A tres años del multihomicidio de cuatro mujeres y un hombre –dos acusaban persecución del gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz– en la colonia Narvarte de Ciudad de México, familiares acusaron que el gobierno capitalino no ha resulto el caso.
Lo anterior, este martes durante un protesta denominada “Festival Arte Para No Olvidarte”, realizada afuera del edificio donde tuvo lugar la masacre, el 1909 de la calle Luz Saviñón, donde exigieron al gobierno que aún preside el perredista Miguel Ángel Mancera Espinosa ofrecer una disculpa pública por no esclarecer los hechos y garantizarles la reparación integral del daño.
Y es que, el 31 de julio de 2015, la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete, la modelo colombiana Mile Virginia Martin, la estudiante Yesenia Quiroz Alfaro, la activista Nadia Vera Pérez y el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, colaborador de Proceso, fueron torturados y asesinados por tres sujetos, sin que la Procuraduría capitalina haya podido explicar satisfactoriamente el móvil de este crimen.
Inicialmente, la fiscalía abrió tres líneas de investigación sobre las causas del homicidio múltiple –robo, conflicto por narcomenudeo y nexos de la modelo con delincuentes–, pero tanto los familiares como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Cdhdf) las rechazaron al señalar que no se aportaron pruebas suficientes para probar ninguna de ellas.
Asimismo, de los tres detenidos como presuntos homicidas, sólo uno —Abraham Torres Tranquilino, expolicía mexiquense— fue sentenciad, pero los otros dos —Cesar Omar Martínez Zendejas y Daniel Pacheco— lograron con amparos que se reiniciaran sus juicios, tras alegar que fueron torturados al ser capturados.
Sin indagar posible nexo con Duarte
Por su parte, la Cdhdf señaló en su recomendación 4/2017 que la procuraduría capitalina nunca investigó de forma seria la línea que apuntaba a la administración de Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, a quien Vera Pérez y Espinosa Becerril responsabilizaron de perseguirlos y obligarlos a dejar su estado.
Trascendió que los representantes legales de algunas víctimas incluso hallaron que, cerca del lugar de los asesinatos, está la sede de una empresa de seguridad de Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública de la administración duartista, actualmente detenido y procesado por casos de desapariciones forzadas.
No obstante, ninguna de estas pistas ha sido tomada en cuenta por las autoridades ministeriales, además de que el gobierno de la Ciudad de México –acusaron las víctimas– no cumplido a plenitud ninguna de las 18 recomendaciones de la Cdhdf por el caso, que incluyen sanciones por las irregularidades en la investigación e indemnización a los familiares.
Editado por Luis Alberto Palacios
