La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite tres acciones de inconstitucionalidad, promovidas por senadores del PRD y PAN, el partido MC y la CNDH, para invalidar la Ley de Comunicación Social, conocida como “Ley Chayote”.
Lo anterior, a través de la ponencia del magistrado José Fernando Franco González-Salas, quien se encargará de formular los proyectos de sentencias y ordenó notificar a las autoridades responsables para que presenten su informe a la SCJN en el plazo de 15 días hábiles.
De acuerdo con información de Reforma, la CNDH impugnó la nueva legislación, promulgada en mayo pasado, por considerar que presenta deficiencias al no establecer reglas claras para la contratación de publicidad oficial, lo cual representa riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión.
Asimismo, indicó que, con este ordenamiento, “no se garantiza que el gasto en ese renglón cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en un marco de igualdad y no discriminación, como lo prevé el texto constitucional”.
Acusan uso discrecional de recursos
Por su parte, 51 senadores del PRD y el PAN impugnaron la ley argumentando que no regula adecuadamente el gasto en publicidad oficial ni garantiza la existencia de medios de comunicación libres por el “uso discrecional de recursos públicos”.
Además, junto con el partido Movimiento Ciudadano (MC), pidieron suspender la aplicación del ordenamiento; no obstante, Franco González-Salas adelantó que los ministros no pueden hacer esto en caso de acciones contra leyes generales, por lo que la ley continuará vigente mientras se resuelva el caso, lo cual se estima que no será este año.
Para invalidar la “Ley chayote“, se precisan los votos de al menos ocho de los 11 ministros de la SCJN.
Cabe recordar que la norma fue aprobada el 25 de abril por el Congreso de la Unión, en cumplimiento de una sentencia de la propia Corte, que le ordenó emitir una ley reglamentaria de la fracción octava del artículo 134 constitucional. El presidente Enrique Peña Nieto la promulgó el pasado 11 de mayo.
Editado por Luis Alberto Palacios