Del 5 de abril al 1 de julio se recibieron en Puebla 54 reportes de coacción del voto, de los que el 56 por ciento fue a cambio de la credencial de elector, el 41 por ciento para votar por algún candidato y el 3 por ciento, por otros factores.
Así lo señaló, durante la presentación del proyecto “Democracia sin pobreza 2018”, Alberto Serdán Rosales, coordinador general de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, quien agregó que lo anterior es una práctica que se da no solo a nivel local, sino nacional.
Y es que, dijo, la coacción siempre la han ejercido los partidos políticos y es ilegal porque altera la voluntad de los ciudadanos, así como inmoral porque lucra con la dignidad de los más pobres y a esto se suma que queda impune como consecuencia de la debilidad institucional en que opera.
Acompañado de Miguel Ángel Calderón Chelius, coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, de la universidad Iberoamericana, y Enrique Cárdenas Sánchez, académico de la institución, comentó estos hechos siempre se dan antes de la elección y en la semana previa, por lo que urge terminar con ellos.
En el caso de Puebla, detalló que de los 54 reportes, el 39 por ciento (21) fue por la entrega de dinero en efectivo; el 33 por ciento (18) fue para la entrega de despensas, el 26 por ciento (14) al condicionamiento para dejar de recibir programas sociales, y el 2 por ciento (1) a la entrega de tarjetas electrónicas con promesas de pago diferido.
Explicó que estos datos se obtuvieron al hacer un monitoreo de campo en la percepción ciudadana sobre el propósito de los programas sociales, el cual reflejó que del total de beneficiarios de estos apoyos el 62 por ciento es de Prospera y 16 por ciento, de comedores comunitarios.
En Puebla ofrecían de 200 a 2 mil pesos
Agregó que, en el caso de la compra del voto en Puebla iba de los 200 hasta los 2 mil pesos, mientras que en otras entidades como Jalisco iban de los 500 a 10 mil pesos, mientras que en la capital del país oscilaban de los 100 a los 10 mil pesos.
De igual forma, comentó que en el monitoreo que el 57 por ciento de la coacción del voto fue de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que conformaban la alianza Por Puebla al Frente; el 28 por ciento del PRI, PVEM y Nueva Alianza (NA); mientras que el 9 por ciento fue de Morena, PT y Encuentro Social que formaron la coalición Juntos Haremos Historia, y el 6 por ciento correspondió a otros.
Refirió que lo anterior no significa que el partido lopezobradorista sea más puro, sino que la coacción se dio por la correlación del partido que gobierna y la compra de votos, es decir, dependió del color partidista de cada municipio.
Serdán Rosales manifestó que todo esto contraviene la Ley General en materia de Delitos Electorales y, para el caso de la fotocopia de la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), viola las leyes de protección de datos personales, sin embargo, las autoridades siguen sin hacer algo al respecto.
En el ámbito nacional, mencionó que el 9.1 millones de electores contestaron que recibieron alguna dádiva, pero “votaron por quién quisieron”, es decir, no hicieron caso a lo que les dijeron cuando les coaccionaron el voto, mientras que 15 millones de personas rechazaron las ofertas que les hicieron.
Pobreza, objeto del deseo de la política
Esto porque en la encuesta aplicada el 68 por ciento consideró que durante las campañas “se debe sacar lo que se pueda de partidos y candidatos”, ya que después de las elecciones olvidan lo que prometieron; en Puebla el 88 por ciento hizo lo mismo.
“La pobreza debe dejar de ser el objeto del deseo de la política, pues este fenómeno es la manzana podrida del sistema mexicano, divide a la sociedad con más de un 50 por ciento de mexicanos pobres y derechos, ni siquiera el elemental derecho de la democracia”, pronunció.
En ese tenor, el especialista aseveró que el proyecto “Democracia Sin Pobreza 2018” tiene el fin de coadyuvar ante los ciudadanos para hacer frente a pobreza, erradicar las acciones clientelares que no tienen objetivos claros y, sobre todo, la compra de votos.
Detalló que para lograr esto las acciones para combatir la pobreza debe basarse en dos principios: un nuevo modelo económico articulado a la política social, y un enfoque de derechos conforme a lo que establece el artículo 1 de la Constitución federal.
Manifestó que lo anterior fue elaborado en conjunto entre Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y la universidad Iberoamericana, mismo que contempla 10 puntos, mismos que pueden ser consultados a través de esta página.
