A pesar de que desde octubre de 2017 todos los estados del país debían haber sustituido las juntas de conciliación y arbitraje con un centro de conciliación laboral, hasta este viernes, nueve meses después, el Congreso de Puebla acatará la orden del gobierno federal.
En la última sesión del periodo ordinario, indicó el presidente del Legislativo, Carlos Martínez Amador, se aprobará la creación del organismo público descentralizado (OPD) que tiene como finalidad agilizar los procedimientos para impartir justicia y mediar problemas entre empleados y empleadores, de acuerdo con el proyecto de ley.
Esto debido a que el papeleo será sustituido por comparecencias de las partes involucradas, de tal forma que se pueda llegar a acuerdos en vez de recorrer un largo proceso legal que concluya en dejar la resolución a un juez.
Con esto también se busca evitar que los agraviados sean extorsionados por personas que se hacen pasar por abogados y prometen agilizar el trámite de los casos a cambio de una suma de dinero.
Iniciativa “congelada” medio año
La propuesta forma parte de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo –conocida como reforma laboral– promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobadas por el Congreso de la Unión en octubre del 2016.
Desde entonces, se dio de plazo un año para que los estados homologaran sus leyes y crearan sus centros de conciliación, que serían dirigidos a la vez por uno a nivel nacional.
Sin embargo, fue hasta el 15 de diciembre del 2017 cuando el gobernador Antonio Gali Fayad envió la iniciativa al Congreso del estado, pero se mandó a la Comisión de Trabajo el 4 de enero de este año y desde entonces permaneció “congelada”.
Avalarán cuenta pública 2017 de Gali
Por otro lado, en entrevista tras concluir la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el perredista Martínez Amador anunció que este 27 de julio se aprobará el informe de la cuenta pública 2017 de Gali Fayad, que fue enviado por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Tras la reunión de la Junta de Gobierno, recordó que con la reforma a la Ley de Fiscalización los diputados ya no revisan las cuentas públicas, sino que únicamente esperan el informe hecho por la ASE y, si dice que no detectó irregularidades, solo se aprueba su informe.
El perredista adelantó que en la sesión también se aprobará el paquete de reformas que envió el gobernador el martes, entre las que destacan modificaciones al Código Civil, a la Ley del Notariado y a la de Salud.
Las primeras plantean incluir a los hechos de violencia por razón de género a la lista de delitos en los que el juez pueda fijar una reparación del daño, así como permitir que los padres decidan por común acuerdo el orden de los apellidos con los que registrarán a sus hijos.
Con las reformas a la Ley del Notariado se pretende dar la libertad a la Secretaría General de Gobierno (SGG) para que designe a su criterio los interventores que remplazarán a los notarios acusados de ilícitos, al igual que decidir en qué momento nombrarlos y quitarlos.
Finalmente, Martínez Amador confirmó que en una sesión extraordinaria en agosto se designará a quien encabezará la magistratura del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que permanece vacante.