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Las enormes dudas sobre el Naicm y AMLO se reunirá con “Ricky Riquín Canallín”

Los cacahuates de López Obrador

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que la incertidumbre y angustia de cientos que nunca se expresó durante la campaña presidencial, cuando Andrés Manuel López Obrador prometió que bajaría el 50 por ciento de los salarios a todos los burócratas, cambió cuando un discurso de campaña se convirtió en una realidad venidera, y a lo largo de las últimas semanas se han venido aireando las preocupaciones de la alta burocracia. La línea de pensamiento es que la alta burocracia gana mucho, que el país tiene muchos pobres que necesitan más recursos, y que la mitad del salario de alrededor de 35 mil burócratas que ganan por encima del techo señalado, ayudará a cambiar la distribución de la riqueza. Así, las nóminas serán recortadas a machetazos.

Si López Obrador no cambia el machete por el bisturí, su promesa de campaña se convertirá en una medida que por las mejores razones tendrá las peores consecuencias para él, para su gobierno y para quienes hoy celebran en el ajuste de cuentas salarial que planea, porque serán quienes, junto con el resto de los mexicanos, paguen los efectos que tendrá probablemente la tabula rasa que pretende el próximo presidente de México, que llevará a una administración pública sin calidad de gestión y con pérdida de experiencia.

Este alegato ha sido refutado por López Obrador, quien ha dicho que hay mucha gente que quiere trabajar en su gobierno, incluso sin salario alguno. Es posible que sea cierto, sobre todo en aquellos que están ingresando al mercado laboral, lo que trasladaría la discusión al tema de la experiencia. Quienes ofrecen trabajar sin goce de sueldo, salvo que sean millonarios filantrópicos, habría que ver de qué vivirían o de dónde piensan sacar esos recursos, que no sea del erario. Las buenas intenciones no llevan siempre a las mejores soluciones.

Un ejemplo que ilumina la dimensión de esta medida es el Banco de México, que tiene como misión mantener controlada la inflación, y cuyo trabajo ayuda a evitar crisis y colapsos económicos. Todos los días observan los comportamientos de las economías en el mundo, los efectos que tienen sobre ellas decisiones de otros gobiernos –como se aprecia la inestabilidad en Turquía por los nuevos arancelarios impuestos por Estados Unidos–, o incluso aspectos subjetivos como las declaraciones de un líder, que si atemoriza a los mercados, pega invariablemente a las divisas del mundo. Esos equilibrios que se dicen rápido, como en esta descripción muy general de cómo operan algunas de sus áreas, son profundamente complicados.

Esas decisiones se toman a partir de la información que les dan funcionarios de la alta burocracia que se han especializado en el análisis de comportamientos específicos. Sus informes y reportes los revisa la Junta de Gobierno del Banco de México que decide si, por ejemplo, recorta el dinero que se envía diariamente a los bancos comerciales para reducir el circulante y contener la inflación, o intervenir en el mercado de divisas para prevenir inestabilidad cambiaria, que son dos aspectos de alto impacto psicológico entre los mexicanos. También hay quienes revisan permanentemente el estado de las reservas internacionales y monitorean sus flujos.

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Tanta vuelta para que AMLO tenga a su “fiscal carnal”

Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, indica que el Presidente electo le ha pedido al Presidente en funciones que envíe una terna de sus candidatos a ocupar la fiscalía general. Sin embargo, la reforma constitucional que prevé un nuevo procedimiento para dicho nombramiento no ha entrado en vigor. Según una nota de Excélsior de anteayer, 17 congresos locales ya votaron la reforma promovida por el presidente Peña que abroga el pase directo del procurador general a fiscal (una mayoría de dos terceras partes de las cámaras de diputados y senadores ya lo habían aprobado). La realidad es que la reforma no existe mientras el Congreso no haga una declaratoria constitucional y se publique en el Diario Oficial. Ergo, al día de hoy, sigue vigente la ley que ordena el pase directo del procurador a fiscal.

Ése es un primer punto que genera dudas. El segundo es que legalmente no existe todavía la fiscalía general. Como bien explicó ayer Roberto Gil en El Financiero: “conforme al régimen transitorio de la reforma de 2014, para que la PGR se convierta en fiscalía, deben realizarse dos actos jurídicos independientes entre sí: el Congreso de la Unión debe expedir la ley orgánica de la fiscalía general y, además, el Congreso debe declarar la entrada en vigor del nuevo modelo de procuración de justicia. Si bien ambos actos pueden darse en simultáneo, son pronunciamientos distintos con efectos jurídicos enteramente diferentes. Para ilustrar mejor: podría haber ley orgánica vigente sin transición a la fiscalía, y no puede haber fiscalía sin ley, pero tampoco sin declaratoria”. Entonces, si entiendo bien, mientras no existan estos dos actos jurídicos sigue vigente la Procuraduría.

