La Procuraduría General de la República (PGR) señaló que “no comparte, pero respeta” el fallo de un tribunal federal para absolver a Elba Esther Gordillo Morales, exlideresa del SNTE, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
No obstante, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, y legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) exigieron a la PGR explicar y defender su actuación en el caso.
“Tiene que haber una explicación de qué fue lo que sucedió como para que hoy tengamos una opinión, un suceso completamente diferente a lo que tuvimos hace años”, demandó Castañón en referencia a que en febrero 2013, cuando fue aprehendida y vinculada a proceso la exdirigente sindical,
En esa fecha, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, aseguró que había pruebas para implicar a Gordillo Morales en operaciones irregulares por 2 mil 600 millones de pesos que provenían de dos cuentas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Sin embargo, este 7 de agosto el Primer Tribunal Unitario de Circuito en materia Penal, con sede en la Ciudad de México, decretó –aunque aún no se conoce por qué– el sobreseimiento de la causa penal impulsada por la procuraduría y la liberación inmediata de la maestra, quien permanecía en arresto domiciliario desde diciembre de 2017.
En respuesta, la PGR sólo reiteró que siempre actúa con apego a derecho y respetando los derechos humanos, por lo que interviene toda vez que “se presente un hecho que la Ley señala como delito y exista la probabilidad de que alguien lo cometió o participó en su comisión”.
Acusación no era sólida: Sánchez Cordero
Al pedir su opinión, Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), comentó a medios nacionales que cuando a ella le tocó revisar el caso se dio cuenta de que “no estaba muy bien armado” y que la acusación contra la maestra “no era sólida”.
En este sentido, detalló que, para imputar fraude fiscal, se requiere la liquidación de los adeudos y la visita domiciliaria con ciertos protocolos “en donde se determine una cantidad de defraudación fiscal, y no se hizo, entre otras cosas”.
Asimismo, calificó como “mera coincidencia” que la absolución de Gordillo Morales se haya dado a conocer horas antes de que López Obrador fuera declarado presidente electo, pues sentenció que “las resoluciones de los tribunales y la Suprema Corte no son tiempos políticos”.
Editado por Luis Alberto Palacios