El juzgado Cuarto de Distrito resolvió que el ayuntamiento de Chietla cometió desacato judicial, tras haber desalojado a 11 familias en la junta auxiliar de Atencingo que contaban con un amparo, por lo que el edil Edgardo Ponce Cortés podría ser sancionado.
Así lo señaló, en rueda de prensa, Raymundo Reyes Escobar, representante legal de los afectados, quien agregó que lo anterior derivó del amparo 2395/2017 que promovieron contra los hechos desde noviembre del año pasado.
Refirió que este fallo a favor se da luego de ocho meses que estuvieron “peleando” contra la Comuna, ya que las autoridades actuaron sin una orden judicial quitándoles sus cosas y dejándolos en la calle.
Sostuvo que derivado de esto, los afectados tuvieron que irse a vivir con algunos familiares, pues no han podido recuperar sus inmuebles porque fueron demolidos por el ayuntamiento argumentando que construiría una presidencia auxiliar, siendo alrededor de 50 personas las que se encuentran en esta situación.
Y es que, dijo, durante el desahogo de las pruebas, la autoridad municipal aceptó que no hubo orden de desalojo contra las 11 familias, por lo que solo “fue por sus pantalones” que las sacaron de sus casas y posteriormente las demolieron.
Asimismo, refirió que la Comuna mintió ante la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), ya que presentó unos documentos supuestamente acreditando la propiedad del terreno, mismos que son falsos, por lo que el juzgado ordeno detener de manera definitiva los trabajos que ahí se ejecutan.
Podría darse destitución del edil
El litigante mencionó que con la resolución, el juez federal deberá emitir una notificación al Ministerio Público (MP) para que Ponce Cortés y demás integrantes sean sometidos a procedimiento penal, que –dijo– podría derivar hasta en la detención o sustitución del mismo.
Reyes Escobar indicó que la autoridad judicial tendría que notificar al Congreso local para que se aplique el artículo 262 de la Ley de Amparo, el cual manifiesta que se impondrá una pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución o inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo a los responsables del hecho.
Añadió que el Cabildo de Chietla no puede interponer un amparo porque ya tuvo la oportunidad de defenderse y no lo hizo, por lo que al cometer un desacato judicial debe ser sancionado a como lo establece la ley.
Subrayó que tendría que ser en 15 días como máximo para que Reyes Escobar sea notificado y, en su caso, si así se determina, se le inicie un proceso de destitución por parte del Congreso del estado.
Sin embargo, comentó que este solo es un recurso de los 10 que se interpusieron contra las autoridades municipales, pues aún están en proceso otros nueve y que están registrados con los números 2393/2017, 2389/2017, 1730/2017, 2454/2017, 2482/2017, 2396/2017, 2476/2017, 2447/2017 y 1731/2017, cuyas resoluciones igual pudieran ser favorables.