Es, efectivamente: un desbarajuste. Desbarajuste que se ha exponenciado por el anuncio que hizo López Obrador del acuerdo al que llegó con Peña. El primero le solicitó al segundo que mandara al Senado una terna con sus candidatos a ocupar una fiscalía general que todavía no existe. Asumamos, por un momento, que eventualmente se promulgará la reforma constitucional que cambia el método de selección del próximo fiscal, se expedirá la ley orgánica de la fiscalía y se hará la declaratoria legislativa del nuevo sistema judicial. Lo que procedería, entonces, es que el Senado integre una lista de diez candidatos a ocupar este puesto y la envíe al Presidente en funciones. De esa decena, el jefe del Ejecutivo escoge una terna que regresa al Senado para que éste designe al fiscal por una mayoría calificada de dos terceras partes.

¿Para qué, entonces, López Obrador le dio una lista de tres personas a Peña con el fin de enviarla al Senado? Se están saltando las trancas ambos presidentes. En todo caso, AMLO debió haber instruido a Ricardo Monreal, próximo jefe de la bancada de Morena en el Senado, para que, en cuanto tomaran posesión, el primero de septiembre, y se cumpliera con todos los requisitos legales para formar la nueva fiscalía, integrara la lista de diez personas para enviársela al presidente en funciones. Luego, ahí sí, solicitarle a Peña que regresara al Senado la terna que le gusta a AMLO, es decir, Eva Verónica de Gyves Zárate, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Bernardo Bátiz. Posteriormente, ordenarle a Monreal escoger al favorito de AMLO —al parecer, Bátiz— y así asegurar que el próximo Presidente tenga su “fiscal carnal” por nueve años.

Estamos, en suma, frente a un sinnúmero de simulaciones para llegar al mismo resultado, es decir, que el Presidente ponga a un personaje que le es leal al frente de la procuración de la justicia federal. Con un cambio con respecto al pasado: este personaje se quedará nueve años al frente de la fiscalía.

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AMLO enterrará a “Ricky Riquín”

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que nos dicen que Andrés Manuel López Obrador ya plancha un encuentro con su otrora rival en la campaña, el panista Ricardo Anaya. Nos dicen que después del regreso a la escena pública del ex candidato presidencial del PAN, los equipos de ambos políticos trabajan para afinar los detalles del encuentro tal como lo hizo el presidente electo con José Antonio Meade el pasado 3 de agosto. Así que ahora está por verse cómo se expresa AMLO de quien fue su adversario y si será igual de elogioso como lo fue con Meade. Sólo como una ayuda para la memoria, habría que retomar aquel mote que don Andrés Manuel le endilgó a don Ricardo en el segundo debate presidencial: “Ricky Riquín Canallín” y que anteriormente lo había definido como un “aprendiz de mafioso”. Interesante ver cómo se expresa ahora de él, y si el hoy presidente electo entierra esos calificativos que acuñó al calor de la campaña.

¿Yeidckol permanecerá al frente de Morena?

Hablando de reuniones, el próximo 19 de septiembre se realizará el Congreso Nacional de Morena, y nos dicen que hay voces que piden que Yeidckol Polevnsky continúe como presidenta del partido, pues así se evitarían fricciones en este momento de transición de gobierno y se evitaría manchar la entrada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia con un jaloneo innecesario en el partido. Nos comentan que varios consideran que Polevnsky lo ha hecho bien como lideresa de Morena y que su cargo en este momento podría incluso tener mayor relevancia que el de una secretaría de Estado, ahora que el partido se coloca como la principal fuerza política del país.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que generó sospechas y dudas en las fuerzas armadas que ya asciendan a casi 77 mil pesos las multas que ha impuesto Karla Macías Lovera, jueza novena de distrito en Guanajuato, a la Secretaría de Marina, con el argumento de que no rinde los informes sobre el presunto caso de desaparición forzada en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Ella conoce los juicios de amparo relacionados con cinco de 36 personas que son buscadas en aquella localidad fronteriza y cuentan que ha emitido 34 requerimientos de información para que se le entreguen las copias certificadas de las bitácoras de los operativos que llevaron a cabo los efectivos cuando ocurrieron las desapariciones.

Que Andrés Manuel López Obrador está en medio de uno de los momentos más complejos, pues tendrá que decidir si cancela o no las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Ayer recibió la presión de organismos internacionales que le enviaron su diagnóstico, que al parecer alerta sobre los riesgos en la construcción de las dos pistas del aeropuerto militar de Santa Lucía, como él proponía, y entonces tendría que lanzar una concesión para que el sector público termine de pagar el proyecto en marcha.

Agréguele usted que el Presidente electo tiene del otro lado a los inconformes de Texcoco, que exigen cumpla su promesa de campaña y entierre el proyecto.

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