De acuerdo con el último informe preliminar de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), presentado este jueves, han muerto 448 personas en los primeros 100 días desde que se iniciaron las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
En rueda de prensa, el director ejecutivo de la Anpdh, Álvaro Leiva, informó que el registro de muertes abarca desde el 19 de abril hasta el 25 de julio y señaló que, del total de fallecidos, “399 están debidamente identificados y los otros 49 aún no, pero hay pruebas como fotos, noticias y otros soportes”.
La asociación aseguró que, el pasado fin de semana, se registraron más de 700 desapariciones en solo 24 horas, 97 murieron en 15 días –seis por día–, y la capital, Managua, registra el mayor número de fallecidos con 189, seguido de Masaya con 55, por lo que Leiva reiteró que Nicaragua atraviesa una “profunda crisis de violación de los derechos humanos”.
Asimismo, denunció que la represión a los opositores a través de la policía del régimen y los paramilitares partidarios de Ortega ha dejado también más de 2 mil heridos, cientos de secuestrados y un éxodo a los países vecinos de miles de nicaragüenses que huyen de la violencia.
Por su parte, el presidente de dicho país ha negado ser el responsable de la violencia y, en su lugar, dijo que lo que urde en su contra es un golpe de Estado, además rechazó que se adelanten las elecciones como lo ha pedido Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Es de señalar que la violencia ejercida por el mandatario y sus simpatizantes ha sido contra manifestantes que piden un cambio de gobierno e incluso alcanzó a la Conferencia Episcopal, cuyos miembros han sido agredidos verbal y físicamente.
En busca de una salida a la crisis, el obispado nicaragüense ha sido mediador y testigo de un diálogo nacional desde el 16 de mayo, y producto de ese encuentro, al país han llegado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y delegados del alto Comisionado de Naciones Unidas, que constataron los alcances de la violencia política en el país.
Fuente: Excelsior
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales