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Odebrecht, el caso pendiente

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que en vísperas de la Navidad de 2016, una Corte Federal en Nueva York reveló cómo el conglomerado brasileño Odebrecht y su filial Braskem sobornaron funcionarios, legisladores y políticos en México, Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, para “asegurar una ventaja indebida para obtener y mantener los negocios en esos países”. El 23 de diciembre de ese año, dos días después de la acción de la corte, se describió en este espacio la acusación que afectaba a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Desde entonces, el jaloneo dentro y fuera del gobierno mexicano ha sido intenso, tramposo y con evidencias claras de encubrimiento.

Al día siguiente que se dio a conocer la información de la Corte, la Función Pública inició una investigación en Pemex, la empresa señalada por actos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios, y una auditoría transversal para identificar los contratos entre Odebrecht y las diferentes dependencias gubernamentales. La Función Pública, a cargo de Arely Gómez, entró en una dinámica de confrontación burocrática con la PGR, en ese entonces a cargo de Raúl Cervantes, miembro del grupo de abogados capitaneados por el exconsejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, que desde las sombras de Los Pinos ejerció uno de los poderes más grandes y avasalladores en el sexenio de Peña Nieto, porque no fluía –como hasta ahora–, la información.

En una reunión privada con senadores en octubre de 2017, Cervantes anunció que renunciaría y que había terminado las indagatorias de los sobornos de Odebrecht, por lo que la PGR estaba lista para consignar a los responsables. “El complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego tratar de esconder el dinero mal habido en paraísos fiscales, puso a prueba nuestra determinación y a nuestras instituciones”, le dijo Cervantes a los senadores, “Es uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y México se hayan visto”. Después de eso, nada sucedió.

La PGR no consignó a nadie, ni profundizó sus investigaciones. Dos razones ayudan a entender los porqués. Por un lado, las autoridades brasileñas y estadounidenses, no le dieron acceso libre a la PGR al expediente y le fueron dosificando la información. No hay una explicación objetiva de ello, pero una de las señales que a lo largo de todo este tiempo se ha enviado, es que no tienen confianza en la integridad jurídica del gobierno peñista. Inclusive en la investigación original sobre Odebrecht, donde además de esas dos naciones participó Suiza por el tema del lavado de dinero, se excluyó a México. Cervantes siempre defendió en privado con el argumento que los sobornos en México habían sido marginales al compararse con otras naciones y que lejos de que fueran excluidos los mexicanos, elogiaban lo que había hecho.

Por el otro lado, funcionarios federales aseguran que Cervantes mintió ante los senadores, y que cuando dijo que todo estaba listo para consignar, no había absolutamente nada concluido. Pero con ello transfirió la carga de responsabilidad al procurador interino, Alberto Elías Beltrán, algunos de cuyos cercanos han sugerido que la declaración de Cervantes pretendió, más bien, descarrillar toda la investigación. Si bien las investigaciones mantuvieron su paso lento, las acciones contra exfuncionarios de Pemex y Odebrecht, no se interrumpieron.

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La tontería de construir una nueva refinería

Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, indica que México importa 75% de las gasolinas que se consumen diario en el país. Esto se debe a la pésima gestión de las seis refinerías que existen, las cuales operan al 40% de su potencial. De acuerdo con un estudio de la Comisión Federal de Competencia Económica, “las refinerías mexicanas presentan rezagos operativos y de infraestructura que traen consigo problemas de estabilidad, seguridad industrial y cumplimiento de algunas normas ambientales. Estos problemas ocasionan variaciones en la producción que generan situaciones de emergencia para garantizar el abasto de combustibles”. Las pérdidas por refinación se calculan en más de cien mil millones de pesos anuales.

Si de por sí este negocio es complicado y con márgenes de rentabilidad bajos, las refinerías de Pemex son un desastre. La rentabilidad de una planta depende de muchos factores, las más importantes, la disponibilidad y precios del crudo, el manejo del inventario, el gasto de capital y la utilización de los activos.

En Estados Unidos, hoy, el negocio de la refinación está pasando por un estupendo momento. De acuerdo con el Wall Street Journal, las refinerías están reportando sus mejores ganancias “gracias a la producción de petróleo nacional al alza y los cuellos de botella en oleoductos regionales que les están permitiendo comprar crudo barato”. Nótese que las utilidades altas se deben en buena medida al buen precio en el que están comprando el crudo para refinar.

