Luego de 7 años, condenan a violador de menor a 10 años de cárcel
Vinculan a sujeto por abuso sexual de menor en Puebla capital. Foto: Especial
Luego de 7 años, condenan a violador de menor a 10 años de cárcel
Plantean hasta 20 años de cárcel por abuso sexual a menores de 15 años. Foto: Especial

En el Congreso de Puebla se planteó imponer penas de hasta 20 años de prisión por el delito de abuso sexual cuando las víctimas sean menores de 15 años, así como impedir que el delito prescriba antes de que las personas afectadas cumplan 18 años.

Mediante una reforma al Código Civil, se propuso también que cuando el menor violentado tenga menos de 12 años, se considere aumentar de tres a seis años más al culpable, dependiendo de la gravedad y las secuelas del daño, es decir, que los culpables alcanzarían hasta 26 años de prisión.

En tanto, cuando las víctimas tengan capacidades diferentes o por alguna razón “no tengan la capacidad de comprender el significado de las cosas y de resistir el hecho”, la sanción se incrementaría de uno a cuatro años más, o sea, que el castigo sea de 30 años de cárcel.

Actualmente, el abuso sexual prescribe luego de tres años de haberse cometido, por lo que la legisladora planteó que el plazo para denunciar empiece a correr hasta que las víctimas sean mayores de edad.

La iniciativa para las nuevas penas fue presentada este viernes mediante un punto de acuerdo por la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Geraldine González Cervantes, durante la sesión ordinaria del pleno.

El objetivo –enfatizó– además de inhibir el delito es que sea castigado de forma severa ante el alza de casos y el daño que representan en la vida de las víctimas.

Aprueban paquete de iniciativas de Gali

Su propuesta fue enviada a comisiones para su análisis, mientras que se aprobó por mayoría de votos el paquete de iniciativas que el gobernador Antonio Gali Fayad envió apenas el lunes, entre las que se encuentran dos reformas al Código Penal y una a la Ley del Notariado.

Ahora, ante los hechos de violencia por razón de género un juez podrá fijar una reparación del daño, así como permitir que los padres decidan por común acuerdo el orden de los apellidos con los que registrarán a sus hijos.

Con la reforma a la Ley del Notariado, se dio la libertad a la Secretaría General de Gobierno (SGG) para que designe a su criterio los interventores que remplazarán a los notarios acusados de ilícitos, al igual que decidir en qué momento nombrarlos y quitarlos.

También se aprobó –con nueve meses de retraso– la creación del Centro de Conciliación Laboral, organismo que remplazará a la junta de conciliación y arbitraje.

El diputado perredista Carlos Martínez Amador aseguró que aunque la presente legislatura concluirá sus funciones el 14 de septiembre, atenderá las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en las que exhortó al Congreso local a elevar el presupuesto destinado a las áreas para frenar este problema.

No obstante, reconoció que quedarán temas pendientes que deberá atender la siguiente legislatura, que empezará el 15 de septiembre.