En México, el 31 por ciento considera que los asesinatos de candidatos en el proceso electoral de 2018, obedece a razones políticas, en tanto, 29 por ciento lo asocia más con la relación entre las víctimas y el crimen organizado.
De acuerdo con Parametría, otra de las razones mencionadas por los encuestados fue por el hecho de que dichos candidatos afectan los intereses de la delincuencia organizada.
Este ejercicio de opinión destacó que para el 59 por ciento, el gobierno federal es el principal responsable de dar seguridad a las y los candidatos que están compitiendo en este proceso electoral. Ello a pesar de que la mayoría de estos casos se ha dado en los niveles locales y municipales.
Para el 14% es un tema de responsabilidad de los gobiernos estatales y un 13% considera que debe ser el gobierno municipal quien garantice que las personas puedan competir en esta contienda electoral.
De acuerdo con la Consultora Etellekt, desde el inicio de las elecciones y hasta el 12 de junio de 2018 se registraron un total de 113 asesinatos de este corte; de los cuales 28 personas eran precandidatos y 15 candidatos.
Además, en el mismo periodo se han registrado 413 agresiones globales en contra de políticos y candidatos en 31 entidades del país y en 268 municipios.
Cabe recordar que datos del Cuarto Informe de Violencia Política en México 2018 de Etellekt titulado “Primer Informe de Violencia Política contra Mujeres de México”, en lo que va del proceso electoral 2018, Puebla es de las seis entidades consideradas con mayor riesgo por el número de casos de violencia política de género.
Encabeza la lista con un total de 12 hechos, destacando el asesinato el 1 de junio, de Juana Maldonado Infante en Huachinango, que iba acompañada de la regidora de salud del municipio de Juan Galindo, Erika Cázares Acosta, quien también perdió la vida.