Los diputados salientes de la LIX Legislatura no se reunirán con los electos que iniciarán funciones el 15 de septiembre, ya que no es necesario y hay poco tiempo para concretar un encuentro, anunció el presidente del Congreso local, Carlos Martínez Amador.
En entrevista este lunes luego de la sesión de la Comisión Permanente, el perredista descartó una entrega-recepción cara a cara con los próximos diputados, entre ellos los de la coalición Juntos Haremos Historia, a quienes últimamente se les ha impedido la entrada al Congreso local para protestar.
Al respecto, Martínez Amador defendió “ya tendrán la oportunidad de estar tres años aquí, no veo la prisa”.
Por ello, sólo el 10 de septiembre, a las 11:00 horas, la Permanente convocará a sesión previa con los diputados electos, con el propósito de elegir a la nueva Mesa Directiva, la cual entrará en funciones a partir del 15 de septiembre del año en curso.
Y es que en las últimas sesiones legisladores electos han irrumpido para protestar y tratar de evitar que la presente legislatura no aprobara las iniciativas enviadas por el gobernador Antonio Gali Fayad, entre las que destaca la designación de Jorge Cruz Bermúdez, exdirigente estatal del PRD, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Ante ello, personal de seguridad mantiene cerradas las puertas del Congreso, como este lunes, que también hubo una protesta contra la permuta de 42 hectáreas del parque Flor del Bosque y la enajenación del edificio ubicado en Reforma 110.
Sesionan a puerta cerrada
Esto debido a que en la sesión de la Comisión Permanente ingresó un oficio del gobierno del estado en el que solicita la enajenación del inmueble histórico para venderlo, con el argumento de que se encuentra deteriorado y resulta muy caro rehabilitarlo comparado con el beneficio que se obtendría.
De acuerdo con el documento oficial, Protección Civil dictaminó que “algunas áreas del inmueble no son aptas para su uso, toda vez que presentan daños estructurales evidentes y que la vida útil de los materiales con que fue construido ha llegado a su fin”.
Adicionalmente, se afirma que el beneficio que se obtendría luego de rehabilitarlo sería mínimo comparado con el costo de los trabajos.
“No existen razones que impongan la necesidad o conveniencia de conservar dicho bien, resultado de mayor beneficio para el Estado su enajenación, que le permitan hacer frente a sus obligaciones, con la demolición, restauración o reconstrucción del bien”, señala el documento en la exposición de motivos.
Durante la lectura del oficio, se precisó que el edificio ocupa un área de 7 mil 226.94 metros cuadrados, pero no se dio a conocer un estimado del monto necesario para la rehabilitación ni se hizo público su valor catastral y se desconoce cómo se pondrá en venta.
