Morena recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertir la reforma constitucional que permitirá a la panista Martha Erika Alonso Hidalgo rendir protesta como gobernadora en el TSJ y no en el Congreso local, si el Tepjf confirma su triunfo.
A través de una acción de inconstitucionalidad, se demandará echar abajo la modificación por contravenir con el artículo 105 de la Carta Magna, que prohíbe modificar la ley electoral durante un proceso electoral.
En rueda de prensa este miércoles, el excandidato a la gubernatura Miguel Barbosa Huerta denunció que la ley aprobada el 15 de agosto por los diputados locales, a petición del gobernador Antonio Gali Fayad, es ilegítima porque atenta contra lo establecido en la Constitución.
Esto debido a que, si bien el cómputo estatal concluyó el 8 de julio, cuando la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle recibió la constancia de mayoría, recordó que ambas cosas fueron impugnadas por él y Morena, extendiendo de forma indefinida el término del proceso electoral.
Como espera que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) no admitirá que hubo un fraude electoral ni reconozca su triunfo, Barbosa Huerta enfatizó que recurrirá al Tepjf, así que hasta que este emita un fallo, terminará el proceso electoral.
En este sentido, el 105 constitucional establece que “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.
Condenan “blindaje” a Martha Erika
En tanto, la reforma al 57 constitucional eliminó la obligatoriedad de que los gobernadores rindan protesta ante los diputados y, ahora, solo será opcional, ya que, si lo prefieren, podrán acudir únicamente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
“El gobernador, al tomar posesión de su cargo, protestará ante el Congreso o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél. En caso de que por cualquier circunstancia, el gobernador no pudiere rendir la protesta ante el Congreso o ante la Comisión Permanente, lo hará de inmediato ante el presidente el Tribunal Superior de Justicia del Estado”, reza la normativa que entró en vigor la semana pasada.
Esta reforma fue calificada por la oposición como un “blindaje” a Alonso Hidalgo, ya que de esta manera no tendrá que rendir protesta ante el Congreso del estado, donde Morena y sus aliados PT y PES serán mayoría a partir del 15 de septiembre, cuando los legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia la señalarían de haber ganado mediante un fraude electoral o la desconocerían como titular del Ejecutivo.
Ante la “maniobra” para librar de críticas a la expresidenta estatal del DIF, Barbosa Huerta señaló que hay 30 días disponibles a partir de la promulgación de la ley para impugnarla ante la corte, lo cual aseguró que ya está preparando Morena.
Adelantó que en el supuesto de que la SCJN valide la reforma, esta no aplicaría para el ganador de la elección de este año, ya que –como se indicó– fue aprobada durante un proceso electoral, así que solo el gobernador electo en 2024 podrá beneficiarse de la nueva normativa.
Sí buscarán echar a Carrancá
Por otro lado, en la rueda de prensa, diputados locales electos reiteraron que al entrar en funciones buscará destituir a Víctor Cárrancá Bourget, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que denunciaron que cuenta con un largo historial de irregularidades que ameritan su remoción.
La ley señala que el fiscal solo puede ser cesado tras acreditarse que incurrió en una falta grave o actuó contra lo que dice la Constitución.
Al respecto, José Juan Espinosa Torres, diputado electo del distrito 21, señaló que la fabricación de pruebas, la “persecución” política contra opositores al gobierno estatal, así como el falsear información como en el caso Chalchihuapan, son algunas conductas graves que ameritarían que Carrancá Bourget sea corrido del puesto.
Los diputados federales de Puebla, Tehuacán y Cholula, Saúl Huerta Corona, Alejandro Barroso Chávez y Nayelli Salvatori Bojalil, anunciaron que a partir del jueves presentarán una serie de puntos de acuerdo en la Cámara de Diputados para exigir que se investiguen las reformas promovidas por Gali Fayad aprobadas “al vapor” por el congreso del estado en los últimos días.
Por su parte, los diputados locales se comprometieron a echarlas abajo por tratarse de acciones ilegales o que van contra la voluntad de los ciudadanos, como la venta del edificio histórico de Reforma 110, la permuta de 42 hectáreas de Flor del Bosque y el intento por privatizar el Teatro Principal.
En tanto, Saúl Huerta Corona, diputado federal por el distrito 11, defendió que los senadores poblanos de Morena, Alejandro Armenta Mier y Nancy de la Sierra Arámburo, avalaron otorgar la licencia para ausentarse del cargo a Manuel Velasco Coello, del PVEM, porque era ilegal no hacerlo, ya que tiene el derecho de volver a Chiapas para concluir su gubernatura.