El contrabando de vehículos usados de Estados Unidos a México disminuyó un 90.2 por ciento de 2006, cuando ingresaron poco más de un millón 500 mil, al 2017, cuando se reportaron 147 mil, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
Así lo señaló, Alberto Barrera Enderle, integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas Noreste), quien estudia este fenómeno en la frontera norte de México y analiza cómo choca el proyecto de nación revolucionario con las prácticas cotidianas de la región noreste.
Entre esas prácticas estaba adquirir muchos bienes de consumo en Estados Unidos e introducirlos de forma ilegal al país, a lo que las aduanas se acoplaron rápidamente, por lo que se desbocó el contrabando individual, que son aquellas personas que sólo no pagaban impuestos, y el de las bandas de crimen organizado, que buscaban obtener ganancia.
Indicó que también existía una gran lucha entre el ámbito municipal, estatal y federal debido a la importancia de que se pagaran impuestos en la frontera, sin embargo las entidades legalizaban dichos automóviles a cambio de cierto ingreso.
Detalló que todo empezó como “trabajo de hormiga” pero con el crecimiento de dicho negocio, grupos criminales de mayor envergadura tomaron las riendas de este giro, y ahí es cuando se dieron las relaciones entre autoridades aduanales y gobiernos locales para permitir el paso automotriz.
Aunque se observan esfuerzos de ambos gobiernos por controlar esto, en la práctica sucede otra cosa. Desde 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el decreto que regula la importación definitiva de autos usados estadounidenses, pero la Secretaría de Economía (SE) lo postergó hasta 2019.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales