La Amnistía Internacional (AI) reprobó la investigación penal de la Procuraduría General de República (PGR) en contra de ocho opositores a la construcción de la hidroeléctrica de Cuetzalan, ya que evidencia los ataques a defensores de la tierra e indígenas.
La denuncia, que fue promovida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se debe a que entre noviembre de 2016 y octubre de 2017 la “Asamblea de pueblos maseual tutunaku y mestizo” instaló un campamento para protestar, de manera pacífica, contra el proyecto, que consiste en una subestación eléctrica y línea de alta tensión.
Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de AI en México, explicó que la acción de la empresa productiva del estado mexicano evidencia que cuando las personas se manifiestan por proyectos que afectan su territorio, comienza una “narrativa negativa” para señalarlos como “desestabilizadores del desarrollo”.
Añadió que a los activistas no sólo se les criminaliza, también se les inician procesos penales, para que desistan de ejercer sus derechos de asamblea y libertad de expresión.
Indicó que es “alarmante” el uso del sistema penal para criminalizar y debilitar a los movimientos sociales “que trabajan en la defensa de la tierra, territorio y medio ambiente en México”.
Pide a PGR investigación con fundamentos
Por ello, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que se asegure que la investigación no parta de evidencias sin fundamento o no confiables, además de que se garantice el derecho a un juicio justo a los ocho luchadores sociales.
Asimismo, hizo un llamado a que se implementen procesos adecuados para que en la construcción de obras similares se respeten los derechos de las personas y comunidades, afectados por las actividades de la CFE o de sus filiales, subcontratistas o proveedores, “así como su derecho a la consulta libre, previa e informada”.
Urgió a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar la seguridad de los ocho activistas, quienes son miembros de la Unión de Cooperativas Tosepan, el Comité de Ordenamiento Territorial integral de Cuetzalan (Cotic) y del Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (Miocup).
Recordó que el defensor medioambiental Manuel Gaspar Rodríguez, quien fue asesinado en mayo pasado, también se oponía a la construcción de la hidroeléctrica en Cuetzalan y se enfrentaba a la investigación penal promovida por la CFE.
Dio a conocer que diversas comunidades indígenas y campesinas le han reportado violaciones a sus derechos por la realización de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales, los cuales se hacen sin su consulta y consentimiento.