En México tenemos un problema doble. Por un lado, la producción de petróleo cada vez es menor. Hace catorce años, Pemex producía 3.4 millones de barriles diarios de crudo; hoy tan sólo 1.9 millones (la gran mayoría de tipo pesado, más difícil de refinar). Por otro lado, está la pésima gestión de las refinerías de Pemex –altos costos de capital y de trabajo– que generan mil es de millones de pesos de pérdidas.

Para la siguiente administración, lo prioritario sería invertir en el negocio mucho más rentable de la exploración y explotación de crudo con el objetivo de incrementar la producción. En cuanto a la refinación, antes de construir una nueva planta, habría que rehabilitar las seis existentes que hoy operan al 40% de su capacidad. López Obrador ha anunciado inversiones en ambos rubros: 75 mil millones en 2019 para subir la producción petrolera y alcanzar la meta de 2.5 millones de barriles diarios; 40 mil millones en dos años para rehabilitar las seis refinerías y llegar al 100% de su potencial.

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La venganza de Elba Esther

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que nos dicen que el que anda de capa caída es Luis Castro, el presidente del partido Nueva Alianza, por cierto, próximo a desaparecer por no lograr 3 por ciento de los votos en la elección del pasado 1 de julio. Nos explican que desde que la profesora Elba Esther Gordillo fue liberada, los elbistas ya lo tienen en la mira, pues se le señala por ser uno de los que apoyó al gobierno federal para llevar a la cárcel a la maestra y ex líder máxima del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Nos hacen ver que don Luis, por el momento, ni declaraciones a la prensa quiere hacer, y más bien anda ocupado para ver cómo minimiza una probable ofensiva por parte de los simpatizantes de Gordillo. Hay que recordar, nos dicen, que la propia familia de doña Elba Esther lo trajo de España y afirmaban que era uno de los perfiles de su generación que más prometía. Hoy, nos aseguran, lo ven como un personaje oscuro y desleal que jugó con los enemigos de la maestra. ¿Sus actuales aliados lo protegerán de una posible venganza de la profesora Gordillo?

La “bendición” de AMLO en la Cámara

Nos comentan que en Morena la disputa por la coordinación de los diputados está a todo lo que da entre el aún senador Mario Delgado y el diputado electo Alfonso Ramírez Cuéllar, quien, al parecer, cuenta con el respaldo de la ex coordinadora y próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle. Nos hacen notar que ambos morenistas tienen cartas suficientes para ocupar el cargo y estar al mando de la bancada, lo que todavía se desconoce, nos mencionan, es quién de los dos tiene la “bendición” del próximo presidente de México, pues, nos dicen, en este tema el apoyo de Andrés Manuel López Obrador “podría servirle de algo” a quien se lo otorgue. La respuesta la tendremos en los próximos días.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que por si alguien tuvo duda sobre quién encabezará la bancada de Morena en el Senado, Andrés Manuel López Obrador publicó en su cuenta de Facebook que se reunió una vez más con Ricardo Monreal, “probable coordinador de nuestro movimiento” en esa cámara. (Un te lo digo, Monreal para que lo entiendas, Batres.) ¿Así o más claro?

Que el equipo de López Obrador continúa a la espera de que el Vaticano responda la solicitud para que el papa Francisco participe, aunque sea por videoconferencia, en alguno de los foros por la pacificación del país y la reconciliación nacional.

Que el ex secretario de Gobernación y senador electo Miguel Ángel Osorio Chong sostiene que no debe reinstalarse la Secretaría de Seguridad Pública y que su control tiene que permanecer en el titular de las oficinas de Bucareli. Pero si el presidente Enrique Peña Nieto manda la iniciativa como preferente el 1 de septiembre, la pregunta en el Congreso es si se negará a decirle “no” a su ex jefe, además de que esa postura, al arranque de los trabajos, le puede restar margen de negociación a su minibancada.

Que la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, mantiene en suspenso la convocatoria a los diputados electos de ese partido para elegir a su líder parlamentario, aunque algunos integrantes de la bancada aseguran que el cónclave tendrá lugar en vísperas de la sesión del 29 de agosto para instalar la 64 Legislatura.

Que luego del operativo de la Policía Federal en el municipio de Venustiano Carranza, que involucró al alcalde Rafael Valencia y su esposa Ilse Lucía en una trama de huachicoleo, la gobernadora electa de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, pintó su raya con presidentes municipales, candidatos electos y funcionarios involucrados en delitos como ése.

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