La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) urgió al CPC del Sistema Anticorrupción asumir un papel más crítico y realizar un posicionamiento público ante la designación de la nueva fiscal, María Eugenia Calderón Olimán.
En ese contexto, aseveró que hasta el momento el Comité de Participación Ciudadana (CPC) local no ha realizado comentarios respecto al puesto de Calderón Olimán, lo que demuestra que el ser condescendiente al poder en turno, limita sus márgenes de acción y pierde credibilidad.
Lo anterior, luego de que Karen Berlanga Valdés, presidente del CPC del Sistema Local Anticorrupción (SLA), en entrevista con un medio local publicada el 5 de agosto, declaró que “no golpeará” a las instituciones públicas ya que podría “cerrarse puertas”, aunque no dejaría de hacer su trabajo para investigar.
Y es que argumentó que los comités “que han nacido golpeando a las instituciones de gobierno” ya no cuentan con presupuesto, forma de crear, hacer mapeos o de reunir a los comités coordinadores e indicó que realizaron exhortos de manera directa a los integrantes del sistema y funcionarios, aunque estos no son públicos.
De esta manera, el Capítulo Puebla de la Amedi y el Nodo de Transparencia, lamentaron la revelación y manifestaron su preocupación por que el CPC sea un “mero espectador” dentro del SLA al intentar ser “políticamente correcto”, por lo que trabajarán de manera conjunta, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana dentro del Sistema Estatal Anticorrupción.
Sin embargo, se reconoció que no tiene los elementos legales para actuar directamente ante presuntos casos de corrupción, pero su fuerza radica en su posicionamiento en la agenda pública sobre asuntos de interés público, tanto de temas referentes al sistema anticorrupción como de transversales vinculados con la sociedad civil.
Como ejemplo señaló que, a nivel nacional, el CPC destacó al posicionarse ante asuntos como los nombramientos pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción, el nombramiento del nuevo auditor Superior de la Federación, las acusaciones de espionaje a defensores de derechos humanos y periodistas o la promulgación de la Ley General de Comunicación Social, conocida como #LeyChayote.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales