El senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, defendió que votó a favor de otorgar licencia a Manuel Velasco Coello porque iba contra la ley no hacerlo, independientemente de la calidad moral del gobernador de Chiapas.
“Nadie califica la calidad de un senador o un gobernador. Yo no califico la calidad del gobernador de Chiapas, eso lo harán los ciudadanos, pero a nadie se le puede prohibir el derecho a separarse del cargo”, puntualizó.
Lo anterior, luego de que él y su compañera de fórmula Nancy de la Sierra Arámburo, al igual que los demás morenistas, cedieron para otorgarla la licencia al emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y así regresar a terminar su gestión como mandatario.
En otro tema, señaló que la iniciativa presentada el jueves por su homólogo Martí Batres Guadarrama busca reformar la Ley de Aguas Nacionales para eliminar lo aprobado por el PRI en 2015, con lo cual se abrió la puerta para que particulares administren y vendan el recurso hídrico.
En rueda de prensa este lunes, Armenta Mier señaló que la propuesta de ley pretende prohibir las concesiones o contratos para construir, operar y mantener la infraestructura del agua potable, es decir, justamente lo que permite el marco legal poblano, que otorgó a Concesiones Integrales dicho servicio.
De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria del Senado, la iniciativa exige establecer que “todo ser humano tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como a conducir investigaciones independientes de todo tipo para monitorear su calidad y proponer medidas para su uso sustentable. El Estado garantizará este derecho”.
Asimismo, proyecta que “la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponden al Ejecutivo federal, que la ejercerá directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)”.
Se prohibirán por ley concesiones
Para rematar, sentencia que “no se otorgarán concesiones o contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica o para prestar los servicios asociados a ésta. Queda prohibido que un particular realice actos de administración y comercialización del servicio de agua potable”.
Armenta Mier puntualizó que cuando se aprueben estas reformas, el Congreso de Puebla podrá homologar la Ley Estatal del Agua con la federal, a fin de que se prohíban las privatizaciones en el estado y, a la par, revocar la que se aprobó en el 2014.
Consideró que “la opacidad” en la que fue otorgada la concesión a Agua de Puebla por el gobierno del panista Rafael Moreno Valle, así como las miles de quejas ciudadanas por la mala calidad del servicio ayudarán a revertir el contrato celebrado con Concesiones Integrales que, por cierto, se mantiene en secreto.
Calificó nuevamente de ilegal todo el proceso en que fue entregado el líquido en la capital poblana y condenó que, a una semana de irse, los mismos diputados que aprobaron la privatización del agua, avalaron entregar a un particular 42 hectáreas del parque Flor del Bosque.
También reprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) —aprobada el viernes— que permitirá a su titular, Víctor Carrancá Bourguet, designar a su remplazo antes de irse.
Confío en que la nueva legislatura, donde la coalición Juntos Haremos Historia será mayoría, revierta todas estas acciones al aseverar que van contra “la voluntad ciudadana”.