Un juez ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) fincar responsabilidades por la ejecución de al menos 12 civiles por parte de militares en Tlatlaya, Estado de México, en 2014, pues no hubo una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva.
Así lo informó este domingo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a través de un comunicado, donde detalló que las imputaciones de la procuraduría deberán incluir a los mandos militares que emitieron la orden ilegal para “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
Lo anterior, luego de que Erik Zabalgiotia Novales, juez decimocuarto de distrito de amparo en materia penal, analizara el juicio de amparo 545/2017, interpuesto en 2017 por Clara Gómez González, sobreviviente de Tlatlaya, donde el 30 de junio de 2014 murieron 22 civiles tras un presunto enfrentamiento entre militares y criminales.
En su sentencia, el juez señaló que la investigación de la PGR violó los derechos de la víctima a la adecuada impartición de justicia y a ejercer la coadyuvancia, contemplados en los artículos constitucionales 17 y 20 apartado B.
Y responsable de falta de justicia, acusan
Por su parte, la organización acusó que la “fallida investigación de la PGR” es la causa de que, a cuatro años de la masacre, no haya ninguna persona ante la justicia, pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que entre 12 y 15 personas fueron ejecutadas arbitrariamente.
Y es que, de acuerdo con el fallo del juez, los agentes de la procuraduría no analizaron pruebas del expediente ni de la CNDH, así como de las declaraciones de los militares involucrados.
Además, no han considerado las pruebas ofrecidas por la víctima ni han hecho esfuerzos para investigar la orden de abatir delincuentes, revelada por el Centro Prodh en junio de 2015.
Alertan sobre peligros de LSI
Por su parte, Clara Gómez y sus representantes consideraron que el hecho de que el Poder Judicial deba ordenar a la PGR investigar adecuadamente es ilustrativo de los riesgos de la Ley de Seguridad Interior (LSI), promulgada en diciembre de 2017 para dar mayores facultades a la Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
En este sentido, la organización reclamó que a falta de rendición de cuentas de los elementos militares y el abuso de la fuerza han sido una constante desde el inicio de la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”, en el sexenio e Felipe Calderón Hinojosa.
Concluyó que, para cerrar una etapa que ha causado pérdidas y dolor a centenares de miles de familias en México, es indispensable hacer un cambio del paradigma de seguridad, pero también procurar justicia pronta en casos concretos como el de Tlatlaya.
Cabe recordar que, en enero de 2017, un juez sentenció a cuatro policías ministeriales a tres años y ocho meses de prisión por tortura a tres sobrevivientes de la masacre de Tlatlaya.