A ocho años de la masacre de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) inició el proceso para compensar a 48 ecuatorianos: un sobreviviente y 47 familiares de las víctimas.
Así lo dio a conocer este miércoles el organismo, tras el encuentro entre el canciller de Ecuador, José Valencia, y el comisionado Jaime Rochín del Rincón, quienes acordaron que los montos a entregar serán determinados con base en estándares internacionales, pero no se harán públicos por “protección a las víctimas”.
Los primeros indemnizados serán los 48 ecuatorianos, aunque el caso involucra a familiares de migrantes procedentes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Brasil, quienes habrían sido ejecutados sicarios de Los Zetas en una bodega el 22 de agosto de 2010.
En un primer momento, se habló de 24 hondureños, 14 salvadoreños, 13 guatemaltecos, 5 ecuatorianos, 3 brasileños y un ciudadano indio.
De acuerdo con Rochín del Rincón, el CEAV ha procurado dilucidar la verdad de los hechos y preservar su memoria; entre las acciones en este sentido, destacó la investigación de El Colegio de México, “En el desamparo. Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010) y Allende, Coahuila (2011)”.
México inicia proceso de reparación integral del daño a víctimas ecuatorianas de la masacre de San Fernando https://t.co/ldEnWWnmbl pic.twitter.com/k8hU6MbVLq
— CEAV (@CEAVmex) August 22, 2018
No obstante, desde hace un año, familiares de las víctimas han denunciado que aún hay cadáveres sin identificar y exigen que la Procuraduría General de la República (PGR) les dé acceso al expediente del caso para tener certeza sobre lo que les pasó a los familiares.
Y es que, según testimonio de uno de los sobrevivientes, Los Zetas secuestraron a los migrantes, en su camino hacia la frontera con Estados Unidos, y les exigieron comunicarse con familiares para pagar un rescate e incluso les ofrecieron trabajar para ellos.
Sin embargo, ante la negativa de los centroamericanos, los criminales decidieron ejecutarlos.
Editado por Luis Alberto Palacios