Ahora podrá comprenderse a cabalidad por qué, desde tres días antes de la elección, en los ensayos preparatorios para verificar el funcionamiento del PREP, creado por el Instituto Estatal Electoral, en el “simulacro” para la de gobernador, la candidata oficial ya aparecía con una enorme ventaja sobre el contendiente de Morena (http://www.e-consulta.com/nota/2018-06-29/elecciones/en-pruebas-del-prep-martha-erika-alonso-ya-lleva-ventaja). No fue un error. Eran preparativos para dar orientación, resultado y explicación oficial al proceso electoral. Lo demás, la puesta en práctica de mecanismos de hecho para conseguir cuadrar las cifras de votos con el conteo inducido preliminarmente, era cosa de mover los recursos materiales de todo tipo con los que cuenta –o puede tener acceso- el gobierno. La permanencia del minimaximato, por todo lo que representa para el morenovallismo como grupo político dominante, ameritaba desarrollar una elección de Estado.
Si el mismo día de la elección, las encuestas anunciaban su contundente derrota electoral (http://www.e-consulta.com/nota/2018-07-01/elecciones/tres-encuestadoras-dan-el-triunfo-barbosa-y-dos-mea), tomaron la decisión de mostrar a los poblanos y al país entero que poseen mecanismos, característicos y muy suyos, para hacer historia. Haber elegido a la consorte del líder como candidata, tenía sus complicaciones; se veía como una sucesión dinástica nada aceptada en Puebla. Hacerla ganar implicaba una doble tarea: buscar los votos necesarios y, de no conseguirlos, en calidad de plan b, poner en marcha la estrategia de triunfo a toda costa para conseguir el objetivo. La degradación moral de la política que tales acciones trajesen por consecuencia, no era obstáculo; en ocho años de ejercicio gubernamental ha sido práctica constante y signo ideológico.
El control de los árbitros electorales, con gente del grupo al frente, estaba listo; garantizaba de antemano que no verían irregularidad alguna en el desarrollo de los comicios. Lo problemático estaba en la primera tarea: buscar votos reales. Autores de acciones de gobierno severamente cuestionadas por los poblanos –endeudamiento, obra sospechosamente costosa y mucha inútil, despido de burócratas, presos políticos, alta corrupción, uso faccioso de la institucionalidad, desmesurada inseguridad pública, etc.,- a las que no supieron, no pudieron, o no quisieron responder satisfactoriamente; les impidieron articular y enarbolar una mínima oferta coherente de cambio. Hubo que ofrecer continuidad y eso dificultaba atraer votos.
Esta dificultad era un semáforo en rojo que, sabían, detendría su marcha en pos de nuevas y mayores empresas políticas. El tsunami del lopezobradorismo, que vaticinaban las encuestas, crecía a alturas insospechadas. Y lo peor del caso: estaban avaladas por medios de comunicación y organizaciones civiles de las que no podía sospecharse, siquiera, alguna inclinación por la izquierda. En este sentido la de Coparmex, que daba siete puntos de ventaja a Barbosa, era demoledora. Optaron por sacar sus propias encuestas para contrarrestar publicitariamente el hecho, convencidos de que no podían dejar su suerte en manos de la libre y volátil voluntad de los votantes.
La campaña política, basada en el ofrecimiento electoral de continuidad de la obra marital de gobierno, fue apuntalada con el despliegue de prolija propaganda sucia y persistente descalificación del candidato Barbosa para desplazar la discusión de los proyectos políticos para gobernar la entidad. El proceso electoral quedó deslegitimado con el sobregasto de campaña; robo de urnas, irrupción de grupos armados, balaceras, intimidación y compra del voto, voto corporativo de burócratas; uso indebido de materiales, vehículos y bases de datos oficiales; renuncia de trece consejos municipales a la labor de conteo de votos; y la violencia asesina que costó la vida de cinco personas. El resultado así obtenido en la elección para gobernador arroja, en primera instancia, una victoria para la candidata oficial con diferencia de ciento veinticuatro mil votos sobre el morenista según las cifras del Instituto Electoral del Estado.
El descubrimiento de un centro de operaciones –con presencia de por lo menos tres funcionarios en activo: un magistrado local, un diputado federal y un funcionario de Secretaría General de Gobierno- donde presuntamente había documentación electoral original que no debería estar en manos de los partidos, y se <<clonaban>> documentos <<oficiales>> de la elección de gobernador para alterar la voluntad popular expresada en las urnas, se convirtió en un nuevo acto generador de violencia física al interior de conocido hotel capitalino. El sesgo que los representantes de Por Puebla al Frente quieren imprimir a este suceso político, intentando convertirlo en un problema de barandilla con la presentación de denuncias ante la Fiscalía del Estado (participante destacada en la ejecución de conductas electorales fraudulentas) da perfecta cuenta de que la pretensión final es consumar una elección de Estado.
El contrasentido lógico, en votos y preferencia electoral, que guarda esta elección respecto de la presidencial; de senadurías, diputaciones, presidencia municipal y congreso local; está siendo explicado públicamente con la, suponible pero improbable, teoría del voto diferenciado en favor de la candidata; y con la implantación mediática del discurso impostor de <<te estamos haciendo el favor>> establecido en el eslogan <<No es por mí, es por Puebla, es por ustedes>>. Su continuación aparece en el <<Gracias por participar #la elección fue tuya>> que sale del IEE; así como: <<Los verdaderos ganadores de la elección del pasado 1 de julio fueron los ciudadanos al lograr el porcentaje de participación ciudadana más alto en la historia de nuestro estado (…) Nos encontramos frente a una oportunidad única para continuar en la consolidación de nuestra democracia, así lo han confirmado las urnas>>, que impulsa el CCE; discursos con los que se intenta desviar la atención sobre el nada transparente manejo institucional del conteo de sufragios, que empezó desde los ensayos del PREP.
La disputa electoral ha rebasado su esfera propia cuando, por un lado, organizaciones afines al poder local como PRI, CTM, CCE, en diversos tonos, piden reconocer la victoria oficial, así, como está fraguada; mientras, por otro, instituciones de educación superior de reconocido prestigio –Ibero, Upaep- e innumerables personalidades (http://www.e-consulta.com/nota/2018-07-10/elecciones/exigen-academicos-y-ong-limpiar-eleccion-de-gobernador ), están abogando por la limpieza electoral; y, en un tercer plano, se observa a Roy Campos (Consulta Mitofsky) declarar en televisión abierta que, en Puebla, sus encuestas fueron equivocadas; y a Ciro Gómez Leyva ofrecer una versión editada del conflicto en el hotel M&M, sin contextualizar los hechos.
La calificación final de la elección quedará en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se resolverá, todavía, bajo el mandato de Peña Nieto. La resolución que emita este tribunal será indicativa de la actitud social que asumirán las fuerzas políticas que perdieron la elección federal y los factores reales de poder creados bajo la férula del salinismo (1988-2018). Si por conteo de votos se reconoce el triunfo de Barbosa; o, por incidencias de violencia se anula la elección; podrá hablarse de la rectificación de un exabrupto dentro del proceso electoral nacional. Si, a pesar de todas las evidencias, se ratificara el triunfo de la señora Alonso; significará, ni más ni menos, que frente al tsunami del lopezobradorismo que está inundando el país, Puebla ha sido elegida para convertirse en la isla de operaciones de la reacción. Ricardo Anaya no tendrá duda sobre quiénes le disputarán el control del PAN, y todos sabremos dónde se intentará sacar contendiente de la derecha para 2024.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 11 de julio de 2018.
José Samuel Porras Rugerio
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