Por la desaparición forzada de diez personas, dos menores de edad, en Nuevo León y Tamaulipas, la CNDH exigió al secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, y al fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez reparar el daño a las víctimas.
Lo anterior, a través de la Recomendación 11/VG/2018, la cual detalla que, por la similitud de los casos, se iniciaron cuatro expedientes. En el primero, una persona fue detenida mientras circulaba en su vehículo por una carretera de Sabinas Hidalgo, Nuevo León; en tanto, otras tres víctimas fueron sustraídas de sus domicilios por personal de la Secretaría de Marina (Semar), y no se sabe su ubicación.
El segundo caso trata sobre un adulto y un menor de edad que fueron detenidos a bordo de un vehículo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un retén de la Semar. En el tercero, un menor fue detenido sin justificación por elementos navales cuando conducía su vehículo en la misma ciudad. Finalmente, en el cuarto, tres personas fueron detenidas frente a una vulcanizadora en El Refugio, en Matamoros.
Hay testigos de todos los sucesos, quienes incluso refirieron que los detenidos fueron ingresados a las bases navales, y resaltó que en uno de los casos, la Semar buscó desacreditar la queja del familiar de una de las víctimas, argumentando supuestas inconsistencias y contradicciones en sus escritos.
Cabe mencionar que otra persona más fue detenida de manera arbitraria y la retuvieron ilegalmente por cinco días, sin embargo pidió que no se investigara su caso por temor a represalias, aunque la Comisión la considera como otra víctima.
MP dilató en integrar averiguaciones
Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que el Ministerio Público (MP) de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, dilató excesivamente en integrar las averiguaciones previas, por lo que no actuó de inmediato para buscar a las víctimas o responsables y no se realizó una efectiva investigación.
Por lo anterior, la CNDH recomendó a Soberón Sanz inscribir a las diez víctimas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas para encontrarlas; que los familiares y la víctima liberada accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; y otorgar atención médica, psicológica y beca de estudios vitalicia a los niños.
Así como colaborar con la CNDH en la denuncia ante la Unidad de Inspección y Contraloría General de la Marina y la Procuraduría General de la República (PGR) contra los elementos navales involucrados, y que el personal de la Semar cumpla con la “Directiva sobre el respeto a los derechos humanos y la observancia del orden jurídico vigente en las operaciones en contra de la delincuencia organizada”.
Exhortó que los mandos videograben los operativos que involucren civiles y no se oculte la situación jurídica de las personas bajo su custodia; capacitar al personal naval en derechos humanos, con énfasis en la Ley sobre desaparición forzada de personas y en los deberes que tienen respecto de la cultura de la denuncia de ilícitos, además de designar a un servidor público que ratifique con la CNDH el cumplimiento de la recomendación.
A Guerrero Gutiérrez se le recomendó impartir un curso al personal de las fiscalías especializadas y en las Agencias del MP del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada; colaborar con la Semar en la queja que la CNDH presentará para deslindar responsabilidades, y designar a un enlace con el organismo nacional.