Aferrarse al poder y a la ilusión de participar en una elección presidencial marca el destino del morenovallismo como grupo político. Los métodos que utiliza están propiciando un conflicto político entre los poblanos, al sembrar y atizar discordias con una polarización ideológica de dimensiones y consecuencias sociales impredecibles. Las acciones desplegadas son de distinta índole pero encaminadas hacia la preservación de aquellas metas para la vida política del matrimonio que hegemoniza al grupo. Cada uno de los hechos de violencia que tuvieron lugar el primero de julio, dejaron huella en la valoración política, jurídica y social de la elección para gobernador, de distinta manera y con diferente significado para los votantes y el morenovallismo.
Para la mayoría del electorado poblano la elección significaba la oportunidad, legal y pacífica, de ratificar o cambiar el modelo de gobierno vigente. El morenovallismo guardaba opinión distinta; esa disyuntiva que ofrecía el voto estaba descartada. Su permanencia en el poder, a través de la candidata, no tenía discusión ni vuelta de hoja; pero había que pasar por el escrutinio y veredicto de las urnas. Frente a ellos, como grupo en el poder, se presentaron no una, sino dos elecciones: primera, la de las urnas; segunda, apegarse a la legalidad electoral, o ejercer el poder al margen de ella. Eligieron ésta última.
La documentación que los medios de comunicación hicieron –y hacen- del acontecer electoral antes, durante y después de la jornada comicial evidenciaron al morenovallismo como origen, causa y fuente de las anomalías electorales que dieron pie a la impugnación legal del resultado “oficial” de la elección para gobernador. Si la certeza del triunfo popular del lopezobradorismo en Puebla, ha sido elevada a la condición de duda sobre quién ganó la gubernatura, se debe al trabajo desempeñado, u omiso, del Instituto Electoral del Estado (IEE), árbitro de la contienda, cuyos integrantes forman parte de ese grupo. A ojos vistos, no existe duda que se trató de una elección ajena a todo principio constitucional, ético, y de civilidad política. Tendría que ser la presunta ganadora quien mostrase el mayor interés por que las dudas sobre la elección se despejaran. Una elección limpia y clara no se teme. Es la base inamovible de su legitimidad.
Son, paradójicamente, las acciones emprendidas por las autoridades electorales, de gobierno, y legislativas no sólo afines a ella, sino que conforman su grupo político, las que están terminando de evidenciar aquello que se empeñan en ocultar y negar. Haciendo de lado todo aquello que ya ha sido señalado hasta la saciedad –violencia, amañados resultados preliminares, cifras que no cuadran, laboratorios o mapacheras, etc.,- y poniendo atención en los actos de autoridad desplegados, y por desplegar, en seguimiento de la impugnación legal del resultado de la elección para gobernador; pareciera que, pretendiendo ayudar a la candidata en la preservación de su supuesto triunfo, en la desesperación han llegado a piso fangoso o de arenas movedizas.
Resulta una imprudencia política festinar, presumir y ostentar el triunfo en la contienda electoral con base en la declaración hecha por el IEE y la entrega de constancia de mayoría, estando en curso un proceso legal de impugnación de la elección. Ningún abogado sensato se jactaría de triunfo en un juicio, con el fallo de primera instancia, sabiendo que a la contraria le quedan recursos jurídicos por agotar y faltando decisiones de autoridad superior por esperar para que ese triunfo sea definitivo. No contribuye al respeto de la legalidad y el estado de derecho, que el gobernador acepte hablar con la, aún virtual, ganadora sobre la transición de la administración pública, intentando abrumar ideológicamente a la ciudadanía con la idea de una victoria electoral que, jurídicamente, aún no se consuma.
Una elección entre puros cuates es la expresión emblemática de lo que “entienden” por democracia. El morenovallismo y las instituciones estructuradas para el funcionamiento del estado -encomendadas a socios y amigos del grupo- están actuando para validar la elección más cuestionada de la historia de Puebla. Podría afirmarse, incluso, que la elección estuvo viciada de origen por la relación política derivada de las designaciones en los cargos, entre los integrantes de los órganos electorales locales y el titular del ejecutivo que, en su momento, a su propuesta o encargo, hizo conferirles el puesto. La presencia de la esposa en la contienda naturalmente afectaba la imparcialidad de los árbitros.
Las recientes actuaciones del IEE lo confirman. Retardar, omitiendo, el envío del recurso de impugnación y las constancias de la elección al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) durante quince días, por sí mismo, es un acto anómalo; pero dentro de la circunstancialidad que propicia la sombra de un posible fraude electoral, suscita toda clase de suspicacias; la principal, darse tiempo para examinar los motivos de impugnación invocados, y hacer los “arreglos documentales” necesarios para intentar evadirlos. La tardanza que haga el TEEP para resolver los motivos de inconformidad contribuirá, de la misma forma y para igual causa, hasta que sean requeridos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que le remitan toda la documentación sobre la elección. Mandar un expediente bañado, rasurado, maquillado, bien peinado y con la mejor presentación física y anímica posible es el objetivo en esta vereda electoral.
No ha sido todo. El gobierno está impulsando una reforma a la constitución local, que el congreso –en manos amigas- a días de concluir funciones, aprobó de lunes para martes con la finalidad de que la pretendida ganadora no rinda protesta del cargo ante los representantes populares que entrarán en funciones, sino ante la persona e investidura del -otro amigo recién colocado- Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Este hecho representa el mayor desprecio a la voluntad ciudadana que eligió a los nuevos diputados y a la soberanía popular que encarnan; o sea, a la democracia. Es un ataque a la Constitución Política del Estado al reformarla cuando sus disposiciones obstaculizan la voluntad del poder y una afrenta a la división de poderes al pretender concentrar, en el titular del Poder Judicial, una facultad exclusiva del Legislativo que es recibir la protesta constitucional al gobernador de elección popular. Si los viera, Jean Paul Sartre diría <<La élite descubre su verdadera naturaleza: la de una pandilla>>. Al paso que van, solo falta que declaren la república independiente para justificar que sí ganaron la elección.
Heroica Puebla de Zaragoza, a tres de agosto de 2018.
José Samuel Porras Rugerio
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