Aunque Puebla es el quinto estado en el país con institucionalidad en los programas estatales para combatir la pobreza, esto sólo representa el 7.8 por ciento de los 103 que existen, indicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En su estudio “Derechos humanos y pobreza, políticas públicas frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del artículo 1 constitucional”, dicho organismo autónomo colocó a la entidad poblana por debajo de Jalisco con 52.2 por ciento de “funcionalidad mínima” de sus 69 programas y Ciudad de México, con el 28.8 por ciento de 104.
Luego a aparecen Campeche, donde el 11.7 por ciento de los 103 programas funcionan –aunque mínimamente– así como Aguascalientes con 9.4 por ciento de 64.
En contraparte, aparecen 17 estados donde no logran reunir el mínimo de institucionalidad –contar con documento normativo, asignación presupuestal, reportes, etcétera—y son Michoacán, Morelos, Colima, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero, Coahuila, Durango, Sinaloa, Sonora, Baja California, Veracruz y Tamaulipas.
A nivel nacional, de los 2 mil 528 programas, apenas 126 cumplen con el mínimo de institucionalidad lo que representa el 5 por ciento.
En conclusión, la CNDH recomendó adoptar el enfoque de derechos en las políticas públicas frente a la pobreza, mejorar la calidad de provisión de servicios y adoptar un tablero de indicadores con enfoque de derechos económicos, sociales y culturales (Desca).
