de gabinete hasta febrero, retiraron, en varias ocasiones, documentos del escritorio de Trump para evitar que los firmara. Uno de ellos fue la notificación de la salida de EU del TLCAN. Woodward describe estos actos como “no menos que un golpe de Estado administrativo”.

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El PAN: historia de un arreglo, otro

Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, indica que los objetos no decepcionan, la gente sí. Florestán

Marko Cortés siempre fue uno de los más cercanos a Ricardo Anaya, al igual que Damián Zepeda. Tanto, que al primero lo hizo su coordinador en la Cámara de Diputados y al segundo, que lo elevó a presidente del PAN, y en una maniobra, su pastor parlamentario en el Senado.

Tras la derrota electoral del 1 de julio y luego de permanecer semanas sin saberse de él, Anaya regresó para hacer de Cortés el próximo presidente del PAN, a lo que se opusieron Rafael Moreno Valle y nueve gobernadores, que propusieron una planilla con Héctor Larios para esa dirigencia nacional y el poblano como secretario general. También se apuntaron Manuel Gómez Morín, nieto del fundador del partido, al que apoya Gustavo Madero que ahora se dice traicionado por Anaya, y Ernesto Ruffo, que fue quien le hizo el nuevo padrón de militantes.

Este era, es, el escenario de división, desgaste y continuidad que vivía el PAN hasta que Moreno Valle y Anaya hicieron una larga negociación de la que salió como candidato a la presidencia, el mismo Cortés, para la secretaría general, Larios y el ex gobernador de Puebla a la coordinación en el Senado, a cambio de Zepeda.

Es decir, Anaya, no obstante haber perdido las elecciones, volvió a ganar el partido, que tras la derrota del 1 de julio, era su prioridad, aunque para ello hubiera cedido la secretaría general y la coordinación parlamentaria en el Senado y que Moreno Valle fuera, como será, el hombre fuerte del partido desde el Senado y con Larios, en la secretaría general.

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Regresan las tortas al Senado, ¿siguen los bonos?

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que se dejaron quitar sueldo y prestaciones, pero no las tortas, los refrescos y la botana. Al parecer la austeridad republicana de Morena caló en lo más profundo de los legisladores, su estómago. Y pese a que el propio presidente del Senado, Martí Batres (Morena) puso el ejemplo llevando su comida en contenedores de plástico, no hubo manera de que muchos dejaran de exigir alimentos pagados por el erario. El tema de fondo, nos comentan, no son los muy pocos miles de pesos que destinarán del presupuesto para tener contentos a los senadores que tengan hambre, sino que es una manera de reconquistar privilegios perdidos. ¿Después regresarán los bonos, los autos, los seguros? La torta es sólo el comienzo.

La tragedia nacional que pudo ser

La zona norte de la capital de Puebla estuvo ayer muy cerca de registrar una potencial tragedia que pudo costar cientos de vidas y enlutar al país, cuando huachicoleros perforaron un tramo de un ducto provocando una fuga de gas LP que obligó a desalojar a unas mil 200 familias de nueve colonias, a los usuarios y locatarios de la Central de Abasto, y a casi 200 pacientes del Hospital Norte, además de que la Secretaría de Educación Pública de Puebla tuvo que suspender clases en 76 escuelas de la zona. El incidente encendió todas las alarmas en Pemex, que encabeza Carlos Treviño, en la Secretaría de Gobernación que dirige Alfonso Navarrete Prida, y al interior del gobierno de Tony Gali. Nos comentan que la perforación tuvo un altísimo grado de riesgo y que el hecho de que no se haya dado una explosión fue casi milagroso. Añaden que lo grave ahora es que los criminales ya no pican los ductos de lugares apartados, sino que lo hicieron en una zona urbana. Las autoridades locales y federales tienen un reto mayor en el combate a estas organizaciones pero, nos explican, en estos casos sería de gran ayuda la denuncia ciudadana ante cualquier sospecha de que este tipo de delito se esté cometiendo en su entorno.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que a Andrés Manuel López Obrador no le gustó que se colocaran vallas en la calle Chihuahua durante sus reuniones con los gobernadores, pues esto sucede solo en casos de visitas de embajadores o delegaciones extranjeras donde es el Estado Mayor Presidencial quien así lo solicita.

“Una disculpa, no me gusta que sea así, vengo a reivindicarme”, dijo a la prensa al dar su ya clásica conferencia banquetera.

Por cierto que fueron pocos los gobernadores que se animaron a acercarse al final y dar detalles de la reunión, aunque uno de los que salió más contento fue Alfredo del Mazo, quien recibió el respaldo para concluir el tren México-Toluca que el propio AMLO criticó durante toda su campaña… y sin consulta popular.

Que dicen que el hambre es canija, pero más quien la aguante, por lo que el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, tomó la cuerda decisión de aprobar una barra de comidas ligeras cuando se prolonguen las sesiones.

No fue fácil, porque la noche del martes, luego de que el pleno se quedara casi vacío a la hora de la comida, debatió hasta muy noche con su correligionario Martí Batres si se autorizaban chapatazo o no. Vaya con la austeridad.

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