Antes de irse, los diputados de la LIX Legislatura del Congreso local exonerarían de sanciones, impondrían nuevas e investigarían a funcionarios como resolución a sus cuentas públicas, para no dejar trabajo rezagado a la siguiente, donde Morena será mayoría.
Así lo anunció Germán Jiménez García, presidente de la Comisión Inspectora, al negar que se busque dejar “blindado” al grupo político del exgobernador Rafael Moreno Valle, para evitar que los diputados de oposición que entrarán el 15 de septiembre sancionen posibles irregularidades.
Aunque aseguró que se dictaminarán cuentas públicas de personajes emanados de todos los partidos políticos, no descartó que entre los estados financieros que se aprobarán destacan los de personajes ligados al exmandatario.
En entrevista este lunes luego de la sesión de la Comisión Permanente, rechazó que se esté dictaminando de última hora el trabajo rezagado en vista de que el PAN y sus aliados perderán hegemonía en la próxima legislatura.
Justificó que las resoluciones corresponden a “un programa” que ya se tenía desde hace varios meses y que será atendido en su totalidad “hasta el final” de la administración.
Habría sesión extraordinaria
Por ello adelantó que habrá por lo menos una sesión extraordinaria para resolver las revisiones financieras de los ayuntamientos, dependencias u organismos de gobierno, pues defendió que se busca dejar “casi vacía de responsabilidades” la comisión porque “los ciudadanos” demandan saber del ejercicio de recursos públicos.
De esta forma desechó que las cuentas públicas formen parte de maniobras políticas para beneficiar a personajes afines al gobierno o castigar a los opositores a él.
Tras el paquete de 318 cuentas públicas que fueron dictaminadas en la última sesión ordinaria, la semana pasada, enfatizó que los 52 exalcaldes y los 45 alcaldes sometidos a procedimiento de responsabilidades se encargarán de pagar las multas o aclarar las anomalías, ya que estas no son heredables a las nuevas administraciones.
Con respecto a los presidentes municipales Pablo Morales Ugalde (de Palmar de Bravo) y José Isaías Velázquez Reyes (de Atzitzintla), presos desde el año pasado por vínculos con el crimen organizado, precisó que su situación legal no va de la mano con la hacendaria, por lo que su responsabilidad en una no depende de la otra, así que, si son declarados culpables penalmente, también deberán pagar las multas si se confirma que cometieron daños al erario.
