El 19 de julio, la empresa Oro Negro acusó a Pemex de ser responsable de la crisis financiera por la que atraviesa al “no querer formar parte de sus actos de corrupción”, hechos de los cuales, aseguró el gobierno mexicano está al tanto.
En un desplegado en el New York Times, los accionistas de la firma afirmaron tener grabaciones que comprueban que altos ejecutivos de la empresa productiva del Estado “admiten que Petróleos Mexicanos destruyó a Oro Negro porque Oro Negro se niega a pagar sobornos“.
Se explica que la firma, a través de subsidiarias en México, Estados Unidos y Singapur, cuenta con cinco plataformas autoelevables de perforación petrolera. Emitió bonos por aproximadamente 900 millones de dólares para comprarlas.
Pemex, entre 2013 y 2015, alquiló las cinco plataformas de Oro Negro mediante contratos que tenían una duración de 3 a 6 años; sin embargo, cuando se negaron a participar en la “corrupción”, Petróleos Mexicanos (Pemex) comenzó a reducir las tarifas diarias en tres contratos, para que al final terminara en dos.
Lo anterior cortó los ingresos de la empresa en más del 50 por ciento para que Pemex intentó cancelar todos los contratos; por esta situación, los inversionistas buscan al menos el pago de 700 millones de dólares en daños”.
Además, la firma calificó de frívola la investigación por presunto desvío de fondos que sostiene la Procuraduría General de la República (PGR) –citándola como agencias de investigación penal— contra Oro Negro por presunto desvío de fondos.
Pemex pide mostrar pruebas
Pemex contestó al instar a Oro Negro a entregar las grabaciones a las autoridades para que, en su caso, se pueda evaluar su autenticidad. Sobre este punto también cabría una explicación pública de por qué esta información no se difundió y denunció previamente, dadas las numerosas oportunidades donde hubiera sido extremadamente pertinente, replicó.
Argumentó que la firma dice que fue “destruido” por el gobierno mexicano, no sólo por no pagar sobornos, sino por una conspiración de ciertos tenedores de bonos interesados en la quiebra de la empresa, con el fin de hacerse cargo de las plataformas petroleras.
Fuentes: Aristegui, Sopitas y El Economista
