La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtieron que México carece de una investigación eficaz de los ataques a periodistas, aun cuando se identifica a los agresores, y señalaron que es “profunda” la crisis de seguridad en el país.
Del 27 de noviembre al 4 de diciembre del 2017 –año en el que 12 periodistas fueron asesinados–, los relatores de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y de la CIDH para la promoción y protección de la libertad de expresión se reunieron con más de 250 comunicadores y víctimas en los estados de Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Ciudad de México y Tamaulipas, donde escucharon testimonios de agresiones.
En las primeras líneas del informe conjunto, que es un seguimiento de la visita realizada en 2010, aseveran que en México la “profunda crisis de seguridad impacta los derechos humanos, pues el Estado de derecho se ha venido debilitado y en algunas zonas del país hay una pérdida de gobernabilidad que “está extendiéndose a lo largo del territorio”.
Como consecuencia, según lo dio a conocer el documento, la creciente violencia contra los periodistas ha servido para sofocar el “debate público”, así como la “participación cívica”, incluso se catalogaron algunas áreas del país como “zonas silenciadas” donde ejercer la libertad de expresión implica grandes riesgos.
No hay sistema para registrar agresiones
La publicación denunció que en México no existe un sistema que compile las agresiones a periodistas, por lo tanto, la metodología para obtener los datos de dichos crímenes varía según la institución y el estado, lo cual deriva en una falta de coordinación entre autoridades locales y federales.
Los relatores hicieron saber que en suelo mexicano se carece de planes de investigación “eficaces” y de un seguimiento en el avance de los mismos, así como de un registro de periodistas desplazados luego de ser agredidos.
Asimismo, se indicó que hay una demora en la investigación de los casos de desaparición forzada, a pesar que la Ley General en materia ya está en vigor.
Consideraron que México otorga medidas de protección “insuficientes” al periodista que denuncia ser víctima de actos violentos,
Por todo lo anterior, el informe identificó que la metodología mexicana de evaluación de riesgos no toma en cuenta escenarios específicos.
Enfatizan en periodistas indígenas
Los dos visitadores llamaron la atención sobre la situación de los periodistas indígenas, a quienes ubicaron en contextos comunitarios donde las autoridades son responsables de hostigarles.
Este grupo de profesionales también sufre de las amenazas de proyectos extractivistas, quienes ya están instalados en sus territorios o planean hacerlo.
Los relatores lamentaron que México se mostrase muy dispuesto a signar y promover los tratados internacionales para la defensa de los pueblos indígenas, porque consideraron que en realidad el país “está muy lejos de los compromisos asumidos en el plano internacional”.
Estado no avanza contra impunidad
Criticaron que el Estado mexicano no ha presentado signos de avance en materia de impunidad, ya que no ejerce justicia, incluso conociendo a los responsables de cometer delitos contra periodistas,
Asimismo, el gobierno no ha dirigido los suficientes recursos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Tampoco ha presentado interés en sumar una perspectiva de género a la investigación de ataques, ni ha emprendido la creación de un sistema que contenga datos centralizados sobre las agresiones a mujeres periodistas.
Todo lo anterior es considerado por los relatores como la amenaza “más directa y significativa” para quienes hacen periodismo en México, aunque afirmaron que las malas condiciones laborales también juegan un papel clave en la vulnerabilidad de esta población, así como los despidos de periodistas críticos que incomodan a las autoridades.
Destacan solidaridad de sociedad
En lo desolador del panorama, el Informe reconoce las redes de solidaridad que existen entre la sociedad civil y los periodistas con el fin de construir una “protección colectiva”, lo cual representa una resistencia ante el intento de autoridades y crimen organizado de cooptarles.
Por último, los especialistas responsabilizaron a la delincuencia organizada de la división y desconfianza existente entre este gremio.
Cabe destacar que, durante la visita, los relatores mantuvieron encuentros con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, además de ciertas oficinas de ONU en suelo mexicano.
Además, durante mayo de 2018, Puebla encabezó la lista de agresiones contra el gremio periodístico en el país tras registrar cuatro casos; junto con Oaxaca, Coahuila y Morelos fueron señaladas como las cuatro entidades con mayor número de incidentes reportados.