A doce meses del sismo del 19 de septiembre de 2017, en la Ciudad de México, la vida de la gente que perdió a su familia y su patrimonio aún no se restablece. La impunidad es lo que predomina, ya que tanto constructores como autoridades hacen a un lado las normas de seguridad.
Así lo determinó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en su investigación “¿Por qué se cayó mi edifico? La corrupción y la negligencia que acabaron con vidas y patrimonio”.
En este informe, la organización determinó que el Reglamento de Construcciones, catalogado como uno de los mejores del mundo, se ignora tanto por las autoridades como por los constructores de la capital mexicana.
Puntualizó que no sólo se hacen a un lado las normas. En algunos de los edificios seleccionados para esta investigación se encontró que se utilizan documentos falsos, con información imprecisa o datos que no corresponden a lo que se construye.
Faltan autoridades bien capacitadas
Por su parte, las autoridades del gobierno central y delegacionales otorgan permisos sin revisar planos o estudios de suelo. Y aunque los revisaran, muchos de ellos no tienen los conocimientos profesionales para hacer una correcta evaluación.
Detalló que los ciudadanos quedaron atrapados en edificios en donde se hicieron modificaciones en los cálculos de ingeniería para aumentar los márgenes de ganancias de las constructoras; en inmuebles levantados con materiales de baja calidad o insuficientes; en sitios construidos sobre cimientos viejos, pero que se presumían como departamentos nuevos. Las familias afectadas invirtieron sus ahorros o comprometieron su patrimonio en cascarones.
Entre las empresas involucradas están Vertical Homes, Canada Building Systems de México, Promotora e Inmobiliaria Dekah, Vívelo en Eje Central 526, Elite Apartments, Inmobiliaria Sacomo, Lonai Group Property Services, Inmobiliaria Álvaro Obregón, Helicópteros de Puebla y HIP HABITAT.
11 años antes advirtieron de “deficiencias”
Después del sismo de 1985 se creó la figura de los Directores Responsables de Obra (DRO) y la de los Corresponsables en Seguridad Estructural (CSE). La intención, entonces, era contar con profesionales que garantizaran que las nuevas edificaciones cumplían con el Reglamento de Construcciones. Con el tiempo, esa figura se pervirtió.
Desde 2006 —once años antes de la emergencia del 19 de septiembre del 2017— los investigadores Eduardo Reinoso, Miguel A. Jaimes y Marco A. Torres, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, publicaron el estudio “Evaluación de la Observancia al Reglamento de Construcción en la Ciudad de México”, en donde presentaron resultados de la revisión que hicieron a edificios construidos después de 2004.
Ahí advirtieron que muchos de ellos “tendrían un desempeño inadecuado durante un sismo intenso”, ya que no cumplían con los mínimos requeridos en el Reglamento de Construcciones.
La impunidad es lo que predomina
En la Ciudad de México, 228 personas murieron en los edificios colapsados; cuatro más fallecieron en los hospitales durante los siguientes días. Además de los 38 edificios que colapsaron, las autoridades de la ciudad no han informado sobre la totalidad de inmuebles con daños.
En octubre de 2017, las estimaciones del gobierno federal para la capital del país eran de 5 mil 765 viviendas afectadas; de las cuales 2 mil 273 tuvieron daño total. Se abrieron 204 carpetas de investigación; 135 por oficio, 65 por denuncia y obtuvieron 65 órdenes de aprehensión, según los datos del Programa de Reconstrucción que presentó el Gobierno de la Ciudad de México.
Sin embargo, los dueños de empresas inmobiliarias y DRO están prófugos. No se ha sancionado a ninguna autoridad que haya firmado manifestaciones de construcción o autorizaciones de uso de suelo.