Recientemente, el presidente Jimmy Morales revocó el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual nació de un acuerdo entre el gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En una rueda de prensa, Morales dio a conocer que el mandato de la Cicig no sería renovado y que “inmediatamente” se transfieran sus tareas a los poderes nacionales. De acuerdo con la propia página de dicha comisión, la ONU y el gobierno guatemalteco firmaron un acuerdo en 2006, el cual una vez ratificado por el Congreso, se originó.
Esta institución fue reconocida como independiente e internacional, y tenía por fin colaborar con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en investigar aquellos delitos en los que los responsables fueran cuerpos clandestinos de seguridad.
Antes, Morales no se había mostrado en contra de la continuación del mandato, pues en mayo de 2016, el Secretario General de ONU, respondió positivamente a una solicitud de prórroga de la extensión del mandato solicitada por Morales, con lo cual, las actividades de la Cicig se extenderían hasta el 3 de septiembre de 2019.
Frente a la revocación, la comunidad internacional así como los organizaciones han expresado su preocupación, en una carta firmada por colectivos de Ecuador, España, El Salvador, Estados Unidos, México, Perú, Honduras y otros grupos con presencia internacional, se expresó una “enérgica condena” porque para ellos la acción de Morales obstruye la justica.
En esa carta se dijo que esta disolución sucede al mismo tiempo que el presidente tiene un “antejuicio” por el financiamiento no legal de su campaña, el documento advirtió que se han presentado acoso, intimidación e indicios de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos.
Lo anterior se suma a lo reportado por la prensa local, la cual informó que el día que Morales se presentó ante los medios, automóviles militares cercaron las instalaciones de la Comisión. Los colectivos dijeron que la terminación del mandato “representa el más reciente esfuerzo por consolidar la impunidad frente a numerosos procesos de corrupción que están en curso”.
